Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas de la Semana Que Paso: “DE ESTO TAMBIÉN SE HABLA”

 

Fuente: Diario El País.

 

    LEY DE CADUCIDAD. LA SCJ DICTARA RESOLUCIÓN ANTES DEL PLEBISCITO: Los ministros de la Suprema Corte acordaron pronunciarse a favor de la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, en relación al caso que indaga la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, quien murió en dudosas circunstancias mientras se encontraba detenida en una unidad militar en junio de 1974. Aún se mantiene en reserva si fue una decisión unánime o por mayoría. La sentencia será redactada por el ministro recientemente designado Jorge Chediak.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada en octubre de 2008 por la fiscal penal Mirtha Guianze, que junto al juez Rolando Vomero investiga la muerte de Sabalsagaray, pero como consecuencia de la aplicación de la Ley de Caducidad, están impedidos de indagar militares por ese hecho.

A pesar de que en la Corporación se afirma que la proximidad del plebiscito que busca anular la Ley de Caducidad que se celebrará junto con las elecciones del domingo 25 no incide en la celeridad de la redacción de la sentencia. "Los tiempos se dieron y el redactor tiene la sentencia para redactar. Si puede elaborar la sentencia antes del plebiscito, se hará, si no quedará para después, porque plazo tiene", dijo el presidente de la SCJ, Jorge Larrieux.

 

CORTE ELECTORAL ATACARA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE NEGOCIACION COLECTIVA LABORAL: La Corte Electoral resolvió promover un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra la ley 18.508 de Negociación Colectiva en el marco de las relaciones laborales en el sector público, porque entiende que lesiona la independencia que le asigna la Constitución. "La ley de negociación colectiva es inconstitucional porque no contempla las características especiales de la Corte Electoral, que es un organismo multipartidario y colegiado, lo que no es contemplado en la ley 18.508", afirmó el ministro Edgardo Martínez Zimarioff.

La medida fue tomada luego que el MTSS convocó a la corporación para alcanzar un acuerdo con sus funcionarios sobre el fuero sindical el día 13 de septiembre. Desde el sindicato de funcionarios se afirmó que evalúan presentar una denuncia a nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) si no se constituye un ámbito de negociación colectiva como reclaman los trabajadores. Asimismo tienen resuelto por asamblea que si la Corte no se presenta ante la DINATRA como fue solicitado por el propio MTSS, el día de la elección denunciarán la situación ante los observadores internacionales. También utilizarán altoparlantes en los lugares de votación y convocarán a una conferencia de prensa.

 

COFE PRESENTO DEMANDA CONTRA EL ESTADO: La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) presentó el pasado jueves demanda, que cuenta con una adhesión de 7 mil trabajadores, contra el Estado por incumplimiento del convenio salarial suscrito el 11 de abril del año pasado.

Se optó por la presentación de la demanda luego de que fallaran los ámbitos de negociación. Ese convenio estableció que los trabajadores debían alcanzar una recuperación del 17% del salario perdido en la administración anterior. Los funcionarios recibieron en enero pasado un aumento del 7,12% a lo que se sumó un ajuste adicional del 2%. Sin embargo, COFE reclama un 2% más para no sufrir una pérdida salarial. El gobierno aduce que el compromiso asumido supone completar un 19,5% de recuperación en enero del año próximo.

 

LEY DE PATENTES. INTENDENCIAS ANUNCIAN ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA NORMA: Las intendencias de Colonia, Flores y San José anunciaron la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de patentes. Si el fallo es favorable, entienden que protegerá a los automovilistas que empadronen en esos departamentos. El abogado Daniel Hugo Martins es el promotor de las impugnaciones y considera que la ley de patentes impulsada por el gobierno el 26 de diciembre del año pasado, vulnera la autonomía municipal y por ende es inconstitucional. "El impuesto a los vehículos es un tributo exclusivo de los gobiernos departamentales", por lo cual se trata de un tema que el Parlamento no debió haber legislado.

Mientras tanto, el Presidente del Congreso de Intendentes, Omar Lafluf (Río Negro) recordó que la ley de patentes fue aprobada por unanimidad en el Congreso de Intendentes. Es decir, fue respaldada por Flores, Colonia y San José. También señaló que los 19 intendentes llegaron a un acuerdo en el 2007 para que, a partir de enero del 2008, se aplicara la misma alícuota para empadronar los autos cero kilómetros en todo el país. "Se puso esa fecha para que Colonia se quedara con todos los autos que había matriculado antes. Pero Flores y Colonia no respetaron el acuerdo".

 

CASO HOSPITAL MACIEL, SOBREFACTURACIÓN CLANIDER S.A. PROSIGUEN INVESTIGACIONES: El presidente del Directorio de ASSE, Félix González y el contador Gastón Carámbula -que asumió interinamente la administración del Hospital Maciel luego de la separación del cargo de Lucía Zagía-, declararon el pasado miércoles ante la Juez Graciela Gatti y la fiscal Ferrero, en el marco de la causa que indaga la sobrefacturación de la empresa Clanider S.A., responsable de la limpieza del centro asistencial.

Además de los dos jerarcas, también declararon dos empleados administrativos del Hospital encargados del contralor de las horas facturadas por Clanider S.A., y las efectivamente cumplidas.

