Fuente: Diario El País.
CASO CURBELO TAMMARO. OPERACIÓN "CAMPANITA": El Dr. Miguel Langón, abogado defensor de Carlos Curbelo Tammaro, presento apelación el pasado jueves contra la decisión del juez penal Federico Álvarez Petraglia por la cual fue procesado por el delito de asistencia al lavado de activos. Uno de los aspectos del agravio es la aplicación de la figura del "colaborador", dado que consideran que esa técnica de investigación, incluida en la ley 18.494, puede ser aplicada exclusivamente por los juzgados especializados en crimen organizado y no por una sede penal común como la que dispuso el enjuiciamiento del penalista. Por otro lado, en la apelación se planteará que las escuchas telefónicas que incriminan a Curbelo Tammaro fueron hechas sobre conversaciones que el abogado mantuvo con una persona que él defendía, lo que viola el secreto profesional.
La defensa de Carlos Curbelo Tammaro denunció que existieron presiones del director de la Brigada Antidrogas, Julio Guarteche, para que una persona vinculada con la "Operación Campanita" declarara contra el abogado. Por ese motivo, la defensa de Curbelo pidió se realice un careo entre Guarteche, el director de la Secretaría Antilavado de Activos, Ricardo Gil, y Curbelo Tammaro, para establecer la forma en que se logró "el cambio" de las declaraciones de la persona que se prestó como "colaborador" y que incurrió "en múltiples contradicciones" que terminaron perjudicando al penalista enjuiciado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA OBLIGA AL FNR A SUMINISTRAR MEDICAMENTOS ORIGINALES: Una reciente sentencia dictada por el TAC 2º condenó al Fondo Nacional de Recursos (FNR) a financiar a seis pacientes de esclerosis múltiple costosos fármacos de laboratorios internacionales, revocando la sentencia de primera instancia del juez de lo Contencioso Administrativo, Adolfo Fernández de la Vega.
La acción de amparo presentada por los pacientes solicitaba que se condenara al FNR a brindarles los medicamentos recetados por los médicos tratantes y no las copias genéricas que otorga el organismo. El TAC 2º determinó que el FNR es el responsable de probar que los medicamentos que proporciona (copias genéricas) son tan buenos como los originales que les fueron recetados a los pacientes. Los medicamentos originales son los que "mejor configuran una opción terapéutica adecuada" porque han sorteado exhaustivos procesos de elaboración y testeos internacionales en Estados Unidos y la Unión Europea.
La Resolución expresa que los medicamentos reclamados por los actores son biotecnológicos, por lo tanto no son genéricos como los puramente químicos cuya copia puede lograrse con relativa facilidad, sino que al ser biológicos necesitan estudios y análisis clínicos a efectos de probar no la similitud química sino la biológica. Un medicamento biosimilar puede contener impurezas o residuos no determinables a priori por métodos analíticos.
El fallo del TAC expresa que el FNR discrimina a sus pacientes, ya que hasta 2008 brindó medicamentos originales para el tratamiento contra la esclerosis múltiple. El FNR no cuestiona la eficacia de los medicamentos reclamados al punto que también los financia para determinados pacientes que los venían recibiendo de sus mutualistas conforme al régimen anterior, lo cual es contradictorio con su actual postura que, sin explicación alguna, niega para los nuevos usuarios el derecho a ser tratados con otros medicamentos que no sean los elaborados por el laboratorio Clausen. Esa situación representa "una postura discriminatoria del FNR" porque todos los pacientes tienen derecho a recibir la mejor medicación, ya que no tienen "por qué aceptar copias de medicamentos por el sólo hecho de vivir en Uruguay".
La Sentencia otorga un plazo de cinco días al FNR para comenzar a brindar los medicamentos reclamados por los pacientes porque, en caso contrario, se aplicará una multa de 100 UR diarios.
