TRASLADO DE JUECES PENALES DE SALTO: Los dos jueces penales de Salto, Francisco Massitta y Marcela Vargas fueron trasladados por disposición de la Suprema Corte a Las Piedras y Maldonado respectivamente. El juez Massitta cobró notoriedad en 2008 cuando dirigió un operativo antidroga que terminó con la incautación de 500 kilos de cocaína. Su colega Vargas, en tanto, procesó el mes pasado a 18 personas que integraban una red de contrabandistas. Si bien se trata de traslados horizontales, deben ser asumidos como ascensos por cuanto sus nuevos destinos están más cerca de Montevideo.
Los traslados de los magistrados se enmarcan en una serie de movimientos que deberá realizar la SCJ para ocupar varios cargos vacantes, entre ellos, los que dejarán los jueces penales de Montevideo Sergio Torres, Julio Olivera y Daniel Tapié, quienes ascenderán a ministros de tribunales de apelaciones penales. Además, la Corporación remitió al Parlamento el pedido de venia para ascender a los jueces civiles Jorge Catenaccio y Esther Gradín. De esta nómina de magistrados se elegirán los tres integrantes de un nuevo tribunal de apelaciones (4° turno) que se creó en la ley de Presupuesto.
IMM TRIUNFA EN PRIMERA INSTANCIA FRENTE A RECLAMO LABORAL DE ADEOM: La Justicia falló en 1ª instancia a favor de la Intendencia de Montevideo en una demanda presentada por 465 funcionarios y ex funcionarios municipales. Los trabajadores reclamaban la vigencia de una compensación salarial que se había otorgado en el año 2001, por casi US$ 5 millones.
En 2009 fueron tramitados 362 juicios contra la Intendencia de Montevideo. Aunque no todos perseguían un reclamo económico, la comuna era demandada en ese entonces por US$ 39 millones. En 2010, ganó el 80% de los juicios enfrentados y tuvo que pagar $11 millones.
CONFLICTO EN EL MTSS: El eventual cese de 12 funcionarios del MTSS, entre ellos la presidenta del gremio, alteró el normal funcionamiento del ministerio la semana pasada. La decisión se basa en la postura del Poder Ejecutivo de hacer "una revisión de los puestos de trabajo en la administración". Ante esto, "el planteo del MTSS es que hay que hacer una reducción de personal porque entiende que así se estaría trabajando perfectamente en lo que hace al funcionamiento del MTSS.
Desde el MTSS se sostiene que hay personal excedente tras las reestructuras del programa Objetivo Empleo y del área de consultas, esta última relacionada a la aplicación del decreto de las seis horas en el Estado. La aplicación del decreto a los profesionales y administrativos del MTSS originó medidas sindicales, al considerarse que la norma no respetó un convenio que establecía que esos funcionarios debían cumplir 20 horas semanales de trabajo.
COFE sostiene que la inclusión de dirigentes sindicales en la lista de excedentes, entre ellos la presidenta del sindicato del MTSS, es una "represión" por haber tomado medidas en aquel momento. Los 12 funcionarios con contrato a término al 31 de marzo, quedarían cesantes al no pasar a la modalidad de contrato temporal de Derecho Público, arista que hace al proceso de reforma del Estado.
SIGUEN REPERCUSIONES POR EL MISTERIOSO VIDEO: El jueves 10 de marzo, el semanario Búsqueda publicó la transcripción de una declaración de un grupo autodenominado "Ejército Nacional Libertador" donde se cuestionó la actuación de los jueces y fiscales que intervienen en casos de violaciones a los derechos humanos, a la vez que se anunciaron acciones para liberar a los militares que están recluidos en la cárcel de Piedras Blancas. Desde entonces, han surgido diversas especulaciones y comentarios sobre la existencia o no del video. La única persona que públicamente admitió haber visto el material fue el presidente José Mujica.
La oposición aprobó en el Senado la interpelación a los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y Luis Rosadilla (Defensa) por el supuesto video en que militares amenazan al Poder Judicial. La senadora Susana Dalmás (del FA) entiende inconveniente el llamado a sala en el momento que hay investigaciones en curso. La fecha del llamado a sala aún no fue fijada, ya que Bonomi se encuentra fuera del país.
