lunes, 8 de marzo de 2010

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 1 AL 5 DE MARZO DE 2010).

ACORDADA 7677 SCJ DETERMINA ALCANCE NOTIFICACIONES PROCESOS LABORALES:
Publicada en el Diario Oficial el 4 de marzo (Nº 27929): Por la cual se amplía la Acordada 7676 de la SCJ relativa a los plazos de notificaciones en los Procesos Laborales que se rigen por la nueva Ley 18.572.

    Por la Acordada que comentamos se establece que las notificaciones que están comprendidos en el régimen de la Acordada 7676 refieren exclusivamente a los procesos laborales de instancia única (o menor cuantía) regidos por los arts. 19 a 23 de la Ley 18.572; rigiéndose en consecuencia las restantes notificaciones por los plazos generales.


 

ACORDADA 7678 SCJ PRORROGA COMPETENCIA JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 4º TURNO:
Publicada en el Diario Oficial el 4 de marzo (Nº 27929): Por la cual se prorroga la competencia de exclusividad asignada al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4º Turno (establecida por Acordada 7655 del 5 de agosto de 2009), el cual conocería de todos los asuntos de su competencia que se iniciaren desde la fecha de su creación hasta el 31 de marzo de 2010.

Por la Acordada que comentamos se prórroga la competencia de exclusividad del Juzgado creado para el período 1 de abril a 30 de setiembre de 2010.

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas de la Semana Que Paso: “DE ESTO TAMBIÉN SE HABLA”

Fuente: Diario El País.

ASUNCION DE JOSE MUJICA COMO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. DISCRUSO Y PRIMERAS IMPRESIONES: Las primeras palabras de José Mujica en su rol de presidente de la República, causaron buena impresión entre los representantes empresariales. El mensaje ante la Asamblea General en ocasión de su asunción, donde delineó las metas del Gobierno entrante, fue visto positivamente por los representantes empresariales. Alfonso Varela. Presidente de la Cámara de Comercio, rescató los mensajes de apertura económica, integración regional, y de búsqueda de mejora de la calidad de vida de la población, así como la apuesta al desarrollo y desafío empresarial.

El presidente de la Cámara Mercantil, Christian Bolz, expresó que el de Mujica fue un discurso que llama a la unidad de los uruguayos, que convoca a políticas de Estado, que convoca a toda la sociedad a superar problemas que le son comunes, y que los lineamientos generales del presidente Mujica trazó son plenamente compartibles.

Sin embargo la llama de la polémica se encendió el martes pasado cuando, en su recorrida por los diferentes Ministerios, Mujica anunció que no habría más ingresos al Estado de funcionarios y cuestionó duramente el sistema de concursos empleados hasta el presente porque se prestan para el "acomodo". Afirmó que el Poder Ejecutivo no tiene previsto enviar al Parlamento un proyecto de ley que impida el ingreso de nuevos funcionarios públicos, "porque cuando se han mandado leyes, después terminan entrando por la ventana y asumen derechos adquiridos y ganan más que los que ya están".

Frente a las declaraciones de Mujica, luego de la reunión del Gabinete Productivo, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, y el subdirector de la OPP, Conrado Ramos, aclararon el miércoles que el Estado seguirá contratando personal. Conrado Ramos, dijo que Mujica no quiso decir que no habrá más ingresos de personal al Estado. No cree que Mujica "haya estado queriendo decir que se va a cerrar el ingreso a la Administración Pública. Lo que está diciendo es que no habrá acomodos, no que se va a cerrar el ingreso. Hay que buscar nuevos perfiles de gente, hay que rejuvenecer la administración. Yo lo he hablado con él y (cortar las entradas de personal) no es la idea", señaló.

Respecto del mecanismo de concurso, Brenta expresó que es un mecanismo válido, aunque se debe profundizar, perfeccionar, mejorar, y transparentar el sistema.


 

INFORME FINAL DE LA ONU SOBRE SITUACIÓN CARCELARIA EN NUESTRO PAIS: El informe, elaborado por el relator especial de la ONU sobre torturas, Manfred Nowak, tras su visita en 2009 a Uruguay, dice que la situación carcelaria del país es crítica. Expresa que las condiciones de reclusión en las prisiones han venido deteriorándose paulatinamente en los últimos años y el hacinamiento se ha convertido en un grave problema en la mayoría de ellas. Las condiciones de reclusión en dos de las prisiones visitadas eran espantosas, refiriéndose, por ejemplo, al penal de Libertad, un "símbolo infame" de la dictadura (1973-1985), que "20 años después, con un gobierno democrático", presenta "condiciones infrahumanas en flagrante violación de las normas internacionales".