Asimismo trascendió la semana pasada que ASSE presentó denuncia penal contra la ex administradora Lucía Zagía por destrucción de documentos. Fuentes del organismo aseguran que la funcionaria ya tiene "la suerte echada", pero se aguardará por los resultados del sumario administrativo. Recordemos quela auditoría del Tribunal de Cuentas sobre las irregularidades en el Hospital, comprobaron no sólo la sobrefacturación de la empresa Clanider, sino también que la ex administradora, Lucía Zagía, había ordenado la destrucción de documentos con contratos de los años 2005 y 2006.

Según publicó el semanario Búsqueda, ASSE resolvió radicar la denuncia ante la Justicia. La misma fue presentada formalmente el lunes 5 de octubre y fue ratificada el miércoles 14 ante la jueza Graciela Gatti, dentro del marco de la investigación que se lleva adelante por esta causa.

 

SE APROBO PROYECTO DE LEY DE CAMBIO DE NOMBRE Y DE SEXO: En sesión extraordinaria y por unanimidad, el Senado aprobó la ley de cambio de nombre y sexo, que permitirá a travestis y transexuales mayores de edad modificar su partida de nacimiento, sin necesidad de operaciones para reasignación de sexo. El proyecto contiene un artículo que indica que "no modifica el régimen matrimonial vigente", por lo cual no podrán casarse dos personas del mismo sexo biológico.

A los efectos de presentar la demanda, el interesado debe presentar un informe técnico de un equipo de la Dirección General del Registro de Estado Civil especializado en identidad de género y diversidad. Toda persona podrá solicitar la adecuación de la mención registral de su nombre, sexo, o ambos, cuando los mismos no coincidan con su identidad de género". Esta "disonancia" debe ser "estable y persistente" durante al menos dos años para realizar el trámite ante un juez de Familia.

La ley establece que se hará una enmienda en la partida de nacimiento de la persona que realiza el trámite, y anotándose el nuevo nombre y género al margen. Una vez realizado el trámite, no se podrá volver atrás hasta cinco años después.

Hasta ahora, varias personas habían iniciado el trámite judicial de "cambio de nombre estético", juicio que habilitaba el cambio de nombre en la Cédula de Identidad y el Pasaporte, pero que no modificaba el género en la partida de nacimiento. La persona debe presentar pruebas y llevar testigos que confirmen que es conocida por un determinado nombre, diferente al que consta en su partida de nacimiento y en su cédula de identidad, y que este nombre se adecua a su realidad psicológica y social. Si la sentencia es positiva, la persona puede sacar la cédula nuevamente y, en la parte de observaciones, dirá "por información ad perpetuam". Sin embargo, cuando entre en vigencia la nueva ley, no será necesario hacer esta demanda, ya que se podrá hacer un trámite más sencillo que incluirá el cambio de género.

 

 

ADVERTENCIA E INVESTIGACIONES DE LA CORTE ELECTORAL POR EL PLEBISCITO DE LAS PROXIMAS ELECCIONES NACIONALES: La Corte Electoral analizó la situación generada tras denuncias verbales de aparición de papeletas falsas con la inscripción de "NO" para participar el próximo domingo 25, tanto en el plebiscito de la Ley de Caducidad como en la consulta en relación a la habilitación del voto epistolar. Si bien el organismo no recibió papeletas falsas ni sabe su origen, emitió una declaración en la que alertó sobre el hecho, en virtud de que en un plebiscito no existe el voto por el "NO" y si se incorpora la papeleta al voto lo anula por ser un "cuerpo extraño" en el sobre.

Sin embargo la Corte mencionó un antecedente similar en que los votos fueron considerados válidos, porque se estimó que las personas fueron engañadas en su buena fe. En el plebiscito de la reforma constitucional de 1996, donde se aprobó la modificación del sistema electoral y se introdujeron las elecciones internas y el balotaje, el Partido Colorado denunció que se habían mezclado hojas falsas entre las hojas originales por el SÍ a la reforma. Estas papeletas falsas decían SÍ en letras grandes, y luego, en caracteres pequeños, en lugar de decir "a la reforma constitucional" decía "a la legalización de la marihuana". En esa ocasión, la mayoría de los ministros de la Corte consideraron que la gente había sido engañada en su buena fe, y dio como válidos los votos.

Si llegaran a existir votos con papeletas falsas, el primer reclamo debe hacerse ante la Comisión Receptora de votos. Luego el tema se presenta en la Junta Electoral correspondiente, y en última instancia, la apelación podría llegar a la Corte Electoral.

La Corte Electoral pidió que le acercaran dichas hojas. Si comprueban su existencia, los responsables podrán enfrentar sanciones penales que van desde los 6 meses hasta un año de cárcel por delito electoral, con la posibilidad de privación de derechos laborales durante dos años en caso de ser funcionario público.

 

COMENZARON A APLICARSE CONTROLES POR EL MEF PARA EVITAR APLICACIÓN TASAS USURARIAS EN COMERCIOS: Desde este mes, las empresas de bienes y servicios que otorguen financiamiento a sus clientes y no estén controladas por el BCU deberán registrarse ante el Ministerio de Economía (MEF), el cual pretende obtener información periódica con el fin de verificar que no se cobren tasas usurarias por los créditos.

Este es el último paso de la puesta en práctica de la ley 18.212 de usura aprobada en diciembre de 2007 que pretende controlar que los comercios que otorgan financiamiento a sus clientes no cobren tasas de interés por encima del tope de usura establecido por el BCU, tanto para créditos a empresas como a familias en moneda nacional (ajustable o no), como en dólares.