ESTUDIAN IRREGULARIDADES EN UN CONVENIO FIRMADO POR LA DGI: Eduardo Zaindensztat, ex director de la DGI, fue citado para el próximo lunes ante la Juez especializada en crimen organizado, Graciela Gatti, en el marco de una denuncia presentada por presuntas irregularidades cometidas por el jerarca, en un convenio firmado bajo su gestión con la empresa Caribeño S.A.
En octubre de 2003, la DGI firmó un convenio con Caribeño S.A. -empresa que se dedica a la distribución de agua mineral y refrescos- en el que se omitió actualizar la deuda, por lo que el monto acordado fue sensiblemente menor al que realmente correspondía (12 millones de pesos menos que lo que correspondería). Esa situación motivó que el organismo dispusiera el inicio de una investigación administrativa, la cual todavía está en trámite.
De acuerdo con lo que pudo probar el organismo recaudador en su investigación interna, la irregularidad ocurrió luego de que se modificara el programa informático. De esa situación se acusó a un funcionario, que indicó que recibió la orden de una directora de área, quien a su vez dijo no recordar el episodio, pero señaló que seguramente debe haber recibido un mandato de otros jerarcas superiores a ella, entre quienes mencionó a Zaindensztat. El abogado del ex jerarca, Gustavo Bordes, afirmo que no le consta que su cliente tenga la condición de indagado en el expediente a cargo de la jueza Gatti.
LUEGO DE LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD, PROSIGUE INDAGATORIA EN CASO QUE INVESTIGA LA MUERTE DE NIBIA SABALSAGARAY: Luego de que a mediados de octubre la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Caducidad aplicada a la investigación por la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, la Justicia retoma la indagatoria y en breve habrá nuevas citaciones en el Juzgado penal. Oficialmente, las Fuerzas Armadas señalaron que Sabalsagaray se suicidó estando detenida. Sin embargo, los golpes que presentaba el cuerpo motivaron las dudas respecto a esa versión.
Gracias al pronunciamiento de la Corte, el Juez Vomero y a la fiscal Guianze podrán citar a declarar a efectivos militares en calidad de indagados, y no como testigos como ya lo habían hecho con varios oficiales. Entre las personas que la fiscal pretende interrogar se encuentra el General en actividad Miguel Dalmao, que siendo alférez encontró el cadáver de Sabalsagaray en un calabozo del Batallón de Ingenieros N° 5. Dalmao declaró en 2007 en esta causa, aunque lo hizo a través de un exhorto escrito, debido a que se trata de un militar en actividad. Ahora, la fiscal Guianze pidió al juez Vomero que lo cite al Juzgado con un abogado defensor.
PLANTEAN NUEVA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD A LA LEY DE CADUCIDAD: La fiscal Mirtha Guianze presentó una nueva acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad, en el marco de la causa por la desaparición del maestro y periodista Julio Castro, registrada el 1° de agosto de 1977. La solicitud fue presentada en el juzgado a cargo de Juan Carlos Fernández Lecchini, donde el expediente se encuentra archivado desde 1985. Como consecuencia de la solicitud fiscal, el Juez deberá desarchivar el caso y elevarlo a la SCJ para que se pronuncie.
DENUNCIA CONTRA TABARE VIERA: El ex intendente de Rivera y actual senador electo por el Partido Colorado Tabaré Viera, responderá por escrito una serie de preguntas de la Justicia por una denuncia en su contra por presuntas irregularidades en la licitación de un casino en ese departamento durante su administración municipal. La denuncia contra Viera abarca además a su pareja -que es escribana de profesión- y a otros dos jerarcas municipales.
El denunciante es un hombre que pretendió abrir una sala de slots irregulares a quien la comuna le clausuró el emprendimiento y denunció penalmente. El denunciante alegó que la pareja del ex intendente es la escribana de la persona que ganó la licitación, por lo que vincula a Viera y otros jerarcas de su entorno en el llamado.
