Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas de la Semana Que Paso: “DE ESTO TAMBIÉN SE HABLA”

CORTE ELECTORAL VALIDO LAS FIRMAS Y HABRA PLEBISCITO PARA ANULAR LEY DE CADUCIDAD: Luego del control de rutina, y con la discusión planteada en cuanto a si en caso de discordancia entre el número de credencial y el nombre de la persona, debía acudirse al registro patronímico o no contar la firma, la Corte Electoral dispuso que la anulación de la Ley de Caducidad sea planteada en ocasión de las elecciones nacionales de octubre. La Asamblea General contará ahora con plazo hasta el 28 de julio para plantear un proyecto alternativo que pueda ser plebiscitado en octubre. Habrá una única papeleta por el "Si" para anular la ley de caducidad, no habiendo papeletas por el "No". Para que se pueda reformar la Constitución es necesario el 50% de los votos más uno de los votos válidos, unos 1.100.000 sufragios, a los efectos de incorporar a nuestra Carta Magna una disposición transitoria y especial que anule los arts. 1 a 4 de la Ley.

PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD FRONTERIZA INGRESO AL PARLAMENTO:
El gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley que crea una "zona de seguridad fronteriza" de 20 kilómetros en la que sólo podrán ser propietarios de tierras las personas jurídicas estatales y personas físicas uruguayas. Las personas extranjeras tendrán que tramitar la nacionalidad uruguaya -en los plazos que se establecen- y en el caso de ser empresas tendrán que figurar con acciones nominativas o podrán optar por las excepciones marcadas en la ley de Sociedades Anónimas para las que coticen en Bolsa. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agazzi, dijo que Uruguay debe hacer un "blindaje fronterizo" para "preservar los movimientos, evitar el contrabando, las movilizaciones ilegales, porque junto con eso pueden venir riesgos que ya vinieron en los últimos años" y puso como ejemplo a la aftosa que "entró por la frontera seca (con Brasil) y por la frontera fluvial (con Argentina)". En la reglamentación de la ley quedará establecida exactamente la franja en la que se extenderá el control porque procurarán que una propiedad no quede dividida en dos partes. Además de limitar la tenencia de tierras, el proyecto de ley propone la creación de un registro de la propiedad, de los predios y de las actividades a través de declaraciones juradas para todos los establecimientos que están en la zona de seguridad.

PRESIDENCIA Anula multas a 17 laboratorios por "abuso de posición dominante", AUNQUE PROSIGUEN DEMANDAS CIVILES:
El presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, revocó una sanción impuesta en 2005 a un grupo de 17 laboratorios por "abuso de posición dominante", que había sido impuesta por la Dirección General de Comercio (DGC), dependiente del MEF, por no permitir el ingreso al mercado de una droguería que impulsó un nuevo sistema de descuentos.

La sanción se había aplicado a consecuencia de una denuncia presentada por la droguería Marbury SA, que comenzó a operar en octubre de 2003, y que promovió un mecanismo de rebajas de hasta el 45% en el precio al público de los medicamentos con receta. Ese sistema, denominado Cyberfarma, era más beneficioso que el utilizado por los 17 laboratorios (12 nacionales y 5 internacionales), los que junto a la mayoría de las empresas que operan en nuestro país, integran la firma "Farmadescuento", que mediante rebajas en los precios de lista, ofrece quitas de hasta el 20% que las farmacias trasladan a los clientes. Ante la aparición del nuevo competidor, Farmadescuento habría obligado a las farmacias a elegir entre ese sistema y el de Marbury, que apenas manejaba el 10% del total de medicamentos genéricos que se ofrecen en plaza. Los laboratorios también acordaron no vender sus productos a la nueva droguería, la cual se quedó sin proveedores ni clientes, por lo que cerró en abril de 2004. Esa actitud, según la DGC y el MEF, hizo que los laboratorios incurrieran en "abuso de posición dominante", figura prevista en la legislación sobre la "Defensa de la Competencia".

La decisión oficial de sancionar a los laboratorios que fuera revocada por Vázquez, está siendo analizada por el TCA, el cual debería confirmar o anular la multa dispuesta por la DGC y que fuera ratificada en su momento por el ex ministro de Economía Danilo Astori. La Fiscalía de lo Contencioso Administrativo ya se pronunció a favor de la legalidad de la sanción, y se espera que el fallo del TCA se conozca en los próximos meses, dijeron fuentes vinculadas al caso.

A su vez, ante la Justicia Civil, se está tramitando una demanda de Marbury, en la que reclama a los laboratorios de Farmadescuento una indemnización por "daños y perjuicios" y "lucro cesante" por casi US$ 8 millones. Mientras, en otro juzgado, un grupo de farmacias que denunció presiones de parte de los laboratorios, está desarrollando otro juicio donde se reclaman otros US$ 2 millones.