Para ello, dentro del Área de Defensa del Consumidor se creó un registro de empresas comerciales o de servicios que financian la venta de sus propios bienes o servicios, esto es, firmas con "crédito de la casa". El área, a partir de un decreto de julio de 2009, está encargada de controlar las tasas de interés implícitas en los préstamos otorgados por empresas no controladas por el Banco Central. Este es el caso de varias firmas del sector agropecuario y de venta de electrodomésticos.

A partir de ahora, las empresas tendrán que informar sobre "las tasas de interés implícitas pactadas en las operaciones crediticias que hubieren otorgado".

Las empresas que deben inscribirse son aquellas que cuentan con al menos diez trabajadores dependientes (comprendiendo tanto al personal ocupado como a sus titulares y/o socios por los que se hagan aportes al BPS), las que tengan ventas anuales excluyendo el IVA que superen los 5 millones de UI (actualmente unos $ 9,9 millones), y aquellas que financien por sí mismas las ventas de sus propios bienes o servicios en el marco de relaciones de consumo.

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas de la Semana Que Paso: “DE ESTO TAMBIÉN SE HABLA”

Fuente: Diario El País.

 

INTIMAN AL MIEM CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL TCA: La experta en Derecho Nuclear, Diva Puig, presentó una intimación al Ministerio de Industria y Energía (miem) para que cumpla con la sentencia del TCA que dispuso el reintegro en el cargo de asesora de la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear. A más de 20 días de pronunciada la sentencia del TCA, el MIEM no ha dictado la resolución correspondiente.

El caso se inició en el mes de marzo de 2005, cuando, por orden del entonces Ministro Jorge Lepra, Puig fue trasladada a la Dirección General de Secretaría del MIEM sin expresión de motivo. Puig, que es especialista y consultora en Derecho Nuclear, recurrió la resolución, alegando la falta de fundamento del traslado y su destino a un área no vinculada a su especialidad. Luego de agotada la instancia administrativa, Puig presentó la acción de nulidad ante el TCA, el cual hizo lugar a la demanda, expresándose en el fallo que en la decisión ministerial "no consta la razón que motivó la elección de la accionante, ni el fundamento lógico ni jurídico que hubiere determinado tal decisión".

 

    FISCAL SOLICITO EL ARCHIVO DEL CASO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INAU CONTRA LA MINISTRA ARISMENDI: La fiscal Raquel González desestimó la denuncia por difamación e injurias presentada por el gremio de trabajadores del INAU contra la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, por haber omitido los denunciantes la agregación de la copia de las actas de las últimas elecciones del sindicato de trabajadores en las que fueron reelectos en sus cargos el presidente del gremio, Joselo López y el secretario general, Carlos Salaberry.

Todo se había iniciado cuando en declaraciones a la prensa, la titular del MIDES habría acusado a los trabajadores de tener vinculación con los motines en la Colonia Berro. El abogado del sindicato de trabajadores de INAU, Dr. Juan Williman, expresó que es un tema absolutamente formal, pudiendo ser fácilmente subsanado si se pretende seguir adelante con la denuncia.

 

JUSTICIA VOLVIO A CONDENAR AL MSP A SUMINISTRAR MEDICACION QUE NO SE ENCUENTRA EN EL FTM: Por segunda vez en menos de 60 días, la Justicia falló contra el MSP ordenándole que brinde un costoso tratamiento contra el cáncer que no está incluido en el Formulario Terapéutico Médico de Medicamentos (FTM) a una paciente. El fallo fue dictado la semana pasada en el Departamento de Paysandú, haciendo lugar a la acción de amparo presentada por una paciente de la mutualista COMEPA, condenando al MSP a brindarle el Lapatinib en un plazo máximo de 72 horas a la demandante, quien está en tratamiento desde el pasado mes de abril como consecuencia de un cáncer en el hígado, que es producto de una metástasis de un tumor de mamas que padeció tiempo atrás. La dosis mensual del medicamento ronda los $ 66.000.

La sentencia, dictada por el Juez José Pedro Pereyra, establece que el MSP incurre en una omisión al no tomar una decisión definitiva sobre si incluye o no el medicamento en el FTM para darle una certeza a los pacientes sobre si van a contar o no con ese tratamiento. La sentencia establece asimismo una conminación económica para el cumplimiento de la misma por parte del MSP, estipulada en 50 UR diarias.

El otro caso por el cual había sido condenado el MSP fue, tal cual publicáramos en El Jurista la semana anterior, la acción de amparo a la cual hizo lugar el Juez Pablo Eguren condenando al MSP a brindarle el mismo medicamento a otra paciente oncológica. Sin embargo, el TAC 6° Turno, revocó esa sentencia al considerar que el MSP no está obligado a brindar medicamentos que no están incluidos en el FTM. A pesar de esa resolución favorable, la ministra María Julia Muñoz decidió que la demandante siga recibiendo el medicamento, con el objetivo de no interrumpir el tratamiento que ya había iniciado.

 

    LEY DE CADUCIDAD, EL EJECUTIVO EXCLUYO OTRO CASO: Por Resolución firmada por el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, el Ejecutivo excluyó de la ley de Caducidad el caso de los hermanos Victoria y Anatole Julien, quienes en 1976 fueron trasladados en forma clandestina a Chile por efectivos militares, luego de la detención y muerte de sus padres, que tuvo lugar en Buenos Aires. La resolución entiende que al haber ocurrido el hecho en el exterior, no resultaba amparado por la Ley 15.848.

