Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas de la Semana Que Paso: “DE ESTO TAMBIÉN SE HABLA”

 

    PROSIGUEN ACTUACIONES EN JUICIO PENAL DE CANAL 10 A DIRECTV: Los responsables de DirecTV en Uruguay deberán declarar el próximo lunes ante el juez penal Sergio Torres y la fiscal Adriana Costa, en el marco de la denuncia presentada el mes pasado por Canal 10, que sostiene que DIRECTV emitió partidos del Mundial de Fútbol de Sudáfrica de forma ilícita.

Como informáramos en su momento, Canal 10 compró los derechos de emisión del Mundial junto a los otros canales privados, y se negó a vender los derechos de retransmisión a la multinacional por US$ 450.000. DirecTV entendió que la postura de Canal 10 es violatoria de la Ley de Defensa de la Competencia y decidió emitir su señal producida internacionalmente.

Por eso, Canal 10 llevó el caso a la Justicia Penal, al entender que DirecTV incurrió en el delito de "reproducción ilícita", al emitir partidos del Mundial de Fútbol sin haber comprado los derechos en Uruguay.

Por otro lado, Canal 10 prepara una demanda civil contra DirecTV, con el objetivo de resarcirse de los presuntos daños económicos que la empresa multinacional le causó al emitir los partidos del Mundial, estimada en unos US$ 2 millones.

 

RECLAMO DE AHORRISTAS DEL BANCO MONTEVIDEO ANTE CORTE INTERAMERICANA DE LA OEA: El reclamo de más de 700 ahorristas del Trade & Commerce Bank (TCB) del Grupo Velox -que realizaron colocaciones a través del Banco de Montevideo- se ventilará en la Corte Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA). El reclamo cuenta con el pronunciamiento favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ese organismo que pidió a la Corte internacional que el Estado uruguayo los indemnice.

La CIDH reclamó a la Corte "que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación" de varios derechos humanos. Sostuvo que "el Estado uruguayo es responsable por su falta en proporcionar a las víctimas una audiencia imparcial para sus reclamos ante la Comisión Asesora (léase el Banco Central) o ante el Tribunal Contencioso Administrativo y violó el derecho a las garantías judiciales establecidas en el artículo 8.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas". Estableció asimismo que el Estado uruguayo "no proporcionó un recurso sencillo y rápido para examinar todas las cuestiones de hecho y de derecho relacionadas con la disputa ante sí y violó el derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas".

El dictamen de la comisión establece que la Comisión Asesora autorizó al menos 22 casos de depositantes del TCB a recibir las compensaciones de los depositantes tradicionales del Banco de Montevideo que estaban en condiciones similares a los de los reclamantes, aplicando criterios discriminatorios en la evaluación del consentimiento para realizar las colocaciones en la institución financiera off shore con sede en Islas Cayman del Grupo Velox. En la mayoría de estos casos la Comisión Asesora permitió a los reclamantes aportar nueva información, básicamente testimonios de ex funcionarios del Banco de Montevideo que, según el organismo de la OEA, fue ambigua en muchos casos.

La CIDH solicitó a la Corte de la OEA que "ordene al Estado uruguayo: a) pagar una indemnización compensatoria apropiada del daño sufrido por las violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana declaradas en perjuicio de las víctimas identificadas en el informe de fondo y la presente demanda; b) Establecer un mecanismo idóneo y efectivo para que las personas identificadas como víctimas en el presente caso y los otros miembros del grupo de más de 1,400 personas puedan acudir y tener la posibilidad de acreditar si reúnen los criterios de la legislación aplicable para recibir la compensación prevista de conformidad con la Ley 17.613; y c) Otorgar a las víctimas una indemnización por concepto de las costas y gastos del litigio, a nivel nacional e internacional".

 

LA DRA. DE LOS SANTOS SERA LA TITULAR DEL JUZGADO PENAL DE 14º TURNO: La Jueza Adriana De los Santos será designada al frente del juzgado penal de 14° turno, cargo al que renunció el mes pasado Federico Álvarez Petraglia. Actualmente, De los Santos es jueza suplente y en su momento ejerció en San José y Ciudad de la Costa.

