lunes, 20 de diciembre de 2010

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2010).

LEY 18.707 OTORGA CREDITO A LAS IAMC: Publicada en el Diario Oficial el 14 de diciembre (Nº 28.123): Por la cual se faculta al Poder Ejecutivo a otorga un crédito fiscal a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). El crédito fiscal podrá ser hasta por 10 puntos porcentuales de los ingresos a las cuotas de afiliaciones individuales no vitalicias, a las cuotas de afiliaciones colectivas, a la sobre cuota de gestión, y a la sobre cuota de inversión.

El crédito podrá ser destinado a compensar obligaciones tributarias como contribuyente o responsable ante la DGI, o solicitar certificados de crédito para el pago de tributos ante dicho organismo o el BPS.

Las lAMC que no estén al día con sus obligaciones con la DGI y el BPS no podrán recibir el crédito establecido.

La facultad del Poder Ejecutivo para otorgar el crédito podrá ser ejercida desde el primer día del mes siguiente a la promulgación de la misma y hasta el 31 de diciembre de 2012.


 

LEY 18.705 PRORROGA PLAZO REGULARIZACION COOPERATIVAS: Publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre (Nº 28.125): Por la cual se prorroga hasta el 30 de junio de 2011 el plazo para que las Cooperativas constituidas con anterioridad a la vigencia de la ley 18.407, se adapten a las previsiones de la misma (modificando el art. 221 de la Ley 18.407).


 

DTO 362/010 MODIFICA NUM. 27 ART. 42 DEL DTO. 150/007 (IRAE): Publicado en el Diario Oficial el 17 de diciembre (Nº 28.125): Por la cual se sustituye el numeral 27 del art. 42 del Dto. 150/007 relativo a la deducción de gastos por concepto de intereses incurridos por empresas cuya actividad habitual y principal sea administrar créditos interviniendo en la venta de bienes y prestaciones de servicios realizadas por terceros, o la de realizar préstamos en dinero.

El numeral 27 del art. 42 quedará redactado: "Los costos por intereses incurridos por empresas cuya actividad habitual y principal sea la de administrar créditos interviniendo en las ventas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por terceros, o la de realizar préstamos en dinero, cualquiera sea la modalidad utilizada a tal fin, en tanto tales intereses correspondan a préstamos otorgados por contribuyentes de los Impuestos a la Renta de las Personas Físicas y a las Rentas de los No Residentes. Dicha deducción se determinará mensualmente y no podrá superar el monto que resulte de aplicar, la tasa media anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de crédito bancario para las pequeñas y micro empresas, en moneda nacional no reajustable o en dólares hasta 366 días o en moneda nacional reajustable en unidades indexadas, publicadas por el Banco Central del Uruguay para el trimestre inmediato anterior a cada mes del ejercicio".


 

DTO 363/010 AGREGA INCISO AL NUM. 3 ART. 34 DEL DTO. 220/998 (IVA): Publicado en el Diario Oficial el 17 de diciembre (Nº 28.125): Por la cual se agrega al numeral 3 del art. 34 del Dto. 220/998 el inciso siguiente: "Se consideran comprendidas en el presente numeral las actividades correspondientes al atraque y puesta a disposición de las infraestructuras e instalaciones portuarias, que posibilitan las operativa de embarque y desembarque de las embarcaciones que trasladan pasajeros y tripulantes, desde o hacia los cruceros de turismo que fondeen en las proximidades de puertos o instalaciones bajo competencia de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas".


 

DTO 358/010 CREA COMISION CUENCA LAGUNA DEL SAUCE: Publicado en el Diario Oficial el 17 de diciembre (Nº 28.125): Por la cual se crea la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce, se establece su integración y cometidos.

Acceda al Decreto siguiendo éste enlace:

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/12/mvotma_118.pdf

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

POLEMICAS DECLARACIONES DE ASTORI RESPECTO DEL DESALOJO DE OFICINAS PRIVADAS: Astori defendió el decreto que prevé el pronto desalojo de las oficinas públicas que sean ocupadas y rechazó que la medida pueda ser trasladada al sector privado, en el que sostuvo que en algunos casos puede prever el vaciamiento de empresas. Realizo declaraciones tales como: "El país ha tenido experiencias de vaciamiento, casi clandestino de empresas, no sólo en perjuicio de los trabajadores, sino en perjuicio de la sociedad en su conjunto que hay que prever", "la ocupación muchas veces es un medio para poder prever una situación de ese tipo e impedirla; así que creo que el tema merece atención, que las normas son mejorables, pero les pido a todos que tengan en cuenta este tipo de situaciones".

Las polémicas declaraciones del vicepresidente Astori generaron el inmediato rechazo del ex presidente Lacalle, quién califico las expresiones de Astori como " peligrosas políticamente, equivocadas jurídicamente y económicamente inconvenientes". Astori "convoca a la justicia por mano propia, cuando es el Poder Judicial el que mañana tiene que tomar determinaciones sobre la propiedad de esos medios de producción para conservarlos". Agregó que los comentarios del vicepresidente son nocivos "ante los ojos de quienes pretendan invertir en nuestro país y vean que la segunda autoridad del mismo incita a incumplir la ley y violentar el derecho de propiedad".

Por su parte el presidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak, se refirió a las ocupaciones como medidas gremiales. Dijo que, a su juicio, no se trata de una extensión del derecho de huelga "ni en la actividad privada ni en la pública". Se pronunció a favor de establecer por ley determinados tipos de servicios públicos que no pueden ser afectados por medidas gremiales.


 

    FISCAL DE CORTE COMPARECIO ANTE COMISION PARLAMENTARIA: El fiscal de Corte, Rafael Ubiría, compareció el pasado miércoles ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados. Su comparecencia se debió a raíz de las declaraciones del fiscal de Corte al semanario Busqueda, donde expresó que el Gobierno le estaba "cobrando cosas" por haber dictaminado en contra del IRPF en 2007, y que sufría un "hostigamiento" por parte del sindicato y el gobierno.

El fiscal expresó ante la Comisión el estado "caótico" del Ministerio Público por la falta de recursos materiales y económicos; afirmando que desde que se apartó de su cargo al ex fiscal de Corte Peri Valdéz, "no hubo nombramiento de fiscales, no hubo recursos nuevos, ni nombramiento de funcionarios jóvenes", y agregó que "el Ministerio Público es una institución avejentada"; hace siete años no ingresa un funcionario administrativo.


 

EMERGENCIA SANITARIA ANTE CONFLICTO CON ANESTESISTAS:
El pasado jueves, 48 horas después de haber llegado al Parlamento, la Cámara de Representantes sancionó la ley que obliga a los anestesistas a trabajar a pedido del gobierno en los hospitales públicos. La ley regirá por 120 días y faculta al MSP a "convocar al cuerpo médico y auxiliares de medicina que considere necesario". Esos médicos trabajarán en hospitales públicos "por hasta 20% de las horas que realizan" en mutualistas. El personal convocado "no podrá negarse", salvo "razones de fuerza mayor debidamente justificadas". Si el MSP considera que la razón no está justificada, un tribunal disciplinario juzgará y establecerá sanciones.

Para declarar la emergencia el gobierno se basa en varios artículos de la Constitución: 7 (los habitantes "tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida"), 36 (establece limitaciones a la libertad de trabajo por "razones de interés general") y 44 ("el Estado legislará en cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas").

Los anestesistas intentan llegar a un acuerdo, antes de que la ley entre en vigencia. Según un vocero de los anestesistas el origen del problema "no es económico sino organizacional" y mencionó algunos asuntos que conspiran para que los especialistas no se vean seducidos para trabajar en el sector público. Dijo que faltan "ciertas condiciones" que garanticen la seguridad tanto para los profesionales como para los pacientes. "No hay equipamientos, no hay material estéril, a veces falta personal que limpie" los blocks quirúrgicos. Muchas veces los anestesistas están de guardia durante la tarde sin que sean convocados a resolver operaciones y en la noche "se llena de problemas, cuando hay menos personal y gente menos adiestrada o menos experiente".

El ministro de Salud, Olesker, expresó ante el Parlamento que el problema se solucionará a la brevedad porque la negociación está acercando las partes, y anunció que en un plazo de 120 días espera que se solucionen los atrasos en las intervenciones.


 

SUPREMA CORTE OBSERVA POSIBLE CRACION DE UN MINISTERIO DE JUSTICIA: Ante la voluntad del gobierno de evaluar la creación de un Ministerio de Justicia, la Suprema Corte salió al cruce advirtiendo que, si se decide instaurar esa nueva secretaría de Estado, "no podrá invadir o cercenar las atribuciones que la Constitución vigente asigna al Poder Judicial".

La posibilidad de crear un Ministerio de Justicia surgió en la bancada de senadores del Frente Amplio, cuando casi al finalizar la discusión de la ley de Presupuesto se decidió -solo con los votos del oficialismo- incluir un artículo que encomienda a los ministerios de Educación, Interior y Economía el análisis del tema. Ese estudio "incluirá su conformación jurídica, objetivos, cometidos, competencias, programas y los recursos que demandará", explica el artículo 542 de la ley de Presupuesto aprobada en el Senado y que no estaba en el texto que se votó en octubre en Diputados.

Por eso, ahora, la SCJ reivindica su independencia y alerta que si se aprueba la creación del Ministerio de Justicia y éste asume competencias en asuntos internos de gestión del Poder Judicial, "deberá procederse a la reforma de la Constitución".


 

PROYECTO DE LEY SOBRE PASAJE DE NOTARIOS AL FONASA: Con votos aportados por el Frente Amplio se aprobó el pasado miércoles el proyecto de ley que dispone el pase de todos los afiliados del Sistema Notarial de Salud al FONASA a partir del 1° de julio de 2011, es decir, seis meses más tarde que lo previsto en el proyecto original.