Piden la libertad de Yern y Sumasi:
El juez penal de 4° Turno, Eduardo Pereyra, estudia el pedido de libertad provisional para los contratistas Edward Yern y Luis Sumasi, quienes fueran procesados con prisión acusados de financistas de embarques de droga de una red desarticulada por la Operación Cancerbero el año pasado. Los pedidos de libertad fueron presentados al fiscal Fernández Dovat por la defensa de los procesados y el fiscal expresó su conformidad. De todos modos, la excarcelación de Yern y Sumasi debe ser resuelta por el juez Pereyra en un plazo no mayor a los 45 días.

CASO CASINOS MUNICIPALES:
El fiscal penal Diego Pérez, pidió a la jueza Fanny Canessa la citación de Mario Areán, ex secretario privado del ex intendente y actual senador Mariano Arana, para interrogarlo en el expediente que investiga las irregularidades en los casinos municipales entre los años 2000 y 2005, caso por el que fueron procesados el ex director de la repartición Juan Carlos Bengoa y otras cuatro personas. La solicitud del fiscal se debe a que Bengoa aseguró ante la sede judicial que Areán intervino en varias negociaciones que la comuna desarrolló con operadores privados de casinos. Bengoa declaró que por orden del entonces intendente Mariano Arana, su secretario privado participó directamente en el proceso de apertura de la sala de Hotel Oceanía, en cuya sala se instalaron varios slots que provocaron pérdidas para la comuna. Sin embargo, en un careo realizado en el pasado mes de marzo entre Arana y Bengoa, Arana dijo que no recordaba haber dado esa orden a su secretario privado.

Asimismo el Fiscal Diego Pérez solicitó la realización de un careo entre Arana y Muñoz, en virtud de la existencia de varias contradicciones en sus declaraciones en el juzgado. Los principales elementos que presentan dudas al fiscal, es que en su testimonio, Arana dijo que estaba al tanto del déficit que arrojaban las salas de juego municipales, mientras que Muñoz aseguró que las máximas jerarquías no tenían información al respecto, ya que el asunto era manejado exclusivamente por Bengoa, quien se desempeñaba como director de la repartición.

Por otro lado, las defensas de Juan Carlos Bengoa, Orestes González, José Luis Antúnez y Felipe Ruiz, todos procesados con prisión por éste caso, estaban a la espera de la resolución a dictarse por el Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno, el cual deberá pronunciarse sobre la excarcelación del funcionario municipal Gustavo Dalmonte -a quien le fue imputado el delito de menor gravedad- para luego solicitar ese beneficio para sus defendidos. La jueza Canessa le otorgó la libertad, pero el fiscal Diego Pérez apeló esa decisión.

POR ABUSO DE FUNCIONES, PROCESARON CON PRISION A IRINEU RIET CORREA:
El pasado miércoles fue procesado con prisión por un delito de abuso de funciones Irineu Riet Correa, dos veces Intendente de Rocha. La defensa del procesado, a cargo de Fernando Doutur anunció que apelará el fallo. La fiscal del caso, Gabriela Sienra, había solicitado el procesamiento tras las investigaciones que estaban en curso por diversas denuncias por hechos acaecidos en la última administración Riet, quien se proclamó precandidato presidencial para las internas del 28 de este mes por el Partido Nacional. El procesamiento se basó en un fideicomiso aprobado por el hoy procesado, pero que nunca se concretó, que consistía en traspasar a privados el cobro de créditos municipales a cambio de diferentes obras en la comuna; así como por pagos de viáticos a funcionarios municipales, considerados excesivos, como forma de compensación, para quienes estaban al servicio de los planes coordinados entre el Instituto Nacional de Alimentación y la Intendencia en la distribución de las canastas de alimentos y por la esponsorización de empresas en la costa del balneario La Paloma tras un llamado a empresas sin la licitación correspondiente.

El abogado defensor de Riet, destacó que en el fallo "se reconoce que no hubo perjuicios económicos para la Intendencia, ni enriquecimiento ilícito" del ex intendente. La apelación sostendrá que es equivocada la apreciación de la prueba en el caso y que esta fue, "un exceso del magistrado" lo que "se demostrará en la apelación". Asimismo afirmó que el delito de abuso de funciones, es un "delito abierto, una figura del código Rocco de la década de 1940, cuestionado por la gran mayoría de los juristas de nuestro país" y recordó que hay un proyecto de ley para modificarlo porque, como esta formulado "se presta a cualquier arbitrariedad".

Resumen de Noticias: “DE ESTO TAMBIÉN SE HABLA”

FISCALIAS ANTIMAFIA SIN FISCALES A CARGO: El Fiscal de Corte, Rafael Ubiría, dejo sin efecto las designaciones provisorias de los fiscales Ricardo Perciballe y Mónica Ferrero, como titulares de las fiscalías especializados en crimen organizado. A raíz de esta resolución, desde el mañana (lunes 4 de mayo) los turnos de las fiscalías especializadas serán cumplidos en forma alternativa por los fiscales penales que se encuentren de turno. Esto generará que un mismo caso sea analizado en un breve lapso por dos letrados, provocando disfunciones en el servicio. Los fiscales Perciballe y Ferrero habían sido designados en diciembre de 2008 para ocupar interinamente estos cargos, mientras seguían realizando su trabajo para las fiscalías penales (de 1º y 9º Turno). Es una situación que deberá ser remediada a la brevedad, siendo que el principal perjudicado por esta falla en el sistema es el ajusticiable.