 

CONTINUAN INVESTIGACIONES EN LA ARMADA POR MANEJOS IRREGULARES DE FONDOS: Según confirmó en rueda de prensa el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, cuatro capitanes de la Armada fueron separados del cargo por estar implicados en presuntas compras "fantasmas" en la fuerza que ocurren desde varios años atrás, lo cual se investiga en el Ministerio de Defensa Nacional y en la Justicia. Se trata de oficiales superiores de la fuerza naval, dos de la jerarquía de capitán de navío, y otros dos capitanes de fragata. La separación del cargo de estos oficiales no supone "una imputación de delito ni una sanción disciplinaria", sino que fue una medida que se tomó administrativamente para facilitar que respondan a la Justicia. Rosadilla anunció que tras la investigación las consecuencias recaerán sobre todos los responsables, incluso los de nivel político.

La investigación judicial y administrativa en Defensa está centrada sobre el procedimiento de compra de una grúa hidráulica y de un banco de pruebas para motores, por un monto cercano a los US$ 600.000, y también sobre el manejo de millones de dólares durante varios años de los fondos que la ONU entregó a la Armada por su participación en las misiones de paz de la organización. Tras recibir una denuncia anónima sobre el caso, la jueza especial de crimen organizado, Graciela Gatti, ordenó un allanamiento en el Servicio de Aprovisionamiento de la Armada (SERAP) por parte de personal policial y no halló ni la grúa ni el banco de prueba de motores supuestamente adquiridos.

Pero además, existen indicios en la sede penal de que maniobras de estas características se están realizando desde el año 2000 y que podrían implicar montos que oscilan entre los US$ 3 y US$ 5 millones al año, ya que anualmente la fuerza naval realiza una decena de "compras por excepción", una modalidad en la que no hay límite de gasto ni tampoco rendición de cuentas.

 

    CONSEJOS DE SALARIOS A PARTIR DEL LUNES: El Poder Ejecutivo convocará desde este lunes a los 24 grupos laborales en los que se divide la actividad privada, dando comienzo a la discusión salarial del sector. Así quedó dispuesto tras la sesión del pasado jueves del Consejo Superior Tripartito, en el que empresarios, trabajadores y representantes del Ministerio de Trabajo confirmaron a sus representantes para la negociación en cada mesa.

Los presidentes de grupo (que son funcionarios del MTSS) irán convocando a los delegados patronales y sindicales de las 24 mesas. Luego cada uno de los grupos madre, definirá qué subgrupos iniciarán efectivamente la negociación, aunque en los hechos comenzarán a dialogar los 89 sectores con convenios vencidos al 30 de junio.

 

    CENTROS DE MEDIACION. ES INTENCION DE LA SCJ SU EXTENSION: La Suprema Corte pretende ampliar a todo el país el funcionamiento de los Centros de Mediación, oficinas que dependen del Poder Judicial y en las cuales se busca llegar a conciliaciones en conflictos menores para evitar que esos casos lleguen a un juicio formal. Actualmente, los Centros de Mediación funcionan solo en Montevideo y cuentan con cinco locales.

El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, explicó que la Corporación pretende extender la experiencia de los Centros de Mediación a todos los departamentos en virtud de la "buena experiencia que se ha generado, y que ha derivado en porcentajes más que importantes de acuerdo". La idea es abrir las nuevas oficinas de forma gradual, para que eso no implique una carga en el presupuesto, ya que se requiere crear los cargos técnicos (asistentes sociales, abogados, escribanos, funcionarios judiciales) que desarrollan la tarea.

 

PROYECTO DE LEY PREVE DIVULGAR NOMBRES DE MEDICOS INHABILITADOS POR MALA PRAXIS Y PLAZO SANCION: El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que establece la obligación de publicar los nombres de los médicos inhabilitados por mala praxis y el plazo de la sanción. Además de publicar "por medios fehacientes de divulgación pública" los nombres de los profesionales de la salud que son inhabilitados para el ejercicio de su actividad, el proyecto de ley incluye la obligación de imponer "medidas educativas" para que el denunciado "complete su formación o actualice sus conocimientos". Tal posibilidad será evaluada por la Comisión Honoraria de Salud Pública "según la edad y la experiencia del profesional sancionado, así como de las circunstancias que rodearon los hechos por los cuáles se le responsabiliza".

