lunes, 27 de septiembre de 2010

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 20 AL 24 DE SETIEMBRE DE 2010).

DECRETO 277/010 ESTATUTO FUNCIONARIOS INC: Publicado en el Diario Oficial el 23 de septiembre (Nº 28.066): Por el cual se aprueba el Estatuto para los Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización. Acceda al Decreto siguiendo estos enlaces:

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/09/mgap_371.pdf

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/09/mgap_anexo_371.pdf

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

REFORMAS A LA LEY DE ABREVIACION DE PROCESOS LABORALES: El Ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, anunció el pasado lunes la introducción de modificaciones al texto de la ley de abreviación de los juicios laborales, luego que la Suprema Corte declarara inconstitucionales cuatro artículos de la norma. El Ministerio viene trabajando desde hace aproximadamente un mes y medio en la redacción de una serie de artículos que van a sustituir a los de la ley vigente, pero manteniendo en todos los casos el corazón de la ley, los aspectos centrales que tienen que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores, abreviando los procedimientos legales en esta materia.

Brenta defendió la ley como un instrumento que buscó atender la situación anterior a su aplicación, en la cual el proceso era "extremadamente largo", provocando muchas veces que los trabajadores llegasen a acuerdos inferiores a los reclamos planteados. El nuevo texto será enviado a las cámaras empresariales y al Pit-Cnt ésta semana, como paso previo a su remisión al Parlamento.

El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) reclama se le de participación en el proceso de modificación de la ley. El CAU "tiene sumo interés en este tema, porque no se trata solamente de solucionar las inconstitucionalidades establecidas por la Corte, sino de buscar soluciones que permitan aplicar la ley en la práctica de los juzgados", dijo el presidente de la gremial, Jorge Abramo. Destacó que es necesario resolver este tema "de forma urgente" porque "la Justicia en la materia laboral está paralizada". "Se dice que se quiere proteger a los trabajadores, pero en la medida que hay demoras tan importantes, lo único que se logra es perjudicarlos".


 

CONDENAN AL MSP Y ASSE EN ACCION DE AMPARO: El juez de lo Contencioso Administrativo, Adolfo Fernández de la Vega, hizo lugar a la acción de amparo promovida por el fiscal civil Enrique Viana, reclamando se brinde mejor atención a las personas que se encuentran alojadas en las colonias psiquiátricas Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, ante la existencia de denuncias de "violaciones y amenazas de sus derechos a la salud y a la vida".

En la sentencia, emitida el pasado 10 de septiembre, Fernández De La Vega obliga al MSP y a ASSE a disponer "las medidas necesarias para que la vigilancia externa (de ambos centros psiquiátricos) se preste de forma adecuada", otorgándole un plazo de 30 días para dar cumplimiento a la misma.

A pedido del juez Fernández de la Vega, un grupo de peritos del ITF evaluaron la situación en ambos centros. En el caso de la colonia Santín Carlos Rossi, la recomendación fue tajante: debe ser cerrada. En tanto, respecto a la Etchepare, estimaron necesario aumentar la cantidad de funcionarios.

En los últimos meses aparecieron dos pacientes fallecidos en las inmediaciones de los centros, y también se registraron casos de otros internos que resultaron mordidos por perros, entre otras situaciones irregulares.

El fiscal Viana apeló el fallo por entender que la sentencia no se pronuncia sobre otros hechos que se manejaron en el juicio, como la reducción de la cantidad de pacientes o la situación edilicia de los centros.


 

CONFLICTO POR FORMA EN QUE SE LLEVO A CABO REMATE FIBRATEX: El gobierno expresó su compromiso de apoyar la reapertura de la planta Fibratex, ocupada desde el sábado 18 de setiembre, y deslindó responsabilidades sobre cómo se hizo el remate del local, razón que activó el conflicto sindical que ya lleva tres días. Los ocupantes iniciaron la medida en protesta por el remate del local, ya que un compromiso previo con el gobierno establecía que la subasta del predio y la maquinaria sería de manera conjunta. De ese modo, era más factible el retorno de unos 170 trabajadores a este polo productivo, cerrado desde el año 2007.