OIT APROBO RECLAMO CAMARAS EMPRESARIALES Y SE APRESTA A ENVIAR MISION: La OIT dio lugar a un planteo de las cámaras empresariales y le solicitó al gobierno que acepte una misión para analizar modificaciones a la ley de negociación colectiva. Las cámaras empresariales denunciaban la "omisión" del gobierno en el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT para cambiar varios puntos de la ley de negociación colectiva. Este planteo de las cámaras también fue respaldado por la Organización Internacional de Empleadores.
En caso que el gobierno decida no aceptar la misión de la OIT, las cámaras empresariales igual pedirán que venga a Uruguay la directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo del organismo, Cleopatra Doumbia-Herny, a fin de asesorarlas en los cambios a la ley de negociación colectiva. Esta funcionaria es la jefa del departamento de la OIT que produjo el primer informe que formuló varias observaciones al gobierno por la ley de negociación colectiva.
En las últimas semanas el Ministerio de Trabajo abrió una negociación con el Pit-Cnt y las cámaras empresariales para acordar los cambios a la ley de negociación colectiva.
LOS CASOS MAS RESONADOS DE 2010 SIGUEN PENDIENTES DE RESOLUCIÓN: A dos meses de la reanudación de la actividad judicial, los casos más resonados de 2010 siguen pendientes de resolución por parte de las autoridades judiciales.
Uno de los casos que acaparó la atención en 2010 fue la investigación por maniobras en la Armada y que motivó los procesamientos de varios oficiales navales, entre ellos el ex comandante de la fuerza, Juan Fernández Maggio. Compras ficticias, irregularidades con vales de combustible y en dinero proveniente de la ONU, son algunos de los aspectos relativos a la Armada que están siendo indagados por la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero.
Otro de los casos resonados fue el de los casinos municipales. El fiscal Diego Pérez analiza el expediente que investiga las irregularidades en los casinos de la Intendencia de Montevideo por las cuales en 2007 fue procesado el ex director municipal Juan Carlos Bengoa. El fiscal debe emitir la acusación contra el ex jerarca y las otras cuatro personas que fueron enjuiciadas en su momento: los ex asesores José Luis Antúez y Orestes González, el empresario Felipe Ruiz y el funcionario Gustavo Damonte.
Otros dos expedientes (el de Rodolfo Nin Novoa y la indagatoria en relación a Gonzalo Fernández por la derogación del delito por el que fueron procesados los hermanos Peirano) esperan por el Parlamento. Por un lado, el caso de Nin Novoa, cuyo procesamiento pidió en octubre de 2010 el fiscal penal Luis Bajac por ocultar información en sus declaraciones juradas, depende de que el Senado levante los fueros al ex vicepresidente y actual senador del Frente Amplio. Nin Novoa comparecerá a fines de abril o en mayo ante la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, que deberá analizar el caso. Hasta tanto el Parlamento no resuelva si habilita o no el desafuero, la jueza Fanny Canessa no podrá resolver sobre el pedido fiscal. En tanto, el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, espera que el Parlamento le remita los antecedentes de la comisión investigadora de la derogación del delito por el que fueron procesados los hermanos Peirano. El juez reiteró su solicitud al Parlamento. El magistrado indaga la actuación del ex ministro Gonzalo Fernández en ese proceso, pero hasta que no reciba la información del Parlamento no ordenará citaciones.
MILITARES DENUNCIAN FALTA DE GARANTIAS PROCESALES: Los centros sociales militares presentarán una denuncia a nivel internacional contra el Estado denunciando falta de garantías en los procesos judiciales por casos de la dictadura. Acusan de procesamientos con faltas de pruebas, carencia de las debidas garantías de defensa y prescripción de los presuntos delitos. La acción será presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, y eventualmente ante la Corte de La Haya. Los centros sociales militares presentaron a mediados de marzo un pedido ante la Suprema Corte para que dispusiera "con carácter grave y urgente una investigación administrativa sobre lo actuado en los procesos penales" iniciados contra militares por hechos de la dictadura. La SCJ desestimó la solicitud debido al "principio constitucional de independencia técnica de los magistrados".