Estas y otras iniciativas están expresadas en un proyecto que tiene como principal objetivo actualizar los cometidos de la Comisión de Salud Publica que está regida por la Ley 9.209 aprobada en el año 1934 y que actualmente tiene la potestad de sancionar e inhabilitar a los médicos. El proyecto propone una Comisión de Salud que estará integrada por 15 miembros designados por el Poder Ejecutivo. La principal competencia de la Comisión de Salud será juzgar la conducta de los profesionales de la salud "cuando en el ejercicio de su profesión se aparten del cumplimiento de las normas jurídicas y pautas técnicas que le son aplicables". Las sanciones van desde la observación, la amonestación y la suspensión de la habilitación para el ejercicio de la profesión que podrá ser total o parcial.

    

    EJECUTIVO ENVIA PROYECTO PARA ACLARAR Y AJUSTAR REGIMEN CENTRAL DE RIESGOS CREDITICIOS DEL BCU: El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley, para "clarificar y ajustar el régimen legal vigente" que regula la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central (BCU), que contiene información de unos 540.000 deudores del sistema financiero en la web de la autoridad monetaria.

El proyecto establece que "los datos personales relativos a personas físicas podrán permanecer inscriptos" en dicha central por un "plazo máximo de 15 años contados a partir del vencimiento de la operación". Otro de los artículos del proyecto establece que "las personas físicas y jurídicas" del sistema financiero que "suministren la información" contenida en la central, "serán las únicas responsables por la veracidad y actualización de la misma".

Uno de los aspectos que más polémica generó cuando se publicó la central está referido a si no se vulnera la privacidad de las personas que tienen créditos en el sistema financiero y si era legal publicarlos. El artículo 3° -de los cinco que contiene la iniciativa legal- afirma que "el tratamiento de datos personales en la Central de Riesgos (...) no requerirá del previo consentimiento del titular".

Algunos juristas y directivos de cámaras empresariales contrarios a la divulgación de esta central, argumentaban que la misma iba en contra de la Ley de Habeas Data que brinda protección a los datos personales. Por su parte, el presidente del BCU, Mario Bergara, había señalado que la publicación de la central de datos es legal y contribuye a una mayor transparencia.

En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo señala que el proyecto "tiene por objeto establecer el marco jurídico claro y necesario, para garantizar el derecho a la protección de datos de carácter personal". Agrega que "transparencia, privacidad y control son paradigmas perfectamente conciliables en teoría y práctica".

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas de la Semana Que Paso: “DE ESTO TAMBIÉN SE HABLA”

    TRIBUNAL DE CUENTAS RECIBIO DOCUMENTACION SOBRE CONTRATACIONES DE ANTEL: Desde Antel se informó que ya han enviado al Tribunal de Cuentas toda la información requerida sobre la contratación directa de Martín Fabregat como asesor en comunicaciones. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas niega que haya llegado toda la información sobre esta contratación, sino solo parte de la misma. Fabregat tiene dos contratos: uno por un año, con una remuneración de $ 75 mil mensuales, y otro por dos meses por $ 150 mil.

El Presidente José Mujica dijo que no es irregular este contrato, por cuanto es una figura de Derecho que se puede hacer en cualquier lugar.

 

    OCUPARON PAYCUEROS Y TRABAJADORES NO ADHERENTES PRESENTARAN AMPARO: Paycueros, una de las principales exportadoras de cueros en Uruguay que ocupa a 530 trabajadores, fue ocupada el pasado miércoles 14 por un centenar de sindicalistas en protesta por el despido de 73 obreros. Se prevé que con la reapertura de los juzgados, unos 200 trabajadores no sindicalizados de Paycueros, presentarán un recurso de amparo ante la Justicia laboral para que se les permita ingresar a la planta a trabajar.