El Ministro de Trabajo, Brenta, expreso que el gobierno va a cumplir el compromiso asumido en todos sus términos, apoyando y facilitando todo lo que tenga que ver con la reapertura de un emprendimiento que consideramos importante para el país y para los trabajadores. La dirigente del sindicato textil Graciela López dijo que ante lo sucedido, el Ejecutivo pidió disculpas porque "más allá que la resolución la haya tomado el directorio del BROU, sin informar a los ministros y al presidente, la responsabilidad es del gobierno". López criticó la operación al considerar que "el BROU regaló el edificio porque en esta zona, el precio metro cuadrado ronda valores de entre US$ 1.000 y US$ 1.800", y en el remate se pagó a razón de US$ 100 dólares el metro cuadrado.

El presidente del BROU, Fernando Calloia, explicó que el remate judicial (por el cual se subasto únicamente el predio) se dio así por razones judiciales. Afirmó que en el expediente surgió "una observación que planteó el juzgado al remate de la maquinaria". Esto demoró el proceso judicial, por lo que no se pudo subastar la maquinaria y el predio el mismo día "porque los edictos no salieron en fecha". Por otra parte expreso que era "imposible" demorar el remate del inmueble ya que tiene una hipoteca que caduca el próximo 5 de octubre. El titular del BROU dijo que "podía darse el caso de que se postergara de tal manera que no fuera válida la hipoteca y no tuviéramos nada para rematar". La maquinaria de la ex Fibratex será subastada en un solo lote el 24 de septiembre.


 

FISCAL VIANA SOLICITO DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY INVERSIONES: El fiscal Enrique Viana presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley por la cual Uruguay ratificó el Tratado de Inversiones con Finlandia, así como la de la ley por la cual nuestro país reconoció al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que funciona en la órbita del Banco Mundial.

En su escrito Viana expresa que los acuerdos como el Convenio del CIADI y el Tratado de Inversiones con Finlandia, son violatorios de la Soberanía Nacional, dando lugar al nacimiento de una suerte de asociación Estado-Botnia que atenta contra el orden público interno de nuestro país. Continúa expresando que "Se trata de una asociación, no clandestina, y por dicha razón, solo en apariencia legítima, pero absolutamente contraria al deber fundamental de protección del medio ambiente, encargado a la Administración Pública".

La acción de inconstitucionalidad fue deducida en el juicio que Viana inició en 2005 contra el MVOTMA reclamando que se lo declare responsable de haber omitido su deber de proteger el medio ambiente al autorizar la instalación de la empresa Botnia (actual UPM) en Fray Bentos.

Según Viana, las leyes cuestionadas afectan la soberanía del Estado, ya que al otorgar a los inversores la posibilidad de dirimir diferendos ante el CIADI, se vulnera el rol asignado constitucionalmente al Poder Judicial. Afirma asimismo que son inconstitucionales, por cuanto "conculcan el principio de igualdad de las personas ante la ley nacional, y con esto, lesionan el mismo concepto de República".

Añade Viana que "el tratamiento legal dado a empresas multinacionales, inversionistas privados como Botnia y Philip Morris, a partir de la ratificación de acuerdos internacionales cual los mencionados, agravia la Constitución de la República, por cuanto entraña una renuncia de soberanía por parte del Estado".


 

CONMOCION POR EL ASESINATO DE UN MECANICO EN PIRIAPOLIS POR FUNCIONARIOS POLICIALES: El agente que abrió fuego contra el al joven Michel Sebastián Mariño Olivera fue a prisión por homicidio. Otros tres policías fueron procesados por encubrimiento. La audiencia judicial se celebró en medio de un clima de marcada tensión con la Policía.

Unas horas antes del dictado de la Sentencia, en la sede del Ministerio del Interior el subsecretario de la cartera, Jorge Vázquez, y el Director Nacional de Policía, Julio Guarteche, habían despejado cualquier duda sobre la opinión oficial en torno al incidente: el procedimiento de los policías fue calificado como "irregular, desmedido y fuera de lugar". Los disparos y el hecho de "plantar" un arma en la camioneta del asesinado causaron estupor y malestar en todos los efectivos de la Jefatura de Policía de Maldonado.