La Asociación de Escribanos manifestó en forma pública su airada protesta por la medida, dado que la considera "expropiatoria" de sus bienes y contraria al fin perseguido, es decir la de un régimen asistencial solidario. La idea original del gobierno era incorporarlos en la ley de Cajas de Auxilio, ya votada en Diputados, pero debido a la movilización y reclamos de los escribanos se separó en una iniciativa independiente con un sistema más tolerante, aunque igualmente rechazado por los escribanos.

Sobre el régimen de aportes de estos profesionales que es del 3% de sus honorarios, la ley establece un sistema gradual para que los recursos vertidos mes a mes sean transferidos al Fonasa. Desde julio de 2011, solamente los jubilados de la Caja Notarial permanecerán aportando a su sistema asistencial.


 

    DIPUTADOS SANCIONO PROYECTO DE LEY SOBRE LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO: La Cámara de Diputados sancionó el pasado miércoles el proyecto de ley de flexibilización del secreto bancario, que habilita a la DGI, ante la presunción de defraudación tributaria, a investigar las cuentas previa autorización de la Justicia. La ley entrará a regir a partir del 1° de enero y prevé que el secreto de una cuenta bancaria se levantará cuando un juez civil lo acepte a pedido fundado de la DGI por sospecha de defraudación de impuestos.

Además, la ley permite gravar los activos de los uruguayos en el exterior (tales como depósitos, bonos y acciones, pero sin abarcar inmuebles). La renta que producen esos activos estará gravada a una tasa del 12% anual.


 

    SE APROBO REFORMA DE LA CARTA ORGANICA DEL BROU: El Senado sancionó la ley que reforma la carta orgánica del Banco República (BROU). Se trata de la tercera reforma de la carta orgánica en la historia del BROU, pero todas las miradas se concentraron sólo en el artículo 40 de la ley, que dice que el Poder Ejecutivo podrá requerir contribuciones de hasta un 30% de las utilidades anuales del banco, con destino a la creación de fondos para "apoyar proyectos productivos viables y sustentables, que resulten de interés del Poder Ejecutivo". En cada Rendición de Cuentas, el Ejecutivo remitirá información sobre cómo se usan esos fondos.

Desde el oficialismo se explicó que había urgencia en votar la ley antes del 31 de diciembre para que puedan utilizarse las utilidades de 2010 del BROU, con destino a Metzen y Sena.

El proyecto también modifica el sistema de toma de decisiones en el directorio: ahora todo se decidirá por mayoría de tres votos en cinco. Esto permite integrar a dos directores de la oposición al BROU y formaba parte del acuerdo con blancos y colorados por los cargos. Varios senadores criticaron la poca "rigurosidad técnica" de la ley.


 

    INTENDENCIA CAPITALINA SE APRESTA A SANCIONAR EMPLEADOS QUE NO ACATARON ESENCIALIDAD: Cerca de 180 trabajadores de la Sección Limpieza de la Intendencia de Montevideo serán sancionados con cinco días de suspensión por no haber acatado el decreto de esencialidad aprobado por el Ministerio de Trabajo. La resolución de la IMM plantea sanciones acumulativas hasta el cuarto día y luego se inicia el proceso del sumario. Un día de paro equivale a cinco de sanciones sin goce de sueldo, según una resolución de la Intendencia.

Adeom reiteró su amenaza de ocupar los lugares de trabajo en caso de haber sanciones.

lunes, 13 de diciembre de 2010

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

SECTOR PRIVADO PRETENDE AMPLIACION DECRETO QUE PROHIBE OCUPACION DE LUGARES DE TRABAJO: Los empresarios vieron en el decreto que prohíbe las ocupaciones de oficinas públicas la oportunidad para frenar esta práctica en el sector privado. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) está promoviendo un análisis entre las gremiales empresariales afín de presentar una acción legal conjunta contra las ocupaciones.

Los abogados laboralistas Eduardo Ameglio, Nelson Larrañaga y Augusto Durán Martínez coincidieron que el Poder Ejecutivo, con el decreto, dejó en claro un cambio de actitud que implica que no se reconoce la ocupación como una extensión del derecho de huelga.

    El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad una declaración en la que respalda el decreto que prohíbe las ocupaciones de los lugares de trabajo en el Estado. El documento señala que por la coyuntura política varios gobiernos departamentales se vieron "impedidos de cumplir con sus funciones básicas asignadas por la Constitución y la Ley". "Es imprescindible que los representantes legítimos de los pueblos a nivel departamental expresen su claro rechazo a medidas que afecten el libre derecho a gobernar, respetando el derecho a la huelga pero reafirmando el principio de legalidad y de autoridad como rectores de cualquier acción a emprenderse, priorizando en todo momento las necesidades imprescindibles de la comunidad".


 

    PROCESARON A LA DIRECTORA DE LA CNR: La Justicia procesó sin prisión a la directora del Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), Diana Noy, imputada del delito de "homicidio por omisión impropia", por la muerte del recluso Mauro Bozzatta. El hecho se planteó inicialmente como un suicidio, pero las pericias forenses confirmaron que el interno falleció de forma violenta y no ahorcándose con una sábana en su celda. Así se inició una investigación judicial para determinar qué fue lo que ocurrió con Bozzatta, que días antes de morir había sido objeto de brutales golpizas por parte de otros internos del CNR.

La indagatoria se centró en la directora del CNR, Diana Noy quien no cumplió con una serie de medidas que se le habían encomendado para resguardar la integridad de Bozzatta tras las agresiones que recibió. Como el delito fue imputado a título de "culpa" y no de "dolo", Noy no fue enviada a prisión.


 

PESE A DECRETO DE ESENCIALIDAD ADEOM CONTINUO CON MEDIDAS: Pese a la declaración de esencialidad del servicio por parte del Poder Ejecutivo, Adeom lo desacató e inicio el pasado viernes un paro de 48 horas que suspendió la salida de los camiones recolectores de basura.

Mario Pomatta, asesor de la sala de abogados del Pit-Cnt, sugirió a la dirigencia de ADEOM que "rechace el decreto de esencialidad" promulgado por el Poder Ejecutivo. Pomatta explicó que más allá de que el conflicto sindical haya generado o no una situación de emergencia sanitaria, el gobierno tiene en la ley de Negociación Colectiva una vía para evitar la esencialidad. La norma "obliga a convocar a las partes en el Consejo Superior de negociación colectiva del sector público y acordar allí los términos de la autorregulación". "El gobierno no sólo no aplica la ley de Negociación Colectiva sino que la viola y aplica una ley de la época de Pacheco, la ley 13.720, y decreta servicios esenciales. Lo que hace el gobierno, desde mi punto de vista, es inconstitucional, viola las libertades sindicales y las disposiciones de la ley".


 

DURAS CRITICAS DE JUEZ PENAL A PARLAMENTARIOS: El juez penal Carlos García expresó en una sentencia que el Parlamento "pone trabas" al accionar de la Justicia cuando rechaza los pedidos de desafuero para indagar a un legislador, de forma de "demorar o entorpecer el trámite normal de una causa determinada". La sentencia fue dictada en el proceso por el cual se condenó a 24 meses de prisión al ex senador colorado Juan Justo Amaro por varias irregularidades registradas durante su gestión como presidente de OSE durante el período 1995-2005. En 2007, el Parlamento rechazó el pedido de desafuero de Amaro, por lo que el ex presidente de OSE recién pudo ser indagado y procesado en marzo de este año, tras no renovar su banca en el Senado.

"Cuando en el ámbito de la administración pública, fallan los controles internos (de la propia administración) y externos (Tribunal de Cuentas), el último reducto en la lucha contra la corrupción es el Poder Judicial". También cuestiona que la Asamblea General, salvo "excepcionalísimos casos", no analiza las observaciones que realiza el Tribunal de Cuentas. Agrega que el Parlamento "no sólo no cumple" con su tarea de contralor, sino que "pone trabas al accionar de la Justicia en el tema, haciendo pesar el privilegio constitucional del cargo (fueros) de sus integrantes cuando son llamados a responder por sus actos". Eso, en opinión de García, busca "demorar o entorpecer temporalmente el trámite normal de una causa determinada y otras veces, para impedir su prosecución, frustrando así, la labor jurisdiccional". "Y, consecuentemente, trae aparejado poner públicamente de manifiesto la irritante desigualdad existente en comparación a todos los demás justiciables".


 

CASO APLISER S.A.: El fiscal especializado en crimen organizado Ricardo Perciballe pidió a la jueza Graciela Gatti el archivo de la investigación por presunto "lavado de activos" en la millonaria exportación de libros a Venezuela realizada por la empresa Apliser S.A. El fiscal concluyó que, tras más de un año de indagatoria, no se probó la existencia de un delito precedente al blanqueo de capitales, requisito indispensable que prevé la legislación para desarrollar este tipo de investigaciones.

El abogado Jorge Barrera, defensor de los representantes de la empresa, dijo que el pedido de archivo del expediente "demuestra que como se planteó en su momento, se trató de una operación comercial que no puede ser considerada ilegal a nivel penal".


 

SUPREMA CORTE DESESTIMO INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY DE ACOSO SEXUAL: La Suprema Corte rechazó el primer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acoso sexual. La demanda fue presentada por una funcionaria policial contra su jerarca, a quién acusa de acoso sexual a través de mensajes de texto con invitaciones para encontrarse por fuera del ámbito laboral. La funcionaria presentó una acción de amparo contra el comisario reclamándole una indemnización de $ 800.000.

El comisario denunciado alegó la inconstitucionalidad de la normativa ya que, a su juicio, el mecanismo que establece la ley para estos casos, al fijar un plazo de tres días para contestar la demanda, implica una violación del derecho de defensa y también del principio de igualdad establecido en el art. 8° de la Constitución.

La Suprema Corte en un fallo firmado por unanimidad, rechazó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acoso sexual. La sentencia señala que la regulación del proceso judicial previsto para estos casos "no resulta violatoria de las disposiciones de orden superior invocadas". "La circunstancia de que el legislador estableciera un plazo de tres días para que la parte demandada conteste la demanda, no permite argumentar que afecte el principio de igualdad...". La resolución agrega que el comisario demandado no logró demostrar que "se haya visto privado de una razonable oportunidad de defenderse".