"La base jurídica de esta acción es la defensa de las fuentes de trabajo, porque estos trabajadores quieren realizar sus tareas y así ganarse sus jornales y se están viendo perjudicados por una medida de ocupación que no comparten", explicó el abogado Martín Etchebarne, quien representa a los empleados que rechazan la ocupación. La presentación de la acción judicial llevará a que la Justicia deba resolver en la existencia de un "contraste" entre dos derechos reconocidos por la Constitución: el de huelga y el de trabajo.

El Ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, informó que su cartera espera una respuesta del gremio y de la empresa sobre la propuesta de salida al conflicto. La fórmula plantea la suspensión de los 73 despidos y su envío al seguro de paro. A cambio, el sindicato debe levantar la ocupación.

 

    SENADO APROBO LEY DE EMERGENCIA CARCELARIA: El pasado martes 13, y en pleno jolgorio popular por la caravana que se realizó a los jugadores de la selección uruguaya de fútbol tras su participación en el mundial, se aprobó el proyecto de ley de emergencia carcelaria por el cual se establece que se destinarán US$ 15 millones, por fuera del Presupuesto quinquenal, a la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, remodelación de algunos ya existentes y a la contratación de 1.500 nuevos efectivos policiales para custodia de los penales.

Se faculta al Ministerio del Interior a trasladar presos a instalaciones militares hasta el año 2012, cuando se espera que todos los nuevos penales estén ya habilitados para recibir a reclusos. Como parte de esta ley, el Ministerio del Interior estudia la creación de dos penales de alta seguridad en predios del Comcar (Santiago Vázquez) y de Punta de Rieles. Las cárceles de máxima seguridad deben alojar a unas 200 personas. La idea del ministro Eduardo Bonomi es separar a narcotraficantes y delincuentes vinculados al crimen organizado del grueso de la población reclusa. Las cárceles de media y baja seguridad no deben albergar a más de 300 reclusos.

 

GREMIOS Y SINDICATOS RECLAMAN PARTICIPACION AL GOBIERNO EN LA DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO: El rechazo sindical a las propuestas del Ejecutivo en materia salarial, presupuestal y de reforma del Estado amenaza con hacer de agosto un mes de paros y protestas en las calles. La discusión por el Presupuesto, el ajuste de salarios y la Reforma del Estado le generó al gobierno un foco de tensión con los sindicatos públicos. Simultáneamente, los gremios del área privada también están disconformes con los lineamientos del Ejecutivo para la definición de los salarios.

Los funcionarios públicos -reunidos en un plenario- resolvieron solicitar al Pit-Cnt la convocatoria de la Mesa Representativa para la última semana de este mes a efectos de discutir con la rama privada la posibilidad de fijar un paro parcial nacional con movilización para la primera quincena de agosto. Una segunda acción sería la realización de un paro nacional de 24 horas para la segunda mitad de agosto.

El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López.. señaló que la negociación colectiva está cada vez más trancada por la falta de discusión con los representantes del gobierno sobre temas centrales como la reforma del Estado y el Presupuesto. López opinó que la ley de negociación colectiva establece que se deben abrir espacios de diálogo. Sin embargo, la norma está siendo "ninguneada", dijo.

López recordó que durante la campaña, el entonces candidato José Mujica habló de que la reforma del Estado sería un proceso en el que los trabajadores tendrían voz. Ahora, "estamos viendo que lo de la participación es todo verso", marcó el dirigente de COFE.

Las críticas del presidente hacia el funcionariado estatal han generado fricciones con los sindicatos, los que rechazaron ayer nuevamente este tipo de comentarios por considerar que "violentan" la negociación colectiva del sector.

Por su parte, las gremiales empresariales ven con preocupación el escenario previo al inicio de la ronda salarial. Los empleadores creen que sus conjeturas acerca de una alta conflictividad laboral en los próximos meses, se encaminan a confirmarse. "Como ellos no están de acuerdo con los lineamientos, siguen anunciando paros generales y parciales, lo cual, a nuestro juicio, es muy preocupante porque enrarece lo que debiera ser un clima apropiado para iniciar una ronda salarial", opinó el asesor de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos.