Victoria Grisonas y Roger Julien, padres de Victoria y Anatole, fueron detenidos en Buenos Aires en septiembre de 1976. Julien se suicidó, mientras que Grisonas y sus hijos fueron trasladados a Uruguay. La mujer fue asesinada en Montevideo. Luego, los hermanos fueron llevados en forma ilegal a Chile, donde se los dejó abandonados en una plaza de Valparaíso.

Esta resolución habilita al juez del caso (Dr. Alejandro Guido) a retomar la indagatoria, la cual estaba suspendida hasta tanto existiera un pronunciamiento del Poder Ejecutivo sobre la inclusión o no del caso en la ley de Caducidad. En la denuncia presentada en 2008, los hermanos Julien solicitaron se indague a las autoridades militares y civiles de la época, entre ellos el ex dictador Gregorio Álvarez y el ex canciller Juan Carlos Blanco.

 

    CASO GELMAN: Dos informes técnicos elaborados por especialistas españoles de las universidades de Córdoba y Granada, fueron entregados al juez penal Pedro Salazar, señalan que el cráneo encontrado en 2005 en el Cementerio de Vichadero, Rivera, no corresponde a María Claudia García de Gelman, la joven argentina desaparecida en Uruguay en 1976.

Los técnicos indicaron que las muestras extraídas y comparadas con Macarena Gelman, hija de la mujer desaparecida, "no son coincidentes" y por eso "se rechaza la hipótesis de que ambas muestras pertenezcan a la misma línea materna". El año pasado, el ITF había determinado que había más de 90% de posibilidades de que el cráneo perteneciera a García de Gelman.

 

    CASO HOSPITAL MACIEL: Si bien el informe definitivo de la auditoría todavía no está terminado, la auditoría de ASSE sobre las irregularidades constatadas en el Hospital Maciel (sobrefacturación de $ 3 millones en horas de trabajo por parte de Clanider SA, encargada de la limpieza del centro asistencial), apuntan a que el responsable de las mismas constatadas en los contratos es el subdirector del Hospital, Óscar Gianneo, encargado de la parte administrativa del nosocomio y no el director Daniel Parada.

A instancias de Gianneo fue que Lucía Zagía asumió como administradora del Hospital Maciel. La funcionaria fue separada de su cargo sumariada apenas se conoció esa situación, ya que era la responsable de los controles. A su vez, los auditores del Tribunal de Cuentas, que también están realizando una investigación, también consideran que las responsabilidades más importantes recaen sobre Gianneo y Zagía.

En tanto, la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti espera que ASSE le envíe la documentación sobre los contratos, para continuar con la indagatoria. El lunes pasado, el MSP presentó a la magistrada los antecedentes administrativos del caso.

 

    IRREGULARIDADES EN MANEJO DE FONDOS DE TV CIUDAD: Una Auditoría llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas constato que la Intendencia de Montevideo está volcando el dinero recaudado por el canal cable TV Ciudad "en cuentas bancarias no oficiales", sin ley que lo autorice a ello. El informe señala que, en los convenios de auspicios o colaboraciones para TV Ciudad que firma el intendente Ricardo Ehrlich o la Comisión Administradora de TV Ciudad, se establece que la recaudación "se depositará en cuentas bancarias" de la Asociación de Amigos de TV Ciudad. El TCR advirtió que el dinero recaudado por auspicios "debió ingresar contablemente" a la Intendencia de Montevideo por "ser fondos públicos".

El Tribunal señaló que hay atrasos en las presentaciones de rendiciones de cuentas por parte de la Asociación de Amigos., expresando asimismo que dicha asociación no integra la estructura orgánica de la IMM ni de ningún otro organismo estatal. Tampoco constituye una oficina de recaudación. Integrantes de la Asociación de Amigos de TV Ciudad respondieron que desconocían la existencia de una norma legal que habilitara a incluir dicha cláusula en los convenios, y ratificaron que el dinero era depositado en una cuenta de la institución.

 

    ESTA EN TRAMITE DEMANDA CONTRA LA EMPRESA BOTNIA, EN CONCEPCION DEL URUGUAY: Dos años después de presentada la demanda, el juzgado Federal de Concepción del Uruguay, notificó a la empresa Botnia de la demanda, por intermedio de un escribano público uruguayo. Hasta ahora los exhortos enviados por vía diplomática, eran retenidos en el Ejecutivo, basados en una resolución firmada por Tabaré Vázquez el 9 de diciembre de 2008. Los asesores de Botnia viajaron a Concepción del Uruguay, el pasado 27 de julio, a ejercer su derecho a defensa y hubo una instancia posterior que se cumplió en agosto.

El juicio fue iniciado por los propietarios del balneario Ñandubaysal de Gualeguaychú. Asesores de la empresa ya comparecieron en dos oportunidades. Botnia ya se presentó con documentos pretendiendo dar explicaciones de que no producirá impactos en la zona. El abogado de los demandantes explicó que "ahora se dará el debate de pruebas, aunque previo a esto se planteó por parte de Botnia, una excepción de incompetencia, un cuestionamiento a la competencia de la justicia argentina". El mandato judicial que se exige, no persigue una reparación económica, "sino que se trata de una acción de tutela preventiva del daño".

 

BENEFICIOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL PARA DEPORTISTAS PROFESIONALES: El Presidente del BPS, Ernesto Murro, anunció que los deportistas profesionales recibirán todos los derechos de seguridad social y de salud que tienen los trabajadores públicos y privados gracias a un decreto que entrará en vigencia a partir del próximo 1° de septiembre. El monto del aporte al BPS para futbolistas y basquetbolistas de primera división pasará de $ 643 a $ 771. En 2010, comenzará a incrementarse progresivamente para llegar a 2012 a la fijación de los aportes en función del salario real y no por un ficto. En cambio, a los deportistas de segunda división en ambas disciplinas se les mantendrá el monto de $ 771 por todo el 2010.