El informe expresa que en el penal de Libertad "los internos se hacinan como animales enjaulados (...) solo pueden salir de las celdas un máximo de cuatro horas a la semana (...) tienen restringido el acceso al agua, lo que los obliga a beber del retrete (...) y para satisfacer sus necesidades fisiológicas tienen que utilizar botellas o bolsas de plástico". Continúa el informe expresando que "las celdas están abarrotadas y carecen de lugares para dormir y servicios de saneamiento apropiados (...) En una celda encontré 11 personas en un espacio diseñado para tres" y "era alta la tasa de violencia entre los reclusos". "No había separación alguna entre los internos que se encontraban en prisión preventiva y los penados, lo que suponía una flagrante infracción de las normas internacionales". El texto será debatido ésta semana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Nowak instó al Estado a que clausure los centros de reclusión "en los que imperan unas condiciones inhumanas", especialmente "las latas" del Penal de Libertad, y los módulos 2 a 4 del COMCAR. El gobierno debería abordar "sin retraso" una reforma profunda de los sistemas penitenciario y de justicia penal, "que deben estar orientados a la rehabilitación y una mejor reinserción de los delincuentes en la sociedad. El enfoque punitivo adoptado en el sistema penitenciario y la falta de actividades no conducen a la rehabilitación". Afirmó que con recurrir a la prisión de forma habitual, en vez de hacerlo como último recurso, "no se ha conseguido reducir los índices de delincuencia o evitado la reincidencia". La mayoría de las prisiones del Uruguay están abarrotadas y el sistema penitenciario corre grave peligro de sufrir un colapso total.

Frente a esto el Gobierno ya hizo un anuncio, afirmando que construirá una cárcel de máxima seguridad con capitales del exterior que serán gestionados por la Corporación para el Desarrollo (CND). El nuevo Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, expreso que el Gobierno va a modificar el sistema carcelario en su conjunto. Mediante acuerdos públicos y privados llevados adelante con la CND, vamos a emprender la construcción de nuevas cárceles y reciclado de otras.

El Ministro de Defensa, Luis Rosadilla, dijo que se entregará el ex penal de Punta de Rieles al Ministerio del Interior, "y comienza un proceso que demandará entre tres y cuatro meses de reformas imprescindibles" para el alojamiento de presos en ese lugar. Uno de los primeros traslados será el de la cárcel de mujeres (Cabildo) al Centro Nacional de Rehabilitación (CNR).


 

OEA DENUNCIA INCUMPLIMIENTO DE URUGUAY CON TRATADOS INTERNACIONALES: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) sostiene que, mientras la ley de Caducidad siga vigente, Uruguay está violando sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Los dos plebiscitos realizados no derogan las obligaciones adquiridas por el Estado al ratificar convenios interamericanos de derechos humanos. La CIDH publicó en su página web la demanda que en enero presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que solicitó que se declare la responsabilidad internacional del Estado uruguayo por la violación de varios derechos humanos en perjuicio de María Claudia García, Macarena, Juan Gelman y sus familiares y que la ley de Caducidad quede sin efecto. El documento incluye las recomendaciones de la CIDH sobre este caso, las que, al no ser cumplidas por el Estado llevaron a la presentación de la demanda.

La CIDH pidió a la Corte que ordene al Estado determinar la responsabilidad por la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman y la sustracción de su hija recién nacida Macarena, "mediante el debido proceso de la ley y una investigación judicial completa e imparcial de los hechos" que identifique a los responsables para que "puedan ser debidamente sancionados". Solicita además "adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias" para que, "quede sin efecto la ley de Caducidad", puesto que este es un delito de lesa humanidad no pasible de amnistía alguna. También reclama otorgar "una reparación plena a los familiares de las víctimas" que incluya no sólo una indemnización por los daños, sino actos de importancia simbólica que garanticen no se reiterarán los delitos cometidos en este caso.


