Fuente: Diario El País.
EMPRESARIOS TOMARON CORAJE LUEGO DE RECOMENDACIÓN DE LA OIT RELATIVA A OCUPACIONES: A fines del mes de marzo se emitió un pronunciamiento por parte del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que recomienda al gobierno reabrir el diálogo tripartito para evaluar cambios a la ley de Negociación Colectiva, en consulta con trabajadores y empresarios.
Los reparos no atendidos que los empresarios efectuaron desde que la ley sobre negociación colectiva sólo era un proyecto, llevaron a elevar una queja a la OIT, proceso que terminó con esta recomendación conocida en marzo. Los empresarios criticaron el "mayor peso" del Poder Ejecutivo en el Consejo Superior Tripartito, ya que cuenta con nueve miembros, mientras que empresarios y trabajadores tienen seis representantes cada uno. La OIT sugirió que el Consejo tenga el mismo número de delegados para las tres partes y designe además un "presidente independiente". El papel de este órgano de "gobernanza" de las relaciones laborales es otro factor cuestionado por los empresarios, que entienden que las potestades del Consejo conllevan un "intervencionismo" estatal en las relaciones laborales.
Respecto de las ocupaciones del lugar de trabajo como extensión del Derecho de Huelga, la OIT expresó en su recomendación que "la huelga y la ocupación del lugar del trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma". El Dr. Nelson Larrañaga opinó que "la llave de la paz laboral la tiene el gobierno que tiene que dar el mensaje que las ocupaciones no tienen cabida en el derecho nacional". Instó asimismo en que los sindicatos "atemperen" sus medidas y las apliquen, llegado el caso, de forma gradual.
TRIBUNAL CONFIRMO SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN UNO DE LOS JUICIOS MAS CAROS CONTRA EL ESTADO: El Ministerio de Defensa Nacional ganó en segunda instancia el juicio más caro que afronta el Estado por US$ 238 millones. La decisión puede ser apelada ante la Suprema Corte por los demandantes Miguel Sofía y su esposa Ana María Troncoso.
El inicio de esta historia se remonta a 1993, cuando el gobierno otorgó permisos de televisión para abonados en el interior del país, los que en algunos casos requerían luego la adjudicación de frecuencias. El subdirector de Comunicaciones de Defensa -que en 2005 fue procesado por este caso- otorgó a Sofía frecuencias. Cuando el director de Comunicaciones regresó de su licencia, revocó esa decisión por irregular. En 1998, el entonces ministro Raúl Iturria revocó esa decisión y tras ello Sofía y su esposa demandaron al Estado por daños y perjuicios. El Ministerio de Defensa no contestó en plazo la demanda y eso le complicó todo el juicio, puesto que para la Justicia esto implica que se dan por ciertos los hechos planteados en la demanda.
En vistas de esta difícil situación, en 2003 el Ministerio de Defensa contrató a los abogados Juan Andrés Ramírez y Alejandro Abal, quienes ante la imposibilidad de discutir las pruebas centraron la defensa en la caducidad de la demanda (fue presentada luego de los 4 años previstos por ley), en que el TCA decretó la nulidad de la concesión de televisión para abonados de 1993 y en que no se agotó la vía administrativa previo a la demanda, como preveía la normativa.
ASUMIO EL DR. RIPPE EN EL TCR: El nuevo presidente del Tribunal de Cuentas (TCR), Siegbert Rippe, estudiará y planteará a los partidos una reforma para que las observaciones tengan efecto vinculante y con efecto suspensivo en las decisiones de los organismos. Hoy las observaciones se comunican a la Asamblea General y mueren en un cajón. "El TCR no debe limitarse asesorar o informar. Alguien tiene que hacerle caso a lo que dice el TCR", indicó Rippe.
CASO GELMAN: DEMANDARAN AL ESTADO URGUAYO: En los próximos días Macarena Gelman presentará una demanda contra Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) por su secuestro y la desaparición de su madre María Claudia García en 1976. El caso se encuentra en ese organismo internacional, donde fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que sostiene que mientras la ley de Caducidad siga vigente, Uruguay está violando sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En la Corte Interamericana será donde el gobierno deberá definir su posición sobre la ley de Caducidad, la que la CIDH reclama que quede sin efecto por incompatible con la normativa internacional ratificada por Uruguay que impide aplicar amnistías a delitos de lesa humanidad.
SOLICITAN AUDITORIA EXTERNA DE LOS CENTROS DEL INAU: El Plenario del sindicato de trabajadores del INAU emitió una resolución en la que recuerda la "caótica" situación que atraviesa el instituto y denuncia la "gravedad" de las condiciones en que viven los niños y adolescentes que allí se atienden. Por ello solicitaron a "las autoridades de gobierno y/ó a quienes les corresponda actuar" que el Estado realice una Auditoría Externa de Gestión que determine la veracidad de las denuncias formuladas. Además el sindicato cuestiona los caminos que se están siguiendo para designar a las nuevas autoridades del instituto. Los funcionarios añaden que les resulta "triste" el panorama institucional, y denuncian que "a espaldas de los trabajadores, el gobierno acuerda con las propuestas de la oposición a cambio de la creación de nuevos cargos políticos, y deciden los destinos de importantes áreas de atención de las políticas públicas de infancia y adolescencia".
HUBO ACUERDO ENTRE SUSANA GIMENEZ Y EL SEMANARIO CARAS Y CARETAS: En ocasión de celebrarse la audiencia complementaria en el juicio iniciado por la popular animadora televisiva argentina Susana Giménez contra el semanario Caras y Caretas, a consecuencia de una publicación de la revista que la vinculaba con operaciones de narcotráfico y lavado de activos, las partes arribaron finalmente a un acuerdo.
En el acuerdo rubricado, Caras y Caretas señala que Giménez "no participó de forma alguna en esa operación", a la que también se vinculó al empresario uruguayo Jorge Rama, su ex pareja, con quien "no tuvo ni tiene vínculo societario alguno", aclara el documento. Además, se establece que el director de la revista, Alberto Grille y el periodista Ricardo Gabito "carecen de elementos objetivos" que permitan afirmar que la conductora televisiva esté siendo investigada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) como se informó en su momento, lo que, según admitió la revista, fue una "injusticia", por lo que se comprometió a no volver a vincular a Giménez con esos presuntos hechos delictivos. El acuerdo también señala que ambas partes "se retractan de las expresiones que pudieran haber afectado a la otra", ya que Caras y Caretas había realizado una contrademanda a raíz de declaraciones de la diva en las que fustigó a la revista.
Como parte del acuerdo se pactó que la revista Caras y Caretas cederá 10 páginas de su publicación a la Fundación Alejandra Forlán (que se dedica a realizar campañas de seguridad vial) para que difunda sus actividades o venda publicidad.