 

PLAN PILOTO PARA ELIMINAR INEQUIDADES SALARIALES EN EL ESTADO: En 2011, el gobierno comenzará en dos ministerios un programa piloto para reducir las inequidades salariales en el Estado. Hoy, entre funcionarios del mismo grado administrativo, puede haber hasta $ 60.000 de diferencia salarial. El informe "Análisis retributivo y poblacional en la Administración Central e Incisos", elaborado por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONCS), fue presentado por el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, en el gabinete del lunes 12. Las disparidad en las retribuciones entre funcionarios públicos de igual grado sorprendieron a varios ministros.

El programa que comenzará en 2011, contendrá una nueva carrera administrativa, una reestructura y equiparación en las retribuciones y dejará asentado que los funcionarios son del Estado y no de un organismo en particular (con lo que se busca facilitar la movilidad entre organismos).

El Poder Ejecutivo tiene claro que no hay capacidad humana, técnica ni de dinero para solucionar esta situación de un golpe, y tampoco en cinco años. Pero tiene como objetivo avanzar, equiparando las retribuciones de quienes ingresen al Estado a cumplir la misma función y elevando los sueldos más bajos.

 

    PARLAMENTO APROBO LEY QUE AUTORIZA A LAS AFAP A DIVERSIFICAR INVERSIONES: El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que permite a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) diversificar su cartera de inversiones, utilizando el aporte de sus afiliados en títulos públicos de gobiernos extranjeros y en acciones o fideicomisos de empresas públicas o privadas de Uruguay.

El proyecto modifica la Ley 16.713 tendiendo a incentivar la diversificación del portafolio de inversión. La norma reduce el límite de inversión en instrumentos que tienen básicamente el mismo emisor (el Estado), del 90% actual hasta el 75%, a enero de 2015. Asimismo, la ley aumenta la posibilidad de invertir en todos los instrumentos financieros que canalicen inversiones productivas y de infraestructura del país. La ley incorpora, además, una ampliación de las posibilidades de inversión al permitir la adquisición de bonos soberanos de países con muy alta calificación crediticia. Esta posibilidad se suma a la que ya existía de adquirir bonos de organismos multilaterales de los cuales Uruguay es miembro, la que se mejora al quitarse el requisito de ser miembro de ese organismo. Según la ley, el tope permanece en 15%.

En la ley se destaca asimismo la incorporación de un tope para inversión en moneda extranjera (fijado en 35%), con el objetivo de evitar el riesgo de divergencia entre la moneda del portafolio de inversión y la moneda en la cual deberán servirse las jubilaciones a las que dará origen el Fondo. El proyecto pasó ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación como ley.

    CETIFICACION DE ENFERMEDAD: El Sistema Nacional de Certificación Laboral por enfermedad, basado en la constancia que otorga el médico de la mutualista, abarcará a quienes se atiendan en salud pública. El trabajador consulta en una mutualista a su médico tratante, quien además de diagnosticarlo certificará el tiempo que el paciente no concurrirá a su trabajo. El empleado deberá notificar a la empresa sobre su licencia por enfermedad y la institución tendrá que remitir los datos directamente al BPS a través de un sistema informático, dentro de las 48 horas siguientes a la consulta médica. En un lapso de 72 horas, el paciente debe comunicarse con el BPS para coordinar el lugar de cobro del subsidio.

El proceso comenzará a aplicarse gradualmente en los centros de atención de la Administradora de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Mientras tanto, los trabajadores que se atiendan en salud pública deberán ceñirse al "viejo" sistema, es decir consultando a un médico certificador del BPS. El sistema abarca tan solo a los empleados del sector privado , los trabajadores del Estado todavía no están comprendidos en el nuevo sistema.

Aquellas empresas privadas que cuenten con médicos propios pueden mantener el servicio a efectos de hacer un control interno o corroborar que su empleado está efectivamente haciendo reposo en su casa. Ni las emergencias móviles ni los seguros parciales podrán certificar la licencia por enfermedad por sí mismas, salvo que sean subcontratadas por una mutualista o eventualmente por ASSE.

La representante empresarial en el directorio del BPS, Elvira Domínguez, considera que la aplicación del nuevo sistema de certificación generará "problemas", por cuanto se corre el riesgo de que un médico amigo certifique al trabajador para darle días libres, lo que puede redundar en un incremento en los subsidios por enfermedad y una baja de la productividad.