 

DECRETO AMPLIA CONTROLES POR LAVADO DE ACTIVOS: El Poder Ejecutivo promulgó un Decreto por el cual, de ahora en más, los casinos habilitados deberán pedirle información a clientes que realicen compras o canjes de fichas por un monto superior a US$ 3.000, en el marco de la política de mayores controles por lavado de dinero. La nueva disposición también abarca a las personas físicas o jurídicas que adquieran antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas que superen los US$ 15.000.

El Decreto también obliga a las inmobiliarias y otros intermediarios relacionados con la compraventa, construcción, promoción, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles cuando las operaciones sean superiores a los US$ 100.000 en efectivo y por US$ 200.000 cuando utilicen instrumentos bancarios.

"Los umbrales mínimos establecidos (...) no regirán cuando existe sospecha de lavados de activos o de financiamiento de terrorismo o el sujeto obligado tenga dudas acerca de la veracidad o la suficiencia de los datos identificatorios del clientes obtenidos previamente". Las operaciones deberán reportarse ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central.

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2010).

DECRETO 354/010 DESALOJO DEPENDENCIAS PUBLICAS POR OCUPACION:
Publicado en el Diario Oficial el 10 de diciembre (Nº 28.120): Por el cual se dictan normas relativas al desalojo de dependencias públicas cuando hayan sido ocupadas por trabajadores.

    Se establece que ocurrida una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza de ésta (Administración Central, Entes Autónomos; Servicios Descentralizados; Poder Judicial, Poder Legislativo, etc.) se procederà por el jerarca de la misma a solicitar el desalojo al Ministerio de Trabajo. Éste procederá en forma perentoria a tentar una conciliación sujeta a condición de que los ocupantes depongan su medida en forma inmediata (art. 1º).

    Si dicha conciliación resultare inútilmente tentada, la mencionada Secretaría de Estado procederá a intimar la desocupación inmediata de los ocupantes bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública. Cumplidas estas etapas y de persistir la situación, se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los trabajadores. Idéntico procedimiento se aplicará para aquellos casos en que los ocupantes no fueren funcionarios de la dependencia pública ocupada (art. 2º).

    Los Gobiernos Departamentales podrán, si así lo solicitaren, acceder a idéntico mecanismo de desocupación (art. 3º).

El art. 4º establece que durante el término en que se mantenga la ocupación la organización sindical a cargo deberá garantizar:

  1. Que inmediatamente de producida la misma se deje constancia documentada del estado de los bienes muebles e inmuebles.
  2. Que la organización sindical más representativa de los trabajadores ocupantes, adopte las medidas que considere apropiadas para prevenir daños en las instalaciones, maquinarias, equipos y bienes de la Administración o de terceros, así como aquellas destinadas a prevenir o corregir de forma inmediata , en caso de producirse, los actos de violencia;
  3. Que se tomen las medidas tendientes a preservar bienes perecederos o a mantener en funcionamiento los procesos que no pueden ser interrumpidos sin poner en riesgo la viabilidad de la explotación y/o la estabilidad laboral de los trabajadores de la dependencia objeto de ocupación;
  4. Que en ningún caso los ocupantes asuman la gestión total o parcial de la dependencia.

La notificación de la intimación administrativa prevista se realizará en la persona de la organización representativa de los trabajadores y por cedulón genérico fijado en la puerta del establecimiento ocupado (art. 5º).

    Acceda al texto del Decreto siguiendo éste enlace:

    http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/12/mtss_130.pdf


 

IPC E IMS: Publicada en el Diario Oficial el 7 de diciembre (Nº 28.117): Por la cual se establece el Indice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de noviembre en 300,43 y el Indice Medio de Salarios (IMS) correspondiente al mes de octubre en 129,41.


 

DECRETO 355/010 MODIFICA NORMAS REFERENTES AL LAVADO ACTIVOS:
Publicado en el Diario Oficial el 10 de diciembre (Nº 28.120): Por el cual se determinan los deberes de los sujetos obligados a reportar operaciones inusuales o sospechosas, con el fin de mejorar y fortalecer el sistema nacional contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, y se deroga el Decreto 86/2005.

Acceda al Decreto siguiendo éste enlace:

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/11/mef_291.pdf


 

DECRETO 344/010 REGULA ACTIVIDAD AREA ZONAS FRANCAS DE LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO: Publicado en el Diario Oficial el 6 de diciembre (Nº 28.116): Por el cual se dictan normas con el fin de regular la actividad en el Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio.

Acceda al Decreto siguiendo éste enlace:

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/11/mef_291.pdf


 

    DECRETO 345/010 AGREGA INCISO DTO REGLAMENTARIO IRAE: Publicado en el Diario Oficial el 6 de diciembre (Nº 28.116): Por el cual se agrega un inciso al art. 42 del Dto. 150/2007, relativo a excepciones de deducción de gastos en la liquidación de IRAE.

    El inciso que se agrega establece: "Sin perjuicio de las vigencias especiales que se establezcan, las deducciones establecidas en los numerales 1 a 40 serán de aplicación para ejercicios iniciados a partir del 1º de julio de 2007."


 

DECRETO 346/010 ENTRADA EN VIGENCIA ARTICULO AUMENTO OBLIGATORIO SOCIEDADES COMERCIALES: Publicado en el Diario Oficial el 6 de diciembre (Nº 28.116): Por el cual se establece que la modificación dispuesta por el art. 124 de la Ley 18.627 al art. 288 de la Ley 16.060 (Aumento Obligatorio de Capital) será de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 18.627 (publicada en el Diario Oficial el 16 de diciembre de 2009).


 

ACORDADA 7694 REGLAMENTO CARGOS QUE SE MENCIONAN: Publicada en el Diario Oficial el 7 de diciembre (Nº 28.117): Por la cual se aprueba el nuevo reglamento de ingresos, ascensos y traslados para los cargos de Secretario de Tribunal de Apelaciones, Inspector de Juzgados Letrados, Actuario, Inspector de Juzgado de Paz y Actuario Adjunto.

Acceda al texto de la Acordada siguiendo éste enlace:

http://www.poderjudicial.gub.uy/pls/portal30/docs/FOLDER/PJUDICIAL/OR/ORCA01/ORCA10/128-2010.PDF

lunes, 6 de diciembre de 2010

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

    CASO NIN NOVOA: "Me voy a amparar en mis fueros porque esto es un disparate"; "Si estuviera acusado de un delito (y no una falta) de malversación de fondos, cohecho o cualquier otra cosa, por supuesto que me daría una vergüenza horrible y renunciaría. Pero por esto, la verdad que no", dijo el senador Rodolfo Nin Novoa, dejando en claro que no renunciará a su banca tras el pedido de procesamiento en su contra. "Para renunciar a los fueros, debo renunciar a la banca y sería muy fácil para el sistema político uruguayo y para el sistema judicial empezar a sacar senadores de las bancas".

En la resolución que rechaza el recurso de revocación presentado por Gonzalo Fernández y solicita el desafuero de Nin Novoa, la jueza penal Fanny Canessa expresa que "Resultaría francamente incongruente, y contrario a los principios que inspiran el proceso penal, que la Defensa del denunciado estuviera diligenciando prueba, mientras al mismo tiempo la Sede se viera impedida siquiera de citar a su defendido para tomarle declaración".

El 12 de noviembre el fiscal Luis Bajac pidió el procesamiento de Nin Novoa por reiterados delitos de falsificación ideológica. Para Bajac, Nin Novoa omitió información patrimonial en dos declaraciones juradas.


 

DENUNCIAN AL INAU POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL: El fiscal civil Enrique Viana pidió a la jueza de Familia María Luz Vila, que dé cuenta a un magistrado penal sobre la situación, en la que según el representante del Ministerio Público, las autoridades del INAU no han cumplido con una sentencia dictada hace casi tres años.

En abril de 2008, la jueza Vila hizo lugar a una acción de amparo impulsada por el fiscal Viana, y condenó al INAU a reducir las horas de encierro de los adolescentes infractores alojados en los hogares Ser y Piedras de la Colonia Berro. Viana planteó que en ambos centros, muchas veces, los jóvenes pasan cerca de 23 horas en sus celdas, sin posibilidad de acceder al patio ni realizar tareas educativas ni recreativas.

La juez Vila además de ordenar la reducción de las horas de encierro, también estableció que el INAU debe impulsar programas educativos y recreativos alternativos a la reclusión en las celdas. Sin embargo, a casi tres años del dictado de ese fallo judicial, la sentencia "ha seguido siendo desobedecida por parte de las autoridades públicas del INAU", denunció Viana en un escrito que presentó el martes 30 ante la jueza Vila. Según Viana, el INAU está incurriendo en una "contumaz desobediencia" y por ese motivo se debe informar del hecho a un juez penal.


 

MINISTERIOS PREVEN PLANTEAR EXCEPCIONES AL DECRETO DE 6 HORAS PARA ADMINISTRACION CENTRAL:
Algunos ministerios evalúan solicitar al Poder Ejecutivo la aplicación de excepciones al régimen horario definido por el decreto que establece una jornada laboral de seis horas en la Administración Central, que entró en vigencia el pasado miércoles. Para ello invocarán el artículo 4 del decreto, por el cuál las dependencias de la Administración Central pueden cumplir "un horario único de labor o de atención al público más extenso". Los jerarcas de los incisos deberán solicitar al Poder Ejecutivo "el establecimiento de horarios de labor y atención distintos" a los contemplados en el decreto. El documento fija un horario único de labor de 8 a 18 horas y de 9 a 17 para la atención del público.

El Decreto, que establece un mínimo de seis horas diarias o al menos 30 horas semanales para la Administración Central, afecta básicamente a los profesionales y técnicos, que trabajaban menos de seis horas como compensación por el no pago de ajustes salariales, en administraciones anteriores.