 

CASO CASINOS MUNICIPALES: Por orden de la Justicia, el pasado miércoles recuperó su libertad Orestes González, ex asesor de Juan Carlos Bengoa en los casinos de la Intendencia Municipal de Montevideo, que junto al ex jerarca se encontraba en prisión desde diciembre de 2007, cuando fueron procesados por diversas irregularidades en contratos de esa repartición municipal. El abogado de González, Jorge Barrera, planteó la semana pasada que su cliente debía ser liberado en virtud de que los otros tres procesados por este caso (el también ex asesor de Bengoa José Luis Antúnez, el empresario Felipe Ruiz y el funcionario de casinos Gustavo Dalmonte) ya fueron excarcelados por la jueza penal Fanny Canessa y el fiscal Diego Pérez.

Así, con la liberación de González, solamente Bengoa continúa detenido en Cárcel Central en el marco de esta investigación. Los abogados del ex jerarca, Víctor Della Valle y Alejandro Balbi, se reunirán la próxima semana con el fiscal Pérez, para conocer su opinión respecto a la libertad de Bengoa. En función de la respuesta del representante del Ministerio Público y Fiscal, formalizarán la solicitud de excarcelación ante la jueza Canessa.


 

ADEMU PRESENTARA RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DE EDUCACION: La Asociación de Maestros del Uruguay (ADEMU) presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación aprobada por el Parlamento a fines de 2008. Así, se sumarán a las acciones que ya tramita la Suprema Corte de Justicia y que fueron impulsadas por los sindicatos de Secundaria (FENAPES) y UTU (AFUTU) a mediados del año pasado. El abogado Daniel Parrilla, quien representa a FENAPES y AFUTU ante la SCJ confirmó que presentará una nueva acción en representación de los afiliados de ADEMU. El fundamento del recurso es que la Ley de Educación viola la autonomía y la "especialidad" de los órganos de conducción por parte del poder político que, a criterio de los reclamantes, adquiere excesivas potestades en la ANEP. De acuerdo con la visión de los profesores, la ley no respeta el artículo 202 de la Constitución, que consagra la independencia de los organismos educativos. En las acciones que ya presentó, Parrilla agregó una consulta elaborada por el abogado constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz, quien opinó que la ley de Educación incurre en nueve violaciones diferentes a la Carta Magna.

Según Cassinelli la norma desconoce el concepto de especialización del ente y observa que las leyes regulan las atribuciones de los entes autónomos y sus jerarcas, pero esto "tiene límites" a texto expreso de la Constitución o en razón de la "especialización del ente". También es inconstitucional lo que se establece para la composición del Consejo Directivo de ANEP. Cuestiona que el presidente de la República, en Consejo de Ministros y con venia del Senado, designe a estas autoridades. El sistema de designación establecido en el artículo 187 de la Constitución no es aplicable a los entes docentes porque no está referido en el art. 205 y es solo aplicable al Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal por una disposición transitoria.

Como parte de su defensa ante la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Educación y Cultura presentó una consulta elaborada por el abogado constitucionalista y ex senador socialista José Korzeniak, quien opinó que la Ley de Educación no violenta la autonomía educativa, tal como lo señalaron los gremios que recurrieron la normativa.


 

VOLVERA AL PARLAMENTO LEY DE ABORTO: El debate sobre el aborto se volverá a dar en la nueva legislatura debido a que el Frente insistirá con un proyecto de ley para despenalizarlo bajo ciertas condiciones, mientras que el Partido Nacional presentará dos proyectos distintos que apuntan a la defensa de la vida. Uno de ellos considera que hay vida desde el momento de la concepción y otro crea centros de acogida para ayudar a mujeres "en desamparo afectivo o económico", con el objetivo de que no aborten.

La senadora socialista Mónica Xavier, una de las principales activistas a favor de la despenalización, explicó que el proyecto que despenaliza el aborto "bajo algunas circunstancias y como un derecho de la mujer", será presentado "porque está en el programa de gobierno" y porque ya está la "base" de la ley de salud sexual y reproductiva. Por su parte el Presidente José Mujica ya adelantó que no habrá veto.

Por su parte, la bancada de Unidad Nacional (UNA) apoya dos iniciativas distintas que se complementan y que van en sentido contrario al proyecto del oficialismo. Por un lado, el diputado herrerista Jaime Trobo volverá a presentar un proyecto que crea centros de acogida para evitar que las mujeres aborten, otorgando beneficios de vivienda y asignaciones familiares "de emergencia", entre otros puntos. El otro proyecto es del diputado por Rivera, Gerardo Amarilla, que interpreta el artículo séptimo de la Constitución (que dice que los habitantes tienen derecho a ser protegidas en "el goce de su vida") y establece que la vida se inicia "desde el momento de la concepción".