En virtud de la resolución, los futbolistas y basquetbolistas profesionales -cuya remuneración por esta actividad represente al menos el 50% de sus ingresos totales- recibirán cobertura médica y también sus hijos, en el marco de la reforma de la salud. Otras prestaciones tienen que ver con jubilaciones, pensiones, licencias por enfermedad, asignaciones familiares y hasta el acceso al seguro de paro cuando cese la relación laboral.

 

    SE REGLAMENTO LEY DE MIGRACIONES: La ley de migraciones (Nº 18.250) fue reglamentada por un decreto firmado esta semana, donde se establecen disposiciones tales como que los extranjeros que decidan radicarse en Uruguay podrán acceder gratis a los servicios de salud (a través de ASSE), en caso de que no puedan pagarlos, y tendrán los mismos derechos de seguridad social que los nacionales, entre otros beneficios. El decreto reglamentario crea la Junta Nacional de Migración, que impulsará políticas migratorias.

Para los extranjeros residentes que si pueden afrontar los costos de salud, se prevé que accederán a los servicios que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) al mismo costo que los nacionales. En cuanto a los extranjeros no residentes sin recursos económicos, también podrán acceder a la atención gratuita de ASSE en casos de emergencia.

En materia de seguridad social se prevé que el extranjero residente tendrá los mismos derechos a las prestaciones que los nacionales. En cuanto a la educación, se establece que "el Estado uruguayo procurará que las personas migrantes y sus familias tengan una rápida incorporación a los centros educativos públicos, tanto para iniciar como para proseguir estudios".

En cuanto a los uruguayos que residen en el exterior, se prevé que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE) tendrá la función de "resguardar los derechos ciudadanos y humanos" de éstos, y "fortalecer su pertenencia e identidad con su país de origen". A su vez, fomentará "la suscripción de convenios con Estados en los que residen nacionales uruguayos y garantizarles la igualdad de trato con los nacionales de esos Estados".

De la ley de migraciones, de enero de 2008, sólo se habían reglamentado hasta el presente dos artículos: el 76, que facilita el regreso de uruguayos en el exterior a través de medidas como la exoneraciones impositivas al ingreso de vehículos y herramientas de trabajo, y el 74 que regula la actividad de los Consejos Consultivos de uruguayos en el exterior.

 

    LEY DE ADOPCIONES, CERCA DE APROBARSE:
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que permite a parejas homosexuales y los hogares monoparentales la adopción de menores, mediante la modificación de diversas normas del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNYA). Antes de convertirse en ley, la iniciativa debe retornar al Senado donde se aceptarán unas ligeras modificaciones incorporadas por Diputados. En caso de que se convierta en ley el proyecto, nuestro país será el primero en América Latina en legalizar ese régimen. Además de la polémica en torno a la adopción por homosexuales, la ley abarca otros aspectos, como la centralización de los trámites en el INAU y la agilización del proceso de adopción. El debate se instaló en la sociedad desde la presentación misma del proyecto al Parlamento. Además de oponerse a que parejas homosexuales adopte, los nacionalistas no compartieron la centralización del nuevo régimen en el INAU.

El texto aprobado en Diputados elimina la diferencia entre adopción simple y plena pasando a ser todas de igual condición. Este proyecto elimina la condición de que los adoptantes deban estar casados para adoptar en forma plena. La modificación al texto propone un solo tipo de adopción para matrimonios, parejas y personas solas, valorando que tengan redes familiares para que el niño se inserte en una familia. El proyecto también innova en cuanto admite que las parejas de concubinos con un mínimo de cuatro años de vida en común y con apariencia de matrimonio, puedan adoptar.

 

    FACULTAD DE MEDICINA ACEPTO CON REPAROS INCORPORACION DEL CLINICAS AL SNIS: El Consejo de Medicina resolvió aceptar, con serios reparos, el convenio propuesto por ASSE para la incorporación del Clínicas al Fonasa. La mayor objeción pasa por la cifra económica asignada, la cual es considerada como insuficiente para cerrar el año del hospital. Ahora el Consejo Directivo Central de la UDELAR deberá ratificar el acuerdo al que se le plantearon algunas modificaciones, entre ellas que la firma del convenio queda condicionada al compromiso del gobierno de disponer de los recursos suficientes para que el Clínicas pueda culminar el año sin sobresaltos.

Los puntos "débiles" del convenio propuesto por ASEE son, para la Facultad, el financiamiento y la exigencia de formación de recursos humanos en base a las definiciones estipuladas por ASSE, considerado como una provocación. Lo medular y urgente del acuerdo está en el monto económico que el Clínicas recibirá al firmar el convenio. Si bien ASSE se compromete a transferir $ 70 millones anuales -en reconocimiento de la asistencia que el centro brinda a los usuarios de Salud Pública- el documento establece la vigencia del mismo a partir de julio de 2009, por lo que este año sólo recibirá $ 35 millones, monto considerado como insuficiente para poder hacer frente a lo que resta del año. La Comisión Directiva del Clínicas ya advirtió que el presupuesto para mantener abierto el hospital alcanza sólo hasta fines de septiembre.