CASO TRONCOSO CON MDN, SENTENCIA FAVORABLE AL ESTADO La Sra. Juez de lo Contencioso Administrativo, Cristina Cabrera, desestimó ayer el reclamo contra el Estado deducido por Ana María Troncoso en razón de que no había agotada la instancia administrativa preceptiva para poder acudir a la justicia, así como en el hecho de que habían transcurrido el plazo de 4 años para demandar al Estado. Esto provoco un ahorro para el Estado de una suma cercana a los 245 millones de dólares. Troncoso había accionado contra el Estado en virtud de que se le había otorgado un permiso para prestar servicio de televisión para abonados en Montevideo, San José y Canelones. En 1993 el MDN cesó esa habilitación, decisión que luego fue anulada, para finalmente en el año 1998, la resolución revocatoria fue confirmada por el TCA. Además de la falta de agotamiento de la vía administrativa y del plazo de prescripción establecido para accionar contra el Estado, la Dra. Cabrera señaló que los permisos son de carácter precario y provisorio, no pudiendo luego hacer derivar esa situación un daño indemnizable en la eventualidad de que sea cesada la autorización que obtuvo.

CASO CUDIM, EQUIPOS PET: La Dra. Gatti, solicito al Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) que le envíe toda la documentación existente en relación con la compra de los equipos de tecnología PET, adjudicados a la empresa General Electric. La denuncia había sido presentado por el Dr. Gustavo Salle, denuncia a la cual se plegó también la empresa CONATEL, representante de SIEMENS en nuestro país (además de los recursos administrativos presentados por ésta firma y Terra Ingenieros-IBA, empresas que se presentaron a la licitación del CUDIM).

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CONSTATO OMISIÓN DE ASISTENCIA EN EL CASMU: Las inspecciones realizadas por el MSP en las instalaciones del CASMU en las que los funcionarios abandonaron sus tareas por las medidas gremiales adoptadas, constataron posibles conductas calificables en el delito de omisión de asistencia previsto por nuestro Código Penal. El MSP esta estudiando denunciar el hecho ante la Justicia Penal (cosa que ya realizó la Junta Directiva del CASMU la semana pasada).

PLEBISCITO, LEY QUE PRETENDE MODIFICAR LA FORMA DE CONTRALOR DE LAS FIRMAS PRESENTADAS: El Frente Amplio intentará votar una ley que modifica la forma en que la Corte Electoral controlará las firmas para el plebiscito contra la ley de Caducidad. De las 340.043 firmas presentadas, se precisan 260.000 para que se realice el plebiscito en las próximas elecciones nacionales a celebrarse en el mes de octubre. Según el proyecto de ley, la Corte Electoral estará obligada a recurrir al Registro Patronímico (electrónico) cuando haya inconsistencias, errores u omisiones en las series y números o en los nombres de los firmantes. El objetivo es que estos errores no tengan "inmediato rechazo" y que "las trabas burocráticas" no restrinjan el derecho de los ciudadanos, dice el proyecto.

DENUNCIA POR DIFAMACIÓN AL PERIODISTA ALVARO ALFONSO: El edil frenteamplista Carlos Tutzó denuncio penalmente al periodista Álvaro Alfonso, por el delito de difamación. La denuncia se funda en que en el libro publicado por el periodista "Los Secretos del Partido Comunista del Uruguay", éste sostuvo, en base a informantes comunistas, que Carlos Tutzó colaboró con la dictadura en los años 1973 a 1985. Alfonso se negó a retractarse y en la audiencia celebrada la pasada semana, la fiscal penal Ana Tellechea, consideró que existen elementos para someter a proceso penal al periodista, dado que no logró probar la veracidad de sus dichos. En los próximos días el Juez Vomero fijará una nueva audiencia en la que resolverá si hace lugar o no al requerimiento de la fiscalía.

DENUNCIA PENAL POR IRREGULARIDADES EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES; El Edil del Partido Nacional, Daniel Graffigna afirmó que presentará a la Justicia Penal sus denuncias sobre irregularidades cometidas por una organización de empleados de Necrópolis (de la IMM) que estarían vendiendo ilícitamente panteones en los cementerios, mediante la falsificación de los títulos de propiedad y el "vaciamiento" de tumbas abandonadas o con deudas.

CASO CASINOS IMM: La Intendencia Municipal analiza iniciar una demanda por rescisión contractual más daños y perjuicios contra las empresas arrendadoras de los slots, tras la incautación el pasado 29 de abril, por parte del Juzgado de Aduanas, de 170 máquinas que se encontraban en los Casinos Municipales. Estas máquinas, que operan desde el año 2003, generaron un conflicto entre el Juez de Aduanas Gustavo Pini y el Director Nacional de Aduanas, Ricardo Prato. Este año, Pini denuncio penalmente a Prato por considerar que le oculto información sobre los slots que funcionaban en los casinos de la IMM, sin documentación en regla. Pini fue trasladado por la Suprema Corte de Justicia a un puesto administrativo y el expediente aún no tiene resolución judicial.