 

EJECUTIVO APROBO DECRETO POR EL CUAL SE AUTORIZA EL USO DE LA FUERZA PUBLICA PARA DESOCUPAR OFICINAS PUBLICAS: El presidente Mujica firmó un decreto el pasado jueves por el cual se autoriza el uso de la fuerza policial para desalojar a los ocupantes de oficinas públicas. El decreto debutó con impacto a las pocas horas de ser publicado, con el desalojo de la ocupación de la Intendencia de Tacuarembó. Los funcionarios habían ocupado el miércoles de noche en rechazo a la propuesta de recuperación salarial ofrecida por la comuna.

En el seno del Pit-Cnt se tomó con "sorpresa" la decisión del Poder Ejecutivo. En tanto, el presidente de COFE, Pablo Cabrera, adelantó que el decreto le parecía "inoportuno". Entre los empresarios, la medida adoptada por Mujica fue bien recibida, pero reclamaron que se extienda a la actividad privada.


 

PARLAMENTO LLAMARA A SALA AL MINISTRO DE CULTURA Y AL FISCAL DE CORTE: La bancada de Diputados del Partido Nacional convocará al Parlamento al ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, y al fiscal de Corte, Rafael Ubiría quien en una entrevista al semanario Búsqueda, denunció la existencia de un "hostigamiento" contra su persona de parte del gobierno y del sindicato de funcionarios del Ministerio Público y Fiscal. En la entrevista, Ubiría dijo que, según le indicaron un grupo de fiscales adjuntos que mantuvieron una reunión con el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, el jerarca habría dicho que mientras él esté en el cargo no habría "un peso" para el Ministerio Público.

El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, rechazó los dichos de Ubiría. Dijo que las declaraciones del fiscal de Corte son "lamentables" y afirmó que sus denuncias son "totalmente falsas"; "Esto demuestra falta de equilibrio en el fiscal de Corte".


 

NOVEDADES EN CONFLICTO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES: Un paro realizado por los funcionarios del área informática del Poder Judicial y por los actuarios, afectó el miércoles el funcionamiento de los juzgados, y por ese motivo la Suprema Corte declaró dicha la jornada como día inhábil para no alterar los plazos de los expedientes. La medida de paro llevada a cabo por los funcionarios informáticos fue aprobada por la gremial que los nuclea en virtud de que entienden que la redistribución de rubros en el Poder Judicial los perjudica. La ausencia de los actuarios hizo que los jueces debieran asumir tareas administrativas que no son de su competencia. En tanto que la paralización de los servidores informáticos, afectó las comunicaciones de las sedes.

El pasado lunes, la bancada de senadores del Frente Amplio y el sindicato de funcionarios administrativos del Poder Judicial, llegaron a un acuerdo para mejorar los salarios de los trabajadores del grado más bajo del escalafón funcional mediante nuevas partidas.


 

PARLAMENTO APROBO ADHESION A UNASUR: Uruguay se convirtió en el noveno país en ratificar la constitución de la Unión de Naciones del Sur (Unasur). La supuesta hegemonía que pretende ejercer Brasil sobre este nuevo organismo para opacar la influencia geopolítica de México en los restantes bloques regionales, fue uno de los elementos empleados por los legisladores de Unidad Nacional (UNA) y del Partido Colorado, que se opusieron a la ratificación.

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2010).


 

DECRETO 339/010 FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR LA JUNTA NACIONAL DE DROGAS: Publicado en el Diario Oficial el 29 de noviembre (Nº 28.111): Por el cual se aprueba el reglamento del Fondo de Bienes Decomisados, de la Junta Nacional de Drogas, creado por el art. 125 de la Ley 18.046, en la redacción dada por el art. 48 de la Ley 18.362.

Acceda al Decreto siguiendo éste enlace:

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/11/mi_194.pdf


 

DECRETO 340/010 TRANSFERENCIA ACTIVOS DEL BHU AL MEF: Publicado en el Diario Oficial el 29 de noviembre (Nº 28.111): Por el cual se dispone que el BHU transferirá al MEF, activos tales como créditos hipotecarios, inmuebles, derechos de crédito y derechos de promitente vendedor que se encuentren pendientes de transferencia, bajo la forma de los fideicomisos que resulten necesarios a tales efectos, en las condiciones establecidas por el art. 124 de la Ley 18.046.

La instrumentación de la transferencia de estos activos podrá también efectivizarse por actos y contratos entre dichos organismos.


 

LEY 18.697 POR EL CUAL SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE LOGISTICA: Publicado en el Diario Oficial el 3 de diciembre (Nº 28.115): Por la cual se crea el Instituto Nacional de Logística (INALOG) como persona jurídica de Derecho Público no estatal. Acceda al texto de la Ley siguiendo éste enlace:

http://www.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2010/11/mtop_126.pdf

lunes, 29 de noviembre de 2010

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

CONFLICTO EN ADUANAS. SEÑAL DE PREACUERDO: El Gremio de Aduaneros y el Ministerio de Economía llegaron a un preacuerdo por el cual éste último aceptara seguir repartiendo el fondo de decomisos entre los funcionarios y quitarle los beneficios extra a los 50 paraestatales no aduaneros.

Los aduaneros reclamaban que se mantuviera un beneficio que perciben desde 1936 (un fondo de decomisos y multas que se reparte entre todos los funcionarios) y que se regularizara la situación de 50 funcionarios paraestatales que habían llegado de otras dependencias del Estado y que, percibiendo los incentivos de Aduanas, tenían haberes muy superiores, por tener topes salariales más elevados.


 

CONFLICTO MEDICO. SEMANA CON INCIDENTES, AVANCES Y RETROCESOS: Cuando todo parecía indicar que comenzarían las huelgas de los médicos (las Sociedades Anestésico Quirúrgicas y la Federación Médica del Interior, con la posibilidad de que se plegara desde el viernes el Sindicato Médico del Uruguay), se llegó a un principio de acuerdo por el cuál no se llevaron adelante las medidas de lucha (salvo las SAQ quienes levantaron la huelga el miércoles). La iniciativa del gobierno apunta al mantenimiento de las prestaciones que brindan las cajas aunque de forma complementaria al FONASA. Además el proyecto fija un aporte gradual de los usuarios que destinarán un porcentaje de sus salarios al Fonasa y otro a las Cajas de Auxilio.

Los médicos reclamaban la postergación de la desaparición inmediata de las cajas de auxilio así como el tener que "pagar por encima de lo que paga el resto de los trabajadores por el mantenimiento de las prestaciones de las cajas".

Previo al inicio de la reunión con el Ministro, los representantes de las SAQ fueron agredidos verbal y físicamente por un hombre que alegaba ser integrante del Movimiento de Usuarios de Salud Pública, sector con representación en la Junta Nacional de Salud (JUNASA). Vera se retiró del lugar previo a la reunión y responsabilizó al gobierno y al MSP de pergeñar el incidente. Tras la reunión, Olesker repudió lo sucedido, y afirmó respecto del agresor que "Sabemos que es una persona que no pertenece a los movimientos de usuarios".

El proyecto que presentó el gobierno prevé el ingreso de los beneficiarios de las Cajas de Auxilio al Fonasa, pero su aporte al seguro estatal de salud será gradual. Durante cuatro años un porcentaje del aporte irá para al Fonasa y el resto para financiar a las Cajas de Auxilio, que se deberán transformar en servicios complementarios de salud para brindar las prestaciones que el Fonasa no ofrece, entre ellas el subsidio por enfermedad que cubre el 100% del salario del trabajador mientras éste se encuentre en inactividad.

A partir de 2015 las Cajas de Auxilio deberán financiarse con "recursos extras" que deberán ser definidos en su momento. El Fonasa obtiene unos US$ 40 millones anuales con el ingreso de las Cajas de Auxilio.


 

ESTUDIAN IRREGULARIDADES EN ITF: El juez penal Eduardo Pereyra y el fiscal Juan Gómez iniciaron la investigación por presuntas irregularidades cometidas por el médico forense Guido Berro, durante su gestión al frente de la Morgue Judicial del Instituto Técnico Forense (ITF) y que fueron constatadas en una investigación administrativa iniciada en 2008 por la Suprema Corte. Hace 15 días, la Corporación dio cuenta al juez Pereyra sobre las presuntas irregularidades que implican a Berro, con el objetivo de establecer si hubo o no delito.

Entre los citados se encuentran funcionarios de la Morgue Judicial, jerarcas de la SCJ que tuvieron a su cargo la investigación administrativa y representantes de empresas funerarias privadas. La investigación administrativa de la SCJ determinó que Berro habría utilizado las instalaciones de la Morgue Judicial a fin de realizar embalsamientos para empresas privadas, los cuales tienen un costo aproximado de US$ 400. A su vez, de acuerdo con la investigación de la SCJ, Berro también habría extraído órganos "blandos" (cerebro, corazón, entre otros) de cadáveres que se encontraban en la Morgue Judicial para realizar prácticas con estudiantes de la Facultad de Medicina del Claeh de Maldonado, donde se desempeña como docente. Berro negó públicamente las acusaciones, y señaló que no tiene dudas respecto a que el tema se va a aclarar.


 

ACCION DE AMPARO DE TRABAJDORES DEL CAP. JUEZA AMPARO DEMANDA: La jueza laboral Mónica Pereira hizo lugar a la acción de amparo presentada por los trabajadores que no forman parte del sindicato del Consorcio Ambiental del Plata (CAP), obligando al sindicato de trabajadores de la empresa a "cesar las conductas de hostigamiento y coacción" hacia los empleados no agremiados que quieren desarrollar sus tareas. El conflicto, desatado por una minoría sindicalizada que reclama mejoras salariales y de condiciones laborales, llevó a una paralización que afectó sensiblemente la limpieza de las zonas donde la empresa tiene la concesión para ocuparse de la recolección de la basura.