Por ello el Consejo de la Facultad de Medicina resolvió condicionar la firma del convenio a que se pueda garantizar un complemento financiero hasta fin de año. Al acuerdo se lo considera en dos etapas: Primero se lo acepta en "líneas generales" - ya que recoge el objetivo de integrar el Clínicas al SNIS-, y en segundo lugar se buscará avanzar hacia una mejor complementación económica, para la que piden exista "voluntad en la negociación".

Otro de los puntos del convenio que despertó preocupación en los consejeros de Medicina fue el que establece la formación de recursos humanos en distintas especialidades, de acuerdo a la definición de necesidades dispuestas por ASSE. El Consejo de Medicina resolvió modificar este aspecto del convenio, para que sean el MSP y el sistema de salud en su conjunto y no sólo ASSE quien defina las necesidades de recursos humanos. Que el convenio esté atado a la formación de recursos humanos, no corresponde y llama la atención.

Según el documento de ASSE las prestaciones incluidas en el convenio y que el Clínicas se compromete a cumplir son aquellas vinculadas a la atención de CTI de adultos, cuidados moderados, consultas en emergencias e intervenciones quirúrgicas. El convenio dice que estos servicios formarán parte de la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (RIEPS), la cual será coordinada con ASSE y abarcará a todos los prestadores del subsector público. El convenio tendrá una vigencia de cinco años y será renovado automáticamente por períodos iguales.

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas de la Semana Que Paso: “DE ESTO TAMBIÉN SE HABLA”

CORTE ELECTORAL VALIDO LAS FIRMAS Y HABRA PLEBISCITO PARA ANULAR LEY DE CADUCIDAD: Luego del control de rutina, y con la discusión planteada en cuanto a si en caso de discordancia entre el número de credencial y el nombre de la persona, debía acudirse al registro patronímico o no contar la firma, la Corte Electoral dispuso que la anulación de la Ley de Caducidad sea planteada en ocasión de las elecciones nacionales de octubre. La Asamblea General contará ahora con plazo hasta el 28 de julio para plantear un proyecto alternativo que pueda ser plebiscitado en octubre. Habrá una única papeleta por el "Si" para anular la ley de caducidad, no habiendo papeletas por el "No". Para que se pueda reformar la Constitución es necesario el 50% de los votos más uno de los votos válidos, unos 1.100.000 sufragios, a los efectos de incorporar a nuestra Carta Magna una disposición transitoria y especial que anule los arts. 1 a 4 de la Ley.

PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD FRONTERIZA INGRESO AL PARLAMENTO:
El gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley que crea una "zona de seguridad fronteriza" de 20 kilómetros en la que sólo podrán ser propietarios de tierras las personas jurídicas estatales y personas físicas uruguayas. Las personas extranjeras tendrán que tramitar la nacionalidad uruguaya -en los plazos que se establecen- y en el caso de ser empresas tendrán que figurar con acciones nominativas o podrán optar por las excepciones marcadas en la ley de Sociedades Anónimas para las que coticen en Bolsa. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agazzi, dijo que Uruguay debe hacer un "blindaje fronterizo" para "preservar los movimientos, evitar el contrabando, las movilizaciones ilegales, porque junto con eso pueden venir riesgos que ya vinieron en los últimos años" y puso como ejemplo a la aftosa que "entró por la frontera seca (con Brasil) y por la frontera fluvial (con Argentina)". En la reglamentación de la ley quedará establecida exactamente la franja en la que se extenderá el control porque procurarán que una propiedad no quede dividida en dos partes. Además de limitar la tenencia de tierras, el proyecto de ley propone la creación de un registro de la propiedad, de los predios y de las actividades a través de declaraciones juradas para todos los establecimientos que están en la zona de seguridad.

PRESIDENCIA Anula multas a 17 laboratorios por "abuso de posición dominante", AUNQUE PROSIGUEN DEMANDAS CIVILES:
El presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, revocó una sanción impuesta en 2005 a un grupo de 17 laboratorios por "abuso de posición dominante", que había sido impuesta por la Dirección General de Comercio (DGC), dependiente del MEF, por no permitir el ingreso al mercado de una droguería que impulsó un nuevo sistema de descuentos.

La sanción se había aplicado a consecuencia de una denuncia presentada por la droguería Marbury SA, que comenzó a operar en octubre de 2003, y que promovió un mecanismo de rebajas de hasta el 45% en el precio al público de los medicamentos con receta. Ese sistema, denominado Cyberfarma, era más beneficioso que el utilizado por los 17 laboratorios (12 nacionales y 5 internacionales), los que junto a la mayoría de las empresas que operan en nuestro país, integran la firma "Farmadescuento", que mediante rebajas en los precios de lista, ofrece quitas de hasta el 20% que las farmacias trasladan a los clientes. Ante la aparición del nuevo competidor, Farmadescuento habría obligado a las farmacias a elegir entre ese sistema y el de Marbury, que apenas manejaba el 10% del total de medicamentos genéricos que se ofrecen en plaza. Los laboratorios también acordaron no vender sus productos a la nueva droguería, la cual se quedó sin proveedores ni clientes, por lo que cerró en abril de 2004. Esa actitud, según la DGC y el MEF, hizo que los laboratorios incurrieran en "abuso de posición dominante", figura prevista en la legislación sobre la "Defensa de la Competencia".

La decisión oficial de sancionar a los laboratorios que fuera revocada por Vázquez, está siendo analizada por el TCA, el cual debería confirmar o anular la multa dispuesta por la DGC y que fuera ratificada en su momento por el ex ministro de Economía Danilo Astori. La Fiscalía de lo Contencioso Administrativo ya se pronunció a favor de la legalidad de la sanción, y se espera que el fallo del TCA se conozca en los próximos meses, dijeron fuentes vinculadas al caso.