    

    CONFLICTO EN AUTORIDAD CENTRAL AFECTA LA TRAMITACION DE EXHORTOS: Un conflicto gremial desatado en una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que se dedica a tramitar los exhortos judiciales con otros países, afecta la participación en los sistemas de Cooperación Jurídica Internacional en los que interviene Uruguay.

La semana pasada, el personal técnico y administrativo de Autoridad Central se declaró en preconflicto ya que, según alegan, son víctimas de una situación de discriminación, debido a que se han aprobado partidas compensatorias para funcionarios de otras áreas, pero no para ellos. Por ese motivo, Autoridad Central sólo está tramitando asuntos urgentes, como casos de extradiciones, restitución de menores y embargos. Así, casos que no imponen una necesidad inmediata, no se están diligenciando.

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2010).

DECRETO 202/010 VALOR UR, URA, IPC: Publicado en el Diario Oficial el 16 de julio (Nº 28.017): Por el cual se fija el valor de la Unidad Reajustable (UR) en $ 463,56; el valor de la Unidad Reajustable de Alquileres (URA) en $ 462,36 y el Indice de Precios al Consumo (IPC) en 290,35 (sobre base marzo 97 = 100) correspondiente al mes de mayo de 2010.

Para aquellos alquileres que se reajusten al mes de junio, el coeficiente de actualización será de 1,0709.

 

    LEY 18.665 REQUISITOS E INCOMPATIBILIDADES CONCEJALES MUNICIPIOS: Publicada en el Diario Oficial el 16 de julio (Nº 28.017): Por la cual se modifican artículos de la Ley 18.567 en los aspectos relacionados con los requisitos e incompatibilidades para ejercer como Concejales de los Municipios.

    Se sustituye el art. 10 de la Ley 18.567, relativo a los requisitos para integrar los municipios, estableciéndose que serán requisitos: 18 años de edad, ciudadanía natural o legal con 3 años de ejercicio y estar radicado dentro de los límites territoriales del municipio desde por lo menos 3 años antes. No podrán integrar los municipios los miembros de la Junta Departamental ni los intendentes. Los alcaldes estarán sometidos al mismo régimen de incompatibilidades e inhibiciones que los intendentes. Los Concejales estarán sometidos al mismo régimen de incompatibilidades e inhibiciones que los integrantes de la Junta Departamental y Juntas Locales.

    Se agrega a la Ley 18.568 un nuevo artículo que establece que los Concejales en ejercicio de la autoridad gozarán de los mismos beneficios que otorga el art. 673 de la Ley 14.106 a quienes, siendo funcionarios públicos, integran las Juntas Departamentales, Juntas Locales y Juntas Electorales.

El art. 673 de la Ley 14.106 establece que todos los funcionarios públicos que ejerzan el cargo de miembros de las Juntas Departamentales, Juntas Locales y Juntas Electorales de todo el país, tendrán derecho a que se les permita faltar a sus tareas, cuando deban concurrir a las sesiones ordinarias o extraordinarias del Cuerpo que integran, o sus Comisiones, sin descuento de sus haberes. La causal alegada deberá justificarse mediante constancia oficial, expedida por la Presidencia de las respectivas Juntas.

 

    DECRETO 203/2010 DEDUCCION IVA PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES. PRORROGA: Publicado en el Diario Oficial el 16 de julio (Nº 28.017): Por el cual se prorroga hasta el 31 de julio de 2010 para los contribuyentes que desarrollen actividades industriales manufactureras y extractivas, el régimen de deducción del IVA establecido por Decreto 232/009 del 19 de mayo de 2009.

 

    DECRETO 205/2010 MODIFICACION ESTATUTO FUNCIONARIO DEL BCU: Publicado en el Diario Oficial el 16 de julio (Nº 28.017): Por el cual se aprueba la modificación del art. 21 del Estatuto del BCU, el cual quedará redactado "Cuando en un departamento se desempeñen funcionarios cónyuges o personas declaradas judicialmente unidas en unión concubinaria, o parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, el Directorio del Banco considerará si la situación es inconveniente para los intereses de la Institución. En caso afirmativo, dispondrá los traslados correspondientes".