Los funcionarios que expresaron su intención de no parar y desarrollar sus tareas de forma normal, fueron agredidos y amenazados por los huelguistas. Esa situación -a raíz de la cual incluso se presentaron denuncias policiales- llevó a los trabajadores no agremiados a recurrir a la Justicia para que a través de una acción de amparo, se asegurara su derecho a trabajar de forma normal. De esa forma, quienes no se adhieren al paro, han visto afectado su derecho a la libertad y al trabajo, previstos en los artículos 53 y 54 de la Constitución de la República. Esa vulneración de derechos "se realiza con ilegitimidad manifiesta, en tanto las medidas de agresión exceden el normal ejercicio del derecho de huelga"… "la parte demandada (el sindicato de CAP) no está dispuesta a buscar un punto de equilibrio que comparta el respeto de la posición de aquellos que disienten con la medida adoptada. No existe posibilidad de conciliación y equilibrio de los derechos".

Por ese motivo, para la jueza, las medidas de lucha adoptadas por los trabajadores agremiados son "desproporcionadas y vulneran" los derechos de quienes sí quieren "desarrollar la función para la cual fueron contratados, poniendo en riesgo la propia fuente de trabajo y la percepción de su salario". Por otro lado, la jueza Pereira cuestionó la actitud del sindicato de CAP, que no se presentó ante la sede judicial, teniendo así "una actitud omisa frente al presente proceso".

En los últimos años se han registrado una decena de fallos donde se amparó el derecho de los trabajadores no sindicalizados. En esos casos, a diferencia del relativo a CAP, siempre se trató de situaciones de empresas ocupadas, pero la esencia de este nuevo fallo sigue siendo la misma: el respeto de la voluntad de quienes no están de acuerdo con las medidas de lucha y quieren desarrollar normalmente sus tareas.


 

SEMANA DE COONFLICTO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES: La pasada fue una semana muy atípica en lo que refiere al funcionamiento de las oficinas del Poder Judicial. El normal funcionamiento de las oficinas se vio afectada por asambleas y paros, lo que provoco un retraso en el normal cumplimiento de las tareas para las Sedes Judiciales, así como para nosotros, profesionales.

En reclamo de mejoras salariales, los funcionarios judiciales (AFJU) ocuparon el pasado martes la Suprema Corte de Justicia. Luego de cinco horas y media, se levantó la medida en forma pacífica tras la intervención policial y gestiones con legisladores del FA.

Los funcionarios reclaman que el Senado modifique el Presupuesto asignado al Poder Judicial para el quinquenio, que implicaría un aumento de $ 500 en todo el gobierno para los sueldos más bajos. Para cambiar esa situación y evitar "inequidades" salariales, piden un incremento de unos $ 4.000 en los próximos cinco años, a través de una partida extraordinaria de $ 280 millones.

A pedido de la SCJ, sobre las 19:30 media docena efectivos de la Seccional 2° llegaron al lugar con el objetivo de lograr la desocupación del edificio. Minutos más tarde, la presencia policial se vio reforzada con otros diez policías del Grupo Especial de Patrullaje. A la hora 20, el jefe de Policía de Montevideo, Walder Ferreira, se hizo presente en el lugar y se acercó a la puerta de la SCJ. A las 20:30 llegó al lugar el diputado Carlos Gamou (CAP-L). Ingresó al edificio y mantuvo una charla con los funcionarios. Minutos después también arribaron los diputados Julio Bango y Elena Laurnaga (ambos del Partido Socialista) y se sumaron al diálogo con los trabajadores. Media hora más tarde, los tres legisladores se retiraron y anunciaron que habían transmitido a los funcionarios la intención del Frente Amplio de analizar la situación en los próximos días antes de que el Presupuesto se apruebe en el Senado, y por ese motivo se levantaría la ocupación.

El miércoles los trabajadores se reunieron con el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, para dialogar sobre la instalación del ámbito de negociación colectiva, reclamado por el sindicato. A las 15, fueron recibidos por la bancada de senadores del Frente Amplio. Ambas gestiones se dieron en el marco de un paro.


 

ANTECEDENTES DE MENORES: El gobierno propone "suspender" la aplicación de un artículo del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) que obliga a destruir los antecedentes de los menores al cumplir los 18 años. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció en el Consejo de Ministros que se enviará al Parlamento un proyecto de ley estableciendo una "suspensión" (sin fecha de finalización) del artículo 222 del CNA. El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, anunció oficialmente la intención del gobierno y sostuvo que "la medida ha sido respaldada por organismos como Ielsur, Serpaj y el Comité Interamericano de los Derechos del Niño de ONU".

Sin embargo, Mauro Tomasino, coordinador del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), dijo que "El gobierno nunca tuvo ningún diálogo con nosotros" y desmintió las afirmaciones del secretario. "Estamos desconcertados; no sabemos de dónde sacó eso Breccia". Además puntualizó que el Serpaj está "absolutamente en desacuerdo" con la iniciativa del gobierno. Lo mismo sucedió con el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). Su presidente, Luis Pedernera, expresó: "Nuestra posición es la misma que la del Comité de Derechos del Niño, y está muy lejos de ir en la línea de reforzar los sistemas penales. No recibimos ninguna consulta ni hablamos de esto con el gobierno".

A nivel judicial se considera que la propuesta del gobierno es inaplicable. El juez penal Ricardo Míguez afirmó que "por ley, ningún menor tiene antecedentes penales. Se entiende que el menor es inimputable; es decir, que no tiene madurez para discriminar los perjuicios que causa su acción"; por ello, "no procede considerarlos para juzgar a un adulto". Los antecedentes se toman en cuenta en los adultos "para evaluar su peligrosidad y a solo efecto de determinar si el procesamiento será con o sin prisión". "Sería distinto", añadió, "si se decidiera bajar la edad de imputabilidad; en ese caso, sí valdría tener los antecedentes".

Bonomi anunció también que se pretende contar con un instituto de contención de menores infractores o, eventualmente, lograr la ampliación de las instalaciones de la Colonia Berro. "Hay que dar contención física y psicológica, tratando de rehabilitar efectivamente a los menores. No se pueden rehabilitar si están escapándose continuamente", explicó Breccia.

lunes, 22 de noviembre de 2010

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

DESESTIMARON ACCION DE AMPARO CONTRA DECRETO QUE ESTABLECE 6 HORAS DE LABOR EN LA ADMINISTRACION CENTRAL: La Justicia desestimó el pasado miércoles la acción de amparo presentada por COFE contra el decreto que obliga a trabajar seis horas diarias. El amparo fue presentado por COFE con la firma de 78 funcionarios de los Ministerios de Trabajo y Turismo, así como por funcionarios de la Biblioteca Nacional, que tienen grado de profesionales universitarios.

Se afirma por parte del Sindicato que el decreto del Poder Ejecutivo (que entra en vigencia el próximo 1° de diciembre) y que los obliga a trabajar seis horas diarias, los perjudica porque no se prevé una compensación salarial. También plantearon que en su condición de profesionales, que a su vez se desempeñan en la órbita privada, la nueva carga horaria los hará renunciar a sus otras actividades.

La magistrada concluyó que la "reorganización horaria" que prevé el decreto "no violenta" el régimen jurídico que les es aplicable a los funcionarios; la administración "puede dentro de sus facultades discrecionales" modificar los regímenes laborales de los funcionarios públicos. Asimismo, para Cabrera "no se advierte tampoco la violación del derecho al trabajo o del derecho a la debida remuneración salarial" planteada en la acción de amparo. En su sentencia, la Juez expresa que la decisión del Poder Ejecutivo está enmarcada en la "aplicación de normas de buena y sana administración" y que se ajustan "al régimen estatutario que constitucional, legal y reglamentariamente corresponde" a los 78 funcionarios reclamantes.

COFE, lejos de dar por perdida la batalla contra el decreto que obliga a cumplir jornadas de seis horas en la Administración Central, llevará el tema a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sumando así un nuevo elemento en la denuncia que el sindicato de estatales prepara contra el gobierno uruguayo por supuesta violación del convenio colectivo.

Según el Sindicato, la decisión de la Juez de lo Contencioso Administrativo Cristina Cabrera de considerar legal el decreto, "no agota" otras vías para impugnar la normativa tanto a nivel judicial como en lo relativo a reclamos indemnizatorios patrimoniales de los funcionarios. "Respetamos la decisión de la jueza, pero no nos parece que no tengamos razón en plantear que todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo debe ser discutido con los trabajadores". Desde el Sindicato se afirma que los funcionarios de la Administración Central "no se oponen" a trabajar seis horas diarias, pero entienden que esa medida debe acompañarse con una "rediscusión de la escala salarial".

Por su parte, el abogado de COFE, Daniel Parrilla, dijo que apelará la sentencia de la jueza Cabrera. El asesor legal de la gremial indicó que antes de promover otros recursos judiciales contra el decreto, su intención es esperar el resultado de la apelación, que será tramitada por el Tribunal de Apelaciones Civil de 2° Turno.


 

    COMISION INVESTIGADORA DEL SENADO POR DEROGACION DEL ART. DE LA LEY 2.230:
El Senado, por 17 votos en 31, aprobó el informe del Frente Amplio (FA) que exime de toda culpa al Dr. Gonzalo Fernández en lo relativo a su actuación en torno a la derogación del art. 76 de la Ley 2.230. El informe aprobado concluye que Fernández no actuó "por motivos espurios o ilegítimos" cuando le sugirió a Abreu derogar el delito por el que procesaron a los Peirano. Fernández "no tuvo un beneficio particular" al sugerir la derogación.

A raíz de la experiencia, la bancada del FA aceptó la propuesta de blancos y colorados para que los proyectos de ley que modifican normas penales sean discutidos primero en comisión, hecho que no ocurrió con el proyecto que derogó el artículo 76 de la ley 2.230, que se trató directo en el plenario porque había apuro ya que el primer artículo trataba la situación del Casmu.