A su vez, ante la Justicia Civil, se está tramitando una demanda de Marbury, en la que reclama a los laboratorios de Farmadescuento una indemnización por "daños y perjuicios" y "lucro cesante" por casi US$ 8 millones. Mientras, en otro juzgado, un grupo de farmacias que denunció presiones de parte de los laboratorios, está desarrollando otro juicio donde se reclaman otros US$ 2 millones.

Piden la libertad de Yern y Sumasi:
El juez penal de 4° Turno, Eduardo Pereyra, estudia el pedido de libertad provisional para los contratistas Edward Yern y Luis Sumasi, quienes fueran procesados con prisión acusados de financistas de embarques de droga de una red desarticulada por la Operación Cancerbero el año pasado. Los pedidos de libertad fueron presentados al fiscal Fernández Dovat por la defensa de los procesados y el fiscal expresó su conformidad. De todos modos, la excarcelación de Yern y Sumasi debe ser resuelta por el juez Pereyra en un plazo no mayor a los 45 días.

CASO CASINOS MUNICIPALES:
El fiscal penal Diego Pérez, pidió a la jueza Fanny Canessa la citación de Mario Areán, ex secretario privado del ex intendente y actual senador Mariano Arana, para interrogarlo en el expediente que investiga las irregularidades en los casinos municipales entre los años 2000 y 2005, caso por el que fueron procesados el ex director de la repartición Juan Carlos Bengoa y otras cuatro personas. La solicitud del fiscal se debe a que Bengoa aseguró ante la sede judicial que Areán intervino en varias negociaciones que la comuna desarrolló con operadores privados de casinos. Bengoa declaró que por orden del entonces intendente Mariano Arana, su secretario privado participó directamente en el proceso de apertura de la sala de Hotel Oceanía, en cuya sala se instalaron varios slots que provocaron pérdidas para la comuna. Sin embargo, en un careo realizado en el pasado mes de marzo entre Arana y Bengoa, Arana dijo que no recordaba haber dado esa orden a su secretario privado.

Asimismo el Fiscal Diego Pérez solicitó la realización de un careo entre Arana y Muñoz, en virtud de la existencia de varias contradicciones en sus declaraciones en el juzgado. Los principales elementos que presentan dudas al fiscal, es que en su testimonio, Arana dijo que estaba al tanto del déficit que arrojaban las salas de juego municipales, mientras que Muñoz aseguró que las máximas jerarquías no tenían información al respecto, ya que el asunto era manejado exclusivamente por Bengoa, quien se desempeñaba como director de la repartición.

Por otro lado, las defensas de Juan Carlos Bengoa, Orestes González, José Luis Antúnez y Felipe Ruiz, todos procesados con prisión por éste caso, estaban a la espera de la resolución a dictarse por el Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno, el cual deberá pronunciarse sobre la excarcelación del funcionario municipal Gustavo Dalmonte -a quien le fue imputado el delito de menor gravedad- para luego solicitar ese beneficio para sus defendidos. La jueza Canessa le otorgó la libertad, pero el fiscal Diego Pérez apeló esa decisión.

POR ABUSO DE FUNCIONES, PROCESARON CON PRISION A IRINEU RIET CORREA:
El pasado miércoles fue procesado con prisión por un delito de abuso de funciones Irineu Riet Correa, dos veces Intendente de Rocha. La defensa del procesado, a cargo de Fernando Doutur anunció que apelará el fallo. La fiscal del caso, Gabriela Sienra, había solicitado el procesamiento tras las investigaciones que estaban en curso por diversas denuncias por hechos acaecidos en la última administración Riet, quien se proclamó precandidato presidencial para las internas del 28 de este mes por el Partido Nacional. El procesamiento se basó en un fideicomiso aprobado por el hoy procesado, pero que nunca se concretó, que consistía en traspasar a privados el cobro de créditos municipales a cambio de diferentes obras en la comuna; así como por pagos de viáticos a funcionarios municipales, considerados excesivos, como forma de compensación, para quienes estaban al servicio de los planes coordinados entre el Instituto Nacional de Alimentación y la Intendencia en la distribución de las canastas de alimentos y por la esponsorización de empresas en la costa del balneario La Paloma tras un llamado a empresas sin la licitación correspondiente.

El abogado defensor de Riet, destacó que en el fallo "se reconoce que no hubo perjuicios económicos para la Intendencia, ni enriquecimiento ilícito" del ex intendente. La apelación sostendrá que es equivocada la apreciación de la prueba en el caso y que esta fue, "un exceso del magistrado" lo que "se demostrará en la apelación". Asimismo afirmó que el delito de abuso de funciones, es un "delito abierto, una figura del código Rocco de la década de 1940, cuestionado por la gran mayoría de los juristas de nuestro país" y recordó que hay un proyecto de ley para modificarlo porque, como esta formulado "se presta a cualquier arbitrariedad".

Resumen de Noticias: “DE ESTO TAMBIÉN SE HABLA”

FISCALIAS ANTIMAFIA SIN FISCALES A CARGO: El Fiscal de Corte, Rafael Ubiría, dejo sin efecto las designaciones provisorias de los fiscales Ricardo Perciballe y Mónica Ferrero, como titulares de las fiscalías especializados en crimen organizado. A raíz de esta resolución, desde el mañana (lunes 4 de mayo) los turnos de las fiscalías especializadas serán cumplidos en forma alternativa por los fiscales penales que se encuentren de turno. Esto generará que un mismo caso sea analizado en un breve lapso por dos letrados, provocando disfunciones en el servicio. Los fiscales Perciballe y Ferrero habían sido designados en diciembre de 2008 para ocupar interinamente estos cargos, mientras seguían realizando su trabajo para las fiscalías penales (de 1º y 9º Turno). Es una situación que deberá ser remediada a la brevedad, siendo que el principal perjudicado por esta falla en el sistema es el ajusticiable.