El abogado de Viera, Jorge Barrera, presentó ayer un escrito ante el juez Gustavo Iribarren pidiendo que le envíe un interrogatorio por escrito a su cliente, en virtud de sus fueros parlamentarios. Barrera expresó que el proceso de licitación del hotel y casino corrió por cuenta de los ministerios de Economía y Turismo, por lo que "la denuncia es absolutamente infundada". El abogado señaló que la pareja de su cliente fue contratada por quien ganó la licitación para escriturar otra propiedad que nada tiene que ver con el casino.
LA EMPRESA METZEN & SENA SE DECLARO EN CONCURSO: Los trabajadores de la fábrica Metzen & Sena ocuparon el pasado miércoles la planta, tras declararse la empresa en concurso. Según trascendidos, en los últimos cinco meses, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) prestó US$ 4,5 millones a la empresa. Aparentemente la empresa no contaba con las garantías para seguir recibiendo apoyo de la CND y por ello presentó el concurso.
Los trabajadores de la empresa, reunidos en asamblea, resolvieron que la fábrica continuara funcionando gestionada por los empleados. Luego solicitaron a los accionistas y a la gerencia que abandonaran la planta.
Según el Director de la CND, se solicitó a los inversionistas de la empresa que garantizaran la creación de un fideicomiso con la presentación de bienes por un valor de US$ 35 millones. Al no presentarse esas garantías, uno de los accionistas pidió el concurso.
El gremio de trabajadores espera que, en los próximos días, el gobierno designe a un síndico para que se encargue de la administración de la empresa, dado que a su entender la empresa es viable.
MTSS INTERVINO Y LOGRO DESTRABAR CONFLICTO DE LA SALUD: El MTSS logró destrabar el conflicto en la salud privada en torno al régimen laboral de cuatro días de trabajo y un franco. El acuerdo tripartito -sobre una propuesta de la DINATRA- establece que a partir del próximo 1° de enero las mutualistas deben instrumentar la nueva semana laboral para su personal. Sin perjuicio de ello, el MTSS abrió un plazo hasta el 3 de mayo de 2010 para que las empresas completen la inclusión de todo los trabajadores en el sistema de "cuatro y uno", el cual había sido acordado en la ronda de los Consejos de Salarios, en 2008.
El MTSS dispuso la creación de una comisión tripartita que velará por el cumplimiento del acuerdo; en primera instancia ya se fijaron dos sesiones de la comisión previstas para el 3 de marzo y el 3 de mayo del año próximo. Se resaltó que el "cuatro y uno" es fundamental para que los trabajadores logren mejores condiciones de trabajo y eviten cuadros de estrés. El sindicato de trabajadores estimó que el nuevo régimen laboral beneficiará a unos 10.000 trabajadores, es decir el 50% de los afiliados a la FUS.
SE ARCHIVO DENUNCIA DE OMISION DE ASISTENCIA CONTRA FUNCIONARIOS DEL CASMU EN OCASIÓN DE LAS MEDIDAS GREMIALES: A pedido del fiscal penal Ariel Cancela, el juez Alejandro Guido archivó la denuncia por presunta "omisión de asistencia" presentada por la Directiva del Casmu contra un grupo de 60 funcionarios que, meses atrás, en el marco de un conflicto, abandonaron sus puestos de trabajo en diversas áreas, como el CTI.
Esa decisión derivó en que la mutualista, patrocinada por el abogado Jorge Barrera, llevara el caso a la Justicia Penal, reclamando que se indagara a los funcionarios por un posible caso de "omisión de asistencia" derivada de la medida gremial. Luego de completar la instrucción del caso, el fiscal Cancela pidió el archivo del caso al concluir que no existen méritos para atribuir responsabilidad penal a los denunciados, motivo por el que en los últimos días el magistrado clausuró el expediente.
El abandono funcional que hubo fue tomado de manera tal que se tomaran las providencias del caso para que los pacientes fueran atendidos, y en algún caso los enfermeros se quedaban si había que atender a algún paciente, señaló el fiscal. Cancela expresó asimismo que la medida llevada a cabo por los trabajadores "es un derecho gremial" que fue implementado de manera tal que "tomaron las medidas necesarias para no dejar sin atención a los pacientes".