 

SOLICITARON LIBERTAD DE PEIRANO BASSO: La defensa de Juan Peirano Basso solicitó el pasado jueves su liberación. Peirano permanece en prisión desde septiembre de 2008, momento en que fue extraditado desde Estados Unidos. Fue procesado por el delito de "insolvencia societaria fraudulenta".

La solicitud de excarcelación se fundamenta en un dictamen del Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que condenó a Uruguay por haber violado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de ese organismo, que establece que todo individuo tiene derecho "a ser juzgado sin dilaciones indebidas".


 

PROYECTO ALTERNATIVO PARA MANTENER CAJAS DE AUXILIO: El gobierno presentará un proyecto de ley que mantiene en vigencia las Cajas de Auxilio y establece un aporte progresivo de sus afiliados al Fonasa. Autoridades del MSP, MEF y MTSS se reunieron para afinar la propuesta que será enviada al Parlamento y que deberá ser aprobada antes que termine el año, pues el plazo previsto para el ingreso de los usuarios de las Cajas de Auxilio al FONASA es el 1° de enero de 2011.

El proyecto del gobierno incorpora a los beneficiarios de las Cajas de Auxilio al Fonasa, pero establece un aporte progresivo de sus afiliados al seguro estatal y mantiene la vigencia de las Cajas. Durante cuatro años sus usuarios no volcarán la totalidad de los aportes al Fonasa, sino que destinarán un porcentaje que será del 1% de su sueldo en 2011 y se aumentará progresivamente hasta el 4% en 2014. Recién en 2015 se volcará todo al Fonasa. Hasta ese año, el resto de sus aportes irán a las Cajas, con lo cual se conseguirá que éstas sigan funcionando como "servicios complementarios de salud" y puedan seguir brindando las prestaciones que el seguro estatal de salud no ofrece, entre ellas el mentado subsidio por enfermedad que cubre el 100 % del salario del trabajador.

A partir de 2015, para mantener estos beneficios, los usuarios de las Cajas deberán hacer un aporte extra por encima del aporte al Fonasa que es del 4,5% para los trabajadores que no tienen hijos y del 6% para quienes sí tienen.

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010).

DECRETO 332/010 MODIFICA DTO. 455/007: Publicado en el Diario Oficial el 17 de noviembre (Nº 28.103): Por el cual se modifica el Decreto 455/007, por el cual se reglamentó el nuevo régimen de promoción de inversiones a que hace referencia la Ley 16.906, con la finalidad de incluir las plantaciones de árboles y arbustos frutales plurianuales, y de definir el alcance de la expresión de vehículos no utilitarios.

El literal a) del Artículo 3º del Decreto 455/007 quedará redactado:

a) Bienes corporales muebles destinados directamente a la actividad de la empresa. Quedan excluidos los vehículos no utilitarios y los bienes muebles destinados a la casa habitación.

A tales efectos, los siguientes vehículos se consideran no utilitarios:

- Vehículos de pasajeros, excepto ambulancias. El término ambulancia incluye a las unidades móviles de atención médica de emergencia.

- Motocicletas, motonetas, triciclos motorizados y vehículos similares; excepto triciclos motorizados con caja de carga abierta o cerrada (furgón) y una tara mayor a 300 kg.

    - Vehículos marítimos o aéreos utilizados con fines deportivos.

- Vehículos marítimos o aéreos con desplazamiento igual o menor a una tonelada."


 

Por el artículo 2 del Decreto, se agrega al art. 3 del Decreto 455/007 el siguiente literal:

"d) Plantines y los costos de implantación de árboles y arbustos frutales plurianuales, en tanto se incurran en el primer año del cronograma de inversiones. La Comisión de Aplicación definirá los montos máximos de inversión por hectárea así como los requisitos y condiciones pertinentes. Las empresas que hayan presentado proyectos luego del 1º de junio de 2009, incluyendo los bienes antes mencionados y cuenten con la declaración promocional antes de la entrada en vigencia del presente decreto, podrán solicitar se adecuen los beneficios otorgados a las disposiciones del presente numeral."

Por el art. 3 del Decreto se agrega al Decreto 455/007, el artículo 16 Bis.- (Superposición de proyectos), que establece que "Las empresas que en el mismo ejercicio económico dispongan de más de un proyecto de inversión aprobado por el Poder Ejecutivo con saldo de exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, podrán exonerar en dicho ejercicio, el menor de los siguientes montos:

a. la suma de los importes correspondientes a las exoneraciones computables en dicho ejercicio, de cada proyecto considerado individualmente;

b. el que resulte de la aplicación del mayor de los porcentajes establecidos en el artículo anterior en dicho ejercicio, para cada uno de los proyectos."


 

DECRETO 334/010 MODIFICA REGIMEN ASIGNACION ALEATORIA FISCALIAS CIVILES: Publicado en el Diario Oficial el 17 de noviembre (Nº 28.103): Por el cual se deroga el Decreto 353/004 y se modifica el art. 4° del Dto. 537/991, el cual quedará redactado: "Art. 4º.- Para las demás materias (con excepción de la penal, aduanera y de familia) se utilizará el mismo criterio de fijación de turnos, toda vez que el Poder Judicial establezca un régimen aleatorio para la determinación de la competencia temporal en los distintos Juzgados.

En el área de Familia, cada Fiscalía Letrada Nacional en lo Civil con competencia en la materia, actuará ante los Juzgados Letrados que anualmente determinará la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación. Establecese que las Fiscalías Letradas en lo Civil, seguirán conociendo en todos aquellos asuntos relativos a la materia de Familia que se encuentra actualmente en trámite, hasta su finalización."


 

DECRETO 338/010 COMETIDO JUNTA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA: Publicado en el Diario Oficial el 19 de noviembre (Nº 28.105): Por el cual se establece que la Junta de Transparencia y Ética Pública se encuentra facultada para proceder a verificar la corrección de las nóminas de funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes e ingresos, según lo dispuesto por los arts. 10 y 11 de la Ley 17.060; a través de personal propio o contratado, remitidas a la Junta por los organismos relacionados en el art. 1° de la Ley 17.060.

A tales efectos la Junta podrá constituirse en los organismos referidos, los que deberán poner a su disposición la documentación e información que se le requiera.

Previamente, la Junta deberá notificar su decisión al organismo que corresponda, el que deberá recibir el personal de la Junta dentro de los 15 días hábiles siguientes de recibida la notificación.

Al finalizar las actuaciones la Junta informará al organismo inspeccionado los resultados, indicando las correcciones que correspondan, disponiendo el organismo de 15 días hábiles para realizarlas y acreditarla ante la Junta.

De acuerdo al literal P) del art. 11 de la Ley 17.060, los funcionarios que efectúen tasaciones o inventario de bienes, obligados a presentar declaración jurada, serán aquellos cuya jerarquía no sea inferior a la de jefe o equivalente. Se exonera de ésta obligación cuando los bienes a tasar o inventariar sean de valor inferior a las 200 UR.


 

DECRETO 337/010 BONIFICACION CONTRIBUYENTES BUENOS PAGADORES BPS: Publicado en el Diario Oficial el 19 de noviembre (Nº 28.105): Por el cual se otorga una bonificación del 10% sobre las obligaciones jubilatorias patronales correspondientes a diciembre 2010 (a abonar en enero 2011), a los contribuyentes del BPS que hubieren cumplido, dentro de los plazos legales y reglamentarios, con todas sus obligaciones correspondientes al período mayo 2009 a abril 2010, al amparo del art. 9 de la Ley 17.963.

A los efectos de la instrumentación, se aplicarán los mecanismos dispuestos por BPS para dar cumplimiento al art. 8 de la Ley 17.963 y a lo dispuesto por Dto. 560/2009, con los ajustes correspondientes.

lunes, 15 de noviembre de 2010

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

TRIBUNAL RECHAZA RECUSACION DE CANESSA: La juez penal Fanny Canessa rechazó la recusación planteada por la directora del Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), Diana Noy. Canessa desestimó la recusación presentada por Noy, al entender que un juez no puede ser recusado en la etapa de presumario.

Asimismo el Tribunal de Apelaciones Penal de 3er Turno desestimó la recusación presentada por Noy, contra la juez y la fiscal adjunta Beatriz Scapusio, por entender que fue planteada de forma "extemporánea" en relación a Canessa y de forma "improcedente" en cuanto a Scapusio.

Por su parte, la Suprema Corte desestimó la denuncia administrativa presentada por Diana Noy, contra la juez Canessa. Los ministros de la Corte entendieron que no hay elementos que avalen la aparente situación de maltrato y hostigamiento de parte de la jueza, situación denunciada por Noy y tres educadores del CNR que debieron declarar en el juzgado a causa de la muerte del recluso Mauro Bozzatta.

Sin embargo, la SCJ resolvió iniciar un sumario administrativo al actuario del juzgado, César Menoni. La situación del actuario "es distinta" a la de la jueza, y por eso se decidió comenzar una indagatoria administrativa. De todos modos, Ruibal Pino se excusó de brindar mayores detalles al respecto.

Por otro lado, la madre del recluso fallecido presentó una demanda civil contra el Ministerio del Interior, al que reclama una indemnización de US$ 50.000 por el fallecimiento del joven de 26 años, a quien en el momento de morir le restaban cuatro meses para recuperar la libertad. En la demanda se denuncia que las autoridades no tuvieron "la más mínima inquietud" por indagar lo ocurrido con el interno.


 

CAU SOLICITARA PRORROGA PARA INGRESO PROFESIONALES AL FONASA:
El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) iniciará gestiones ante el gobierno para retrasar el ingreso de los prestadores de servicios personales independientes en el Fondo Nacional Salud (FONASA) previsto para el próximo 1° de enero. Una comisión creada en el CAU para analizar el tema, concluyó que el ingreso de los prestadores de servicios personales independientes al FONASA presenta "serios y graves" visos de inconstitucionalidad.