Luego de efectuar los cinco disparos, el policía, se acercó y colocó junto al muerto un rifle calibre 22, con la culata recortada, que llevaba oculto entre sus ropas. El arma de fuego fue recuperada luego por los policías. Tenía los cinco proyectiles sin disparar. En el momento de su declaración, el procesado dijo que ni su compañero de móvil, ni los otros dos que se desplazaban en el otro patrullero estaban al tanto de su intención de "plantar" el arma. Los dichos del homicida, en sede judicial, no impidieron que sus tres compañeros también fueran procesados, en este caso por un delito de encubrimiento.


 

COMISION INVESTIGADORA RECIBIO AL DR. GONZALO FERNANDEZ: El pasado martes a la noche concurrió al Parlamento el Dr. Gonzalo Fernández ante la Comisión Investigadora que estudia la derogación art. 76 de la ley 2.230. Consultado porqué no informó al Senado de que él y su pareja (Dra. Cecilia Salóm) defendían a un ex directivo del Banco Montevideo, respondió: "Me olvidé". Gonzalo Fernández leyó un escrito de unas 60 páginas y respondió preguntas, en una tensa reunión donde hubo gritos y un fuerte cruce con el senador colorado Ope Pasquet. Fernández habló del daño moral que ha sufrido, hizo un largo alegato jurídico en el sentido de que el delito por el que procesaron a los Peirano estuvo bien derogado y que el fallo judicial que clausuró el caso es incorrecto.

La investigadora también recibió ayer al vicepresidente Danilo Astori y a Salom, que presentó en la comisión una copia del escrito firmado en marzo de 2007 por ella y Fernández, donde contestan la acusación fiscal y piden la sentencia absolutoria para Ratti, que ya estaba libre. Eso implica, a juicio de la oposición, que Fernández "ejerció la defensa" de Ratti. Salom también dijo que, luego que se derogó el delito, pidió la clausura del expediente deliberadamente en forma tardía a inicios de 2009 para evitar que se traspapele el escrito.

Salom dijo a la prensa que "la defensa penal concreta" fue "ejercitada" por ella en "forma exclusiva", aunque luego el "patrocinio" de Ratti fue "asumido" por los dos.


 

    PIT-CNT SOLICITA ELIMINACION DE 70 ARTÍCULOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO: El Pit-Cnt solicitará al gobierno que elimine del Presupuesto toda la sección referida a los funcionarios públicos: en total, 70 artículos. La central respalda el pedido de COFE de "negociar" la reforma del Estado que está implícita en ese capítulo. La Sección II del proyecto, que consta de 70 artículos, hace referencia a las "reestructuras organizativas y de puestos de trabajo" de los públicos, a los contratos temporales, los ingresos, los ascensos y el régimen de redistribución de funcionarios; también regula los contratos de becarios y pasantes, de acuerdo con las iniciativas previstas por el gobierno en el marco de la reforma del Estado. La representación del gobierno informó que la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) acababa de remitir al Parlamento varias "modificaciones" en el articulado de la Sección II.

La idea del Pit-Cnt, que acompaña el reclamo de COFE, es discutir las distintas iniciativas de reforma del Estado en los consejos de salarios de públicos, de acuerdo a la Ley de Negociación Colectiva. El dirigente Juan Castillo afirmó que el Presupuesto "no tuvo en cuenta que para resolver los aspectos salariales y laborales de los públicos la discusión debe pasar previamente por los ámbitos de negociación colectiva". Uno de los objetivos estratégicos del Pit-Cnt es participar directamente de la reforma del Estado y marcar su posición en la ley de Presupuesto.

Por su parte, la sala de abogados de COFE está elaborando un borrador de denuncia contra el gobierno en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la presunta violación de la Ley de Negociación Colectiva. Entienden que los artículos sobre los funcionarios instalados en el Presupuesto no fueron discutidos.

Trascendió asimismo que el Pit-Cnt pedirá al Poder Ejecutivo una entrevista para conocer los detalles de los planes de asociación de públicos y privados, uno de los aspectos que siempre rechina en el ambiente sindical. Las inversiones del Estado para las asociaciones están previstas en el Presupuesto.