lunes, 29 de noviembre de 2010

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

CONFLICTO EN ADUANAS. SEÑAL DE PREACUERDO: El Gremio de Aduaneros y el Ministerio de Economía llegaron a un preacuerdo por el cual éste último aceptara seguir repartiendo el fondo de decomisos entre los funcionarios y quitarle los beneficios extra a los 50 paraestatales no aduaneros.

Los aduaneros reclamaban que se mantuviera un beneficio que perciben desde 1936 (un fondo de decomisos y multas que se reparte entre todos los funcionarios) y que se regularizara la situación de 50 funcionarios paraestatales que habían llegado de otras dependencias del Estado y que, percibiendo los incentivos de Aduanas, tenían haberes muy superiores, por tener topes salariales más elevados.


 

CONFLICTO MEDICO. SEMANA CON INCIDENTES, AVANCES Y RETROCESOS: Cuando todo parecía indicar que comenzarían las huelgas de los médicos (las Sociedades Anestésico Quirúrgicas y la Federación Médica del Interior, con la posibilidad de que se plegara desde el viernes el Sindicato Médico del Uruguay), se llegó a un principio de acuerdo por el cuál no se llevaron adelante las medidas de lucha (salvo las SAQ quienes levantaron la huelga el miércoles). La iniciativa del gobierno apunta al mantenimiento de las prestaciones que brindan las cajas aunque de forma complementaria al FONASA. Además el proyecto fija un aporte gradual de los usuarios que destinarán un porcentaje de sus salarios al Fonasa y otro a las Cajas de Auxilio.

Los médicos reclamaban la postergación de la desaparición inmediata de las cajas de auxilio así como el tener que "pagar por encima de lo que paga el resto de los trabajadores por el mantenimiento de las prestaciones de las cajas".

Previo al inicio de la reunión con el Ministro, los representantes de las SAQ fueron agredidos verbal y físicamente por un hombre que alegaba ser integrante del Movimiento de Usuarios de Salud Pública, sector con representación en la Junta Nacional de Salud (JUNASA). Vera se retiró del lugar previo a la reunión y responsabilizó al gobierno y al MSP de pergeñar el incidente. Tras la reunión, Olesker repudió lo sucedido, y afirmó respecto del agresor que "Sabemos que es una persona que no pertenece a los movimientos de usuarios".

El proyecto que presentó el gobierno prevé el ingreso de los beneficiarios de las Cajas de Auxilio al Fonasa, pero su aporte al seguro estatal de salud será gradual. Durante cuatro años un porcentaje del aporte irá para al Fonasa y el resto para financiar a las Cajas de Auxilio, que se deberán transformar en servicios complementarios de salud para brindar las prestaciones que el Fonasa no ofrece, entre ellas el subsidio por enfermedad que cubre el 100% del salario del trabajador mientras éste se encuentre en inactividad.

A partir de 2015 las Cajas de Auxilio deberán financiarse con "recursos extras" que deberán ser definidos en su momento. El Fonasa obtiene unos US$ 40 millones anuales con el ingreso de las Cajas de Auxilio.


 

ESTUDIAN IRREGULARIDADES EN ITF: El juez penal Eduardo Pereyra y el fiscal Juan Gómez iniciaron la investigación por presuntas irregularidades cometidas por el médico forense Guido Berro, durante su gestión al frente de la Morgue Judicial del Instituto Técnico Forense (ITF) y que fueron constatadas en una investigación administrativa iniciada en 2008 por la Suprema Corte. Hace 15 días, la Corporación dio cuenta al juez Pereyra sobre las presuntas irregularidades que implican a Berro, con el objetivo de establecer si hubo o no delito.

Entre los citados se encuentran funcionarios de la Morgue Judicial, jerarcas de la SCJ que tuvieron a su cargo la investigación administrativa y representantes de empresas funerarias privadas. La investigación administrativa de la SCJ determinó que Berro habría utilizado las instalaciones de la Morgue Judicial a fin de realizar embalsamientos para empresas privadas, los cuales tienen un costo aproximado de US$ 400. A su vez, de acuerdo con la investigación de la SCJ, Berro también habría extraído órganos "blandos" (cerebro, corazón, entre otros) de cadáveres que se encontraban en la Morgue Judicial para realizar prácticas con estudiantes de la Facultad de Medicina del Claeh de Maldonado, donde se desempeña como docente. Berro negó públicamente las acusaciones, y señaló que no tiene dudas respecto a que el tema se va a aclarar.


 

ACCION DE AMPARO DE TRABAJDORES DEL CAP. JUEZA AMPARO DEMANDA: La jueza laboral Mónica Pereira hizo lugar a la acción de amparo presentada por los trabajadores que no forman parte del sindicato del Consorcio Ambiental del Plata (CAP), obligando al sindicato de trabajadores de la empresa a "cesar las conductas de hostigamiento y coacción" hacia los empleados no agremiados que quieren desarrollar sus tareas. El conflicto, desatado por una minoría sindicalizada que reclama mejoras salariales y de condiciones laborales, llevó a una paralización que afectó sensiblemente la limpieza de las zonas donde la empresa tiene la concesión para ocuparse de la recolección de la basura.

Los funcionarios que expresaron su intención de no parar y desarrollar sus tareas de forma normal, fueron agredidos y amenazados por los huelguistas. Esa situación -a raíz de la cual incluso se presentaron denuncias policiales- llevó a los trabajadores no agremiados a recurrir a la Justicia para que a través de una acción de amparo, se asegurara su derecho a trabajar de forma normal. De esa forma, quienes no se adhieren al paro, han visto afectado su derecho a la libertad y al trabajo, previstos en los artículos 53 y 54 de la Constitución de la República. Esa vulneración de derechos "se realiza con ilegitimidad manifiesta, en tanto las medidas de agresión exceden el normal ejercicio del derecho de huelga"… "la parte demandada (el sindicato de CAP) no está dispuesta a buscar un punto de equilibrio que comparta el respeto de la posición de aquellos que disienten con la medida adoptada. No existe posibilidad de conciliación y equilibrio de los derechos".