La incorporación de los profesionales al FONASA se hará mediante un descuento en base al total de la facturación, mientras que en el caso de quienes combinan capital y prestación de servicios, se realizará un aporte sobre una base ficta de 6,5 BPC.

La abogada tributarista Alicia Seijas, quien integra la comisión del CAU que evaluó la integración al Fonasa, dijo que la modalidad de ingreso al sistema deja "varios flancos abiertos para presentar acciones de inconstitucionalidad". Como el descuento para la cobertura de salud se hará en función de la capacidad contributiva, "lo que se está haciendo es aplicar un nuevo impuesto". "Si el resto de los beneficiarios del Fonasa pagan una contribución, ¿por qué nosotros vamos a pagar un impuesto?".


 

PROCESARON AL PRIMER MILITAR EN ACTIVIDAD POR CRIMENES COMETIDOS DURANTE LA DICTADURA:
Por primera vez, un general en actividad fue enviado a prisión por el crimen de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrido en la dictadura. Se trata de Miguel Dalmao, quien se desempeñaba como jefe de la División IV del Ejército. El juez Rolando Vomero también procesó con prisión al coronel (r) José Chialanza. En los dos casos, a pedido de la fiscal Mirtha Guianze, el magistrado les imputó el delito de "homicidio muy especialmente agravado" en grado de "coautoría".

El cuerpo de Nibia Sabalsagaray apareció sin vida en su celda, horas después de haber sido detenida. El caso se hizo pasar como suicidio, pero el juez Vomero, en base a los testimonios de ex presos y algunos militares, concluyó que la joven falleció durante una sesión de tortura. Si bien no se inculpa a Dalmao y Chialanza por haber sido los autores materiales de la muerte, su vinculación surge a raíz de que, según las pruebas recolectadas durante la investigación, permitieron y avalaron la tortura en el interrogatorio en el que murió Sabalsagaray. En su fallo, el juez señala que los militares incurrieron en "contradicciones" y que buena parte de sus declaraciones no son creíbles, en función de las pruebas recabadas.

Respecto a Dalmao, el juez sostiene que el general modificó en dos ocasiones su versión de cómo halló el cuerpo de Sabalsagaray. Incluso, el fallo sostiene que en su momento, entre algunos militares y presos, circuló la versión de que Dalmao fue el autor material del homicidio, aunque ese extremo no se pudo comprobar.

Frente a esto, un grupo de militares en actividad y retiro planea recurrir al pronunciamiento de organismos internacionales buscando la condena a la ley de Amnistía de 1985. A tales efectos abrieron una cuenta en Abitab para financiar la contratación de un estudio de abogados que presenten recursos en los tribunales internacionales de la ONU y la OEA contra la ley de Amnistía, que luego de la dictadura benefició a los ex guerrilleros del MLN-T. En 1985, el gobierno de Julio María Sanguinetti impulsó tres leyes para apoyar la restauración de la democracia: una ley que amnistió a los presos, la ley de Caducidad, y la ley de restitución de derechos para los funcionarios públicos destituidos en dictadura por razones ideológicas.


 

COMISION INVESTIGADORA DEL SENADO POR DEROGACION ARTICULO LEY 2.230: La oposición marcó "omisiones, olvidos y contradicciones" de Gonzalo Fernández y concluyó que se afectó el "delicado equilibrio" entre la órbita pública y privada. Pero justificó la labor del Senado al derogar delito por el que procesaron a los hermanos Peirano. El último informe de la oposición, elaborado por el senador blanco Carlos Moreira y firmado por Francisco Gallinal y el colorado José Amorín, recomienda elevar todo lo actuado a la Justicia.

Según el informe, "El redactor del proyecto y los firmantes actuaron dentro del marco de objetividad y responsabilidad (...) De haber conocido alguna de las eventuales consecuencias (la clausura del expediente), se habría exigido su previo pasaje por la comisión y una exhaustiva y profunda discusión posterior", dice el informe de la oposición.

Es probable que el informe del grupo de Pedro Bordaberry, Vamos Uruguay, marque su discrepancia respecto a la labor legislativa en este tema. Pasquet ha afirmado que hubo "negligencia" de los senadores. Los dos informes se distancian cuando analizan la actuación del ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández.

"El delicado equilibrio entre la actividad privada… y el cumplimiento de las reglas de derecho que regulan el ejercicio legítimo de la función pública, muy en especial por tratarse de un funcionario de tanta jerarquía y peso político, puede haberse visto comprometido a la luz de las omisiones, olvidos y contradicciones", dice el informe de la oposición. Cuando Fernández asistió al Senado, omitió decir que defendía a dos encausados por la aplicación de la ley 2.230. Tampoco dijo que había escrito un informe en 2006 al ministro de Economía Danilo Astori aconsejando la derogación del artículo, aunque luego "aconsejó lo contrario" por teléfono. La oposición asegura que "desde el punto de vista estrictamente jurídico y de técnica legislativa" era acertado derogar los artículos, ya que la ley 2.230 es "una vieja ley de 1893, calificada por maestros como Sebastián Soler como monstruo jurídico o por la doctora Adela Reta como ejemplo de pésima técnica legislativa". El informe indica que, al no haber pasado el proyecto por comisión y al haberse votado en forma urgente en sala, el Cuerpo de senadores "no tuvo prácticamente posibilidad de aquilatar, considerar y menos aún de prever algunas consecuencias jurídicas generadas por la aprobación" de la ley, en referencia a la clausura del expediente penal.

En cambio, el FA concluyó que Fernández "no fue protagonista" en la derogación y que resulta "prístino el espíritu" que movió al ex funcionario y también al senador Abreu.


 

CASO NIN NOVOA: La Fiscalía pedirá el procesamiento del senador Rodolfo Nin Novoa, por haber ocultado en su declaración jurada del año 2007, su participación en un emprendimiento rural que gestiona junto a sus hermanos. El fiscal Luis Bajac solicitará el procesamiento de Nin por el delito de "falsificación cometida por un funcionario público". Por las características del delito imputado, la solicitud de enjuiciamiento pedirá que se disponga la prisión preventiva de Nin.

Nin atribuyó a "intereses políticos" la resolución de la Fiscalía; afirmó que "no tiene ningún bien que no haya declarado" y calificó el pronunciamiento de la Fiscalía como "un disparate". En declaraciones a Radio Oriental, Nin dijo que "lo único que tengo es el emprendimiento rural junto a mis hermanos y eso lo declaré. No puse el nombre de la sociedad, pero sí todos los bienes que tengo".

La resolución del caso dependerá de si el Senado le levanta o no los fueros a Nin Novoa. Si eso ocurre, podrá ser citado a declarar, pero si no, el expediente quedará paralizado y recién habrá resolución en el momento en que no tenga más fueros parlamentarios.


 

EL BCU PUBLICO GUIA PARA DETECTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS CON RELACION A INMUEBLES: El Banco Central divulgó una "guía de transacciones y señales de alerta" con el objetivo de ayudar a detectar patrones sospechosos en actividades relacionadas con la compraventa, construcción, promoción, inversión y otras transacciones que involucren inmuebles.

El instructivo elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluye patrones de comportamiento que podrían vincularse con operaciones de lavado de activos provenientes tanto de actividades delictivas como del financiamiento del terrorismo pese a que aclara que la sola señal no tiene por qué implicar el acto delictivo. La Guía establece riesgos relacionados con la ubicación geográfica entre las que figuran: transacciones en las que intervengan personas domiciliadas o provenientes de países o territorios que no integren el GAFI, "que sean considerados paraísos fiscales o en los que rijan normas de secreto que puedan dificultar el adecuado conocimiento de los verdaderos beneficiarios finales de las operaciones y/o origen de los fondos utilizados" o que estén identificados por organismos serios por sus niveles considerables de corrupción, así como los que fueron objeto de sanciones internacionales.

Entre las señales vinculadas al cliente, plantea las transacciones que son a nombre de personas que reflejen indicios de carecer de capacidad económica, en las que participen personas políticamente expuestas, en las que intervengan procesados o condenados por delitos, familiares de éstos o personas que cuenten con domicilio desconocido. También aquellas transacciones que hagan fundaciones o asociaciones cuando las características de la operación no correspondan a los objetivos de la entidad o las que oculten el beneficiario final. Se agregan aquellas en las que se hacen arreglos entre compradores que permiten la inclusión de terceros desconocidos o las que reflejen interés de realizarse muy rápido sin explicación.

A nivel de las transacciones en sí, alerta sobre las que se hacen a precios diferentes a los del mercado, las que involucran varias compraventas sucesivas sobre el mismo bien, las que se realizan antes de un embargo o declaración de insolvencia, las pagas en efectivo, entre otras.


 

    COFE RECURRIO DECRETO SOBRE HORARIO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL: COFE presentó el pasado jueves un recurso administrativo, con más de 3.000 firmas, contra el decreto que los obliga a trabajar un mínimo de seis horas y modifica el sistema de sanciones. La defensa de los funcionarios apunta al régimen disciplinario que determina que ante una sucesión de sanciones se aplique hasta 180 días de suspensión. El texto del recurso señala que el decreto lesiona las garantías "al derecho del debido proceso legal, consagrado en el artículo 66 de la Constitución".

La semana próxima presentarán una acción de amparo ante el Poder Judicial. En ese caso dirán que la obligación de trabajar seis horas desconoce una serie de acuerdos previos de reducción horaria. Por tal motivo reclamarán que se les compense económicamente por la ampliación de la jornada laboral.

NORMAS DE INTERES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL (SEMANA DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2010).

IPC e IMS: Publicado en el Diario Oficial el 8 de noviembre (Nº 28.096): Por el cual se fija el Índice de los Precios al Consumo correspondiente al mes de octubre de 2010 en 300,66 y el Índice Medio de Salarios (IMS) correspondiente al mes de setiembre de 2010 en 128,95.