CASO TRONCOSO CON MDN, SENTENCIA FAVORABLE AL ESTADO La Sra. Juez de lo Contencioso Administrativo, Cristina Cabrera, desestimó ayer el reclamo contra el Estado deducido por Ana María Troncoso en razón de que no había agotada la instancia administrativa preceptiva para poder acudir a la justicia, así como en el hecho de que habían transcurrido el plazo de 4 años para demandar al Estado. Esto provoco un ahorro para el Estado de una suma cercana a los 245 millones de dólares. Troncoso había accionado contra el Estado en virtud de que se le había otorgado un permiso para prestar servicio de televisión para abonados en Montevideo, San José y Canelones. En 1993 el MDN cesó esa habilitación, decisión que luego fue anulada, para finalmente en el año 1998, la resolución revocatoria fue confirmada por el TCA. Además de la falta de agotamiento de la vía administrativa y del plazo de prescripción establecido para accionar contra el Estado, la Dra. Cabrera señaló que los permisos son de carácter precario y provisorio, no pudiendo luego hacer derivar esa situación un daño indemnizable en la eventualidad de que sea cesada la autorización que obtuvo.

CASO CUDIM, EQUIPOS PET: La Dra. Gatti, solicito al Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) que le envíe toda la documentación existente en relación con la compra de los equipos de tecnología PET, adjudicados a la empresa General Electric. La denuncia había sido presentado por el Dr. Gustavo Salle, denuncia a la cual se plegó también la empresa CONATEL, representante de SIEMENS en nuestro país (además de los recursos administrativos presentados por ésta firma y Terra Ingenieros-IBA, empresas que se presentaron a la licitación del CUDIM).

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CONSTATO OMISIÓN DE ASISTENCIA EN EL CASMU: Las inspecciones realizadas por el MSP en las instalaciones del CASMU en las que los funcionarios abandonaron sus tareas por las medidas gremiales adoptadas, constataron posibles conductas calificables en el delito de omisión de asistencia previsto por nuestro Código Penal. El MSP esta estudiando denunciar el hecho ante la Justicia Penal (cosa que ya realizó la Junta Directiva del CASMU la semana pasada).

PLEBISCITO, LEY QUE PRETENDE MODIFICAR LA FORMA DE CONTRALOR DE LAS FIRMAS PRESENTADAS: El Frente Amplio intentará votar una ley que modifica la forma en que la Corte Electoral controlará las firmas para el plebiscito contra la ley de Caducidad. De las 340.043 firmas presentadas, se precisan 260.000 para que se realice el plebiscito en las próximas elecciones nacionales a celebrarse en el mes de octubre. Según el proyecto de ley, la Corte Electoral estará obligada a recurrir al Registro Patronímico (electrónico) cuando haya inconsistencias, errores u omisiones en las series y números o en los nombres de los firmantes. El objetivo es que estos errores no tengan "inmediato rechazo" y que "las trabas burocráticas" no restrinjan el derecho de los ciudadanos, dice el proyecto.

DENUNCIA POR DIFAMACIÓN AL PERIODISTA ALVARO ALFONSO: El edil frenteamplista Carlos Tutzó denuncio penalmente al periodista Álvaro Alfonso, por el delito de difamación. La denuncia se funda en que en el libro publicado por el periodista "Los Secretos del Partido Comunista del Uruguay", éste sostuvo, en base a informantes comunistas, que Carlos Tutzó colaboró con la dictadura en los años 1973 a 1985. Alfonso se negó a retractarse y en la audiencia celebrada la pasada semana, la fiscal penal Ana Tellechea, consideró que existen elementos para someter a proceso penal al periodista, dado que no logró probar la veracidad de sus dichos. En los próximos días el Juez Vomero fijará una nueva audiencia en la que resolverá si hace lugar o no al requerimiento de la fiscalía.

DENUNCIA PENAL POR IRREGULARIDADES EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES; El Edil del Partido Nacional, Daniel Graffigna afirmó que presentará a la Justicia Penal sus denuncias sobre irregularidades cometidas por una organización de empleados de Necrópolis (de la IMM) que estarían vendiendo ilícitamente panteones en los cementerios, mediante la falsificación de los títulos de propiedad y el "vaciamiento" de tumbas abandonadas o con deudas.

CASO CASINOS IMM: La Intendencia Municipal analiza iniciar una demanda por rescisión contractual más daños y perjuicios contra las empresas arrendadoras de los slots, tras la incautación el pasado 29 de abril, por parte del Juzgado de Aduanas, de 170 máquinas que se encontraban en los Casinos Municipales. Estas máquinas, que operan desde el año 2003, generaron un conflicto entre el Juez de Aduanas Gustavo Pini y el Director Nacional de Aduanas, Ricardo Prato. Este año, Pini denuncio penalmente a Prato por considerar que le oculto información sobre los slots que funcionaban en los casinos de la IMM, sin documentación en regla. Pini fue trasladado por la Suprema Corte de Justicia a un puesto administrativo y el expediente aún no tiene resolución judicial.