Por ese motivo, para la jueza, las medidas de lucha adoptadas por los trabajadores agremiados son "desproporcionadas y vulneran" los derechos de quienes sí quieren "desarrollar la función para la cual fueron contratados, poniendo en riesgo la propia fuente de trabajo y la percepción de su salario". Por otro lado, la jueza Pereira cuestionó la actitud del sindicato de CAP, que no se presentó ante la sede judicial, teniendo así "una actitud omisa frente al presente proceso".

En los últimos años se han registrado una decena de fallos donde se amparó el derecho de los trabajadores no sindicalizados. En esos casos, a diferencia del relativo a CAP, siempre se trató de situaciones de empresas ocupadas, pero la esencia de este nuevo fallo sigue siendo la misma: el respeto de la voluntad de quienes no están de acuerdo con las medidas de lucha y quieren desarrollar normalmente sus tareas.


 

SEMANA DE COONFLICTO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES: La pasada fue una semana muy atípica en lo que refiere al funcionamiento de las oficinas del Poder Judicial. El normal funcionamiento de las oficinas se vio afectada por asambleas y paros, lo que provoco un retraso en el normal cumplimiento de las tareas para las Sedes Judiciales, así como para nosotros, profesionales.

En reclamo de mejoras salariales, los funcionarios judiciales (AFJU) ocuparon el pasado martes la Suprema Corte de Justicia. Luego de cinco horas y media, se levantó la medida en forma pacífica tras la intervención policial y gestiones con legisladores del FA.

Los funcionarios reclaman que el Senado modifique el Presupuesto asignado al Poder Judicial para el quinquenio, que implicaría un aumento de $ 500 en todo el gobierno para los sueldos más bajos. Para cambiar esa situación y evitar "inequidades" salariales, piden un incremento de unos $ 4.000 en los próximos cinco años, a través de una partida extraordinaria de $ 280 millones.

A pedido de la SCJ, sobre las 19:30 media docena efectivos de la Seccional 2° llegaron al lugar con el objetivo de lograr la desocupación del edificio. Minutos más tarde, la presencia policial se vio reforzada con otros diez policías del Grupo Especial de Patrullaje. A la hora 20, el jefe de Policía de Montevideo, Walder Ferreira, se hizo presente en el lugar y se acercó a la puerta de la SCJ. A las 20:30 llegó al lugar el diputado Carlos Gamou (CAP-L). Ingresó al edificio y mantuvo una charla con los funcionarios. Minutos después también arribaron los diputados Julio Bango y Elena Laurnaga (ambos del Partido Socialista) y se sumaron al diálogo con los trabajadores. Media hora más tarde, los tres legisladores se retiraron y anunciaron que habían transmitido a los funcionarios la intención del Frente Amplio de analizar la situación en los próximos días antes de que el Presupuesto se apruebe en el Senado, y por ese motivo se levantaría la ocupación.

El miércoles los trabajadores se reunieron con el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, para dialogar sobre la instalación del ámbito de negociación colectiva, reclamado por el sindicato. A las 15, fueron recibidos por la bancada de senadores del Frente Amplio. Ambas gestiones se dieron en el marco de un paro.


 

ANTECEDENTES DE MENORES: El gobierno propone "suspender" la aplicación de un artículo del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) que obliga a destruir los antecedentes de los menores al cumplir los 18 años. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció en el Consejo de Ministros que se enviará al Parlamento un proyecto de ley estableciendo una "suspensión" (sin fecha de finalización) del artículo 222 del CNA. El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, anunció oficialmente la intención del gobierno y sostuvo que "la medida ha sido respaldada por organismos como Ielsur, Serpaj y el Comité Interamericano de los Derechos del Niño de ONU".

Sin embargo, Mauro Tomasino, coordinador del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), dijo que "El gobierno nunca tuvo ningún diálogo con nosotros" y desmintió las afirmaciones del secretario. "Estamos desconcertados; no sabemos de dónde sacó eso Breccia". Además puntualizó que el Serpaj está "absolutamente en desacuerdo" con la iniciativa del gobierno. Lo mismo sucedió con el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). Su presidente, Luis Pedernera, expresó: "Nuestra posición es la misma que la del Comité de Derechos del Niño, y está muy lejos de ir en la línea de reforzar los sistemas penales. No recibimos ninguna consulta ni hablamos de esto con el gobierno".

A nivel judicial se considera que la propuesta del gobierno es inaplicable. El juez penal Ricardo Míguez afirmó que "por ley, ningún menor tiene antecedentes penales. Se entiende que el menor es inimputable; es decir, que no tiene madurez para discriminar los perjuicios que causa su acción"; por ello, "no procede considerarlos para juzgar a un adulto". Los antecedentes se toman en cuenta en los adultos "para evaluar su peligrosidad y a solo efecto de determinar si el procesamiento será con o sin prisión". "Sería distinto", añadió, "si se decidiera bajar la edad de imputabilidad; en ese caso, sí valdría tener los antecedentes".

Bonomi anunció también que se pretende contar con un instituto de contención de menores infractores o, eventualmente, lograr la ampliación de las instalaciones de la Colonia Berro. "Hay que dar contención física y psicológica, tratando de rehabilitar efectivamente a los menores. No se pueden rehabilitar si están escapándose continuamente", explicó Breccia.