 

LEY 18.694 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DESPACHANTES ADUANA: Publicada en el Diario Oficial el 10 de noviembre (Nº 28.098): Por el cual se dictan normas que establecen obligaciones y responsabilidades para los despachantes de aduana, en lo relativo a la guarda, conservación y archivo de los documentos derivados de operaciones aduaneras.

Acceda al texto de la ley siguiendo éste enlace:

http://www.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2010/10/mef_270.pdf


 


 

DECRETO 322/010 VALOR UR, URA e IPC:
Publicado en el Diario Oficial el 10 de noviembre (Nº 28.098): Por el cual se fija el valor de la Unidad Reajustable (UR) en $ 469,75; el valor de la Unidad Reajustable de Alquileres (URA) en $ 467,41; y el Indice de Precios al Consumo en 298,74 correspondiente al mes de setiembre 2010.

El coeficiente que se tendrá en cuenta para el reajuste de los alquileres que se actualizan en el mes de octubre de 2010 es de 1,0632.


 


 

DECRETO 323/010 DISTRIBUCION PORCENTAJE FUNCIONARIOS CASINOS:
Publicado en el Diario Oficial el 10 de noviembre (Nº 28.098): Por el cual se modifica el art. 10 del Decreto 360/978 referente a la forma de distribución del porcentaje de las utilidades brutas del juego en los casinos del Estado entre el personal beneficiario de la Dirección General de Casinos.

Se establece que en caso de producirse pérdidas en un mes en algún Casino, no se realizará la distribución del porcentaje entre los funcionarios del mismo, con excepción de la participación en el Fondo Común del 3% previsto en el literal c) del art. 9. En los meses siguientes, los porcentajes se liquidarán sobre el total que resulte una vez absorbida dicha pérdida.

Igual criterio se aplicará para la participación de los demás funcionarios beneficiarios de la Dirección General de Casinos en la liquidación de los respectivos porcentajes.


 

DECRETO 326/010 REGIMEN EXTRAORDINARIO RETRIBUCIONES POR DEDICACION EXCLUSIVA, FUNCIONARIOS DGI:
Publicado en el Diario Oficial el 12 de noviembre (Nº 28.100): Por el cual se sustituye el artículo 1° del Decreto 298/010 referente al régimen extraordinario de retribuciones por dedicación exclusiva a funcionarios de la DGI.

El art. 1° establece que se deja sin efecto con respecto a los funcionarios de la DGI que perciban el nuevo régimen extraordinario de retribuciones por dedicación exclusiva, previsto en el inciso segundo de la Ley 17.706, el inciso segundo del art. 2° del Dto. 6/006 y el literal c) del art. 5 del Dto. 22/007.

lunes, 8 de noviembre de 2010

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

    PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LA LEY DE ABREVIACION DE PROCESOS LABORALES: Si se aprueba el proyecto del gobierno que modifica la ley de abreviación de juicios laborales, ningún reclamo de esa naturaleza podrá llegar a la Suprema Corte, ya que en la iniciativa no se prevé la instancia de casación. El proyecto elimina el artículo que prevé que para poder apelar el empresario debe depositar el 50% del monto total de la condena. También modifica la disposición en la legislación vigente que establece que si el empleador no asiste a la audiencia el juez debe darle la razón al trabajador. El proyecto también plantea una nueva regulación en los plazos para los casos de menor cuantía (que no superen los $ 81.000 y que se tramitan en instancia única). El nuevo texto prevé 10 días para que el empresario conteste la demanda y otros 10 días para la celebración de la audiencia.

En cuanto a los casos de mayor cuantía (donde los reclamos superen los $ 81.000) el proyecto especifica que "solo se admitirán" los recursos de aclaración y ampliación, reposición, apelación, queja por denegación de apelación y revisión. El abogado especialista en derecho procesal, Santiago Pereira Campos, dijo que "es un error" no habilitar la instancia de casación ante la SCJ en los juicios laborales porque "son derechos muy importantes los que están en juego en esos casos". Según el abogado, consultado por el Diario El País, tal como está redactado el proyecto del Ministerio de Trabajo, "la Suprema Corte de Justicia va a dejar de actuar en la materia laboral".

Por su parte, la abogada laboralista Cristina Mangarelli, coincidió con que la eliminación de la casación "es un error" y destacó que la SCJ "ha mostrado una jurisprudencia respetuosa de las particularidades de la materia laboral". "El hecho de que los casos lleguen a la Corte jerarquiza a la disciplina laboral".


 

    PROYECTO DE LEY INTRODUCE MODIFICACIONES AL REGISTRO TITULARES VEHICULOS: La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes analizará un proyecto de ley sobre la responsabilidad civil de los propietarios registrales de los vehículos. El proyecto plantea que "la realización del título y la inscripción de un vehículo sea obligatoria para que exista certeza jurídica y correspondencia entre el registro y la realidad". Este trámite lo podría realizar tanto el comprador como el vendedor ya que la responsabilidad pasaría a ser de ambos. El artículo 3 del proyecto establece que "hasta tanto no se inscriba el título, el titular registral al momento del accidente será civilmente responsable y en forma solidaria con el guardián material por los daños y perjuicios ilícitos que se produzcan con el automotor".

En un accidente de tránsito, las dificultades para identificar al propietario del vehículo causante del daño es un problema frecuente, como consecuencia de que la mayoría no tramita el título de propiedad al momento de comprar el coche. Suele acontecer que el dueño del vehículo es diferente al titular "municipal" y al propietario que está en los registros. Esto se da cuando un vehículo se vende varias veces pero no se realizan los títulos de propiedad y los registros.


 

    PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO: El Senado dio el pasado miércoles media sanción al proyecto que flexibiliza el levantamiento del secreto bancario. Según senadores del Frente Amplio y Alianza Nacional el proyecto incorpora un criterio de "equidad tributaria" porque grava tanto los activos de uruguayos en el exterior como los de inversores extranjeros en la plaza local, y porque da "garantías" a los individuos y empresas cuando, a pedido de la DGI o de un gobierno extranjero, se solicite el levantamiento del secreto bancario.

Durante la sesión, la Unidad Nacional (UNA) y el Partido Colorado lanzaron duras críticas a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por ejercer "presión" sobre el país. Pedro Bordaberry afirmó que se pone "al país de rodillas" frente a la voluntad de la OCDE y ratificó que el proyecto constituye "una entrega de soberanía".

Francisco Gallinal (UNA) dijo que el proyecto es "inconveniente" porque "impactará en la economía nacional"; hay temas sumamente diferentes en el proyecto, como las normas que prevén ampliar el IRPF. El proyecto sobre el levantamiento del secreto bancario "no es más garantista" para el inversor extranjero, sino que "se aplica para flexibilizarlo, lo que genera incertidumbre en la plaza".


 

CASO NIN NOVOA: El fiscal penal Luis Bajac resolverá ésta semana si pide el procesamiento del ex vicepresidente y actual senador frenteamplista Rodolfo Nin Novoa, por haber omitido informar en una declaración jurada su participación en una sociedad rural que administra con sus hermanos. En caso de pedir el procesamiento de Nin Novoa, el fiscal lo haría por el delito de "declaración jurada falsa" (art. 239 del Código Penal).

Si efectivamente el fiscal pide el procesamiento de Nin Novoa, la jueza Fanny Canessa deberá tramitar su desafuero ante el Parlamento. Sin embargo, blancos y colorados (que juntos suman 14 bancas en el Senado) no podrán votar por sí solos el levantamiento de los fueros de Nin Novoa, para lo cual se requieren 21 votos. El ex vicepresidente, representado por la abogada Hebe Martínez Burlé, presentó el año pasado un escrito ante la jueza Canessa en el que señaló que cometió un "error" y no una "omisión" al no dar cuenta de su participación en la sociedad rural de Cerro Largo. En la declaración jurada de 2009, sí incluyó esta información.


 

DESCUENTO SALARIAL POR ADHESION A PAROS: Pese a un decreto del período de Tabaré Vázquez que contempla descuentos salariales por paros en la Administración Central, los gremios terminan negociando rebajas por montos menores, quitas en cuotas o, incluso, el perdón total.

El decreto de 2008 establece descuentos proporcionales a las horas no trabajadas en el marco de medidas gremiales atípicas, como el trabajo a reglamento, los paros "de brazos caídos" o los llamados "paros perlados", que terminan afectando los servicios públicos. El paro del clearing por parte del sindicato bancario es un ejemplo de estas medidas.

Expertos en derecho laboral entienden que, jurídicamente, "no es discutible" la potestad de descontar las horas no trabajadas. Eduardo Ameglio, afirmó que "lo que puede ser discutible es cuánto se tiene que descontar". "Normalmente a nivel público y privado se descuenta directamente las horas no trabajadas". Sin embargo, marcó sus dudas en cuanto a la posibilidad de descuento a los funcionarios del BROU, por cuanto el decreto de 2008, refiere a trabajadores de la Administración Central, y no de los entes autónomos.

Según Pérez del Castillo, a nivel judicial "está todo el mundo de acuerdo" en que es posible descontar las horas no trabajadas tanto a los trabajadores privados como públicos. Sin embargo, la polémica radica en que hay posiciones encontradas respecto a si el descuento "se hace en relación a lo no trabajado o a las consecuencias que esa medida trajo al empleador". El criterio "más habitual y menos problemático" es realizar el descuento en función del tiempo por el que el trabajador dejó de cumplir su función.


 

    CONCLUSIONES DEL OFICIALISMO POR DEROGACION DEL ART. 76 DE LA LEY 2.230: El Frente concluyó que Gonzalo Fernández no actuó "por motivos espurios o ilegítimos" y no fue "protagonista" en la derogación del delito por el que procesaron a los Peirano. Y que el senador Abreu, "alma mater" de la ley, se manejó con "autonomía". El informe fue elaboradora por los asesores Homero Guerrero (abogado de confianza del presidente José Mujica y del MPP), Rodolfo Nin (hijo del senador Rodolfo Nin Novoa) y Héctor Di Giácomo (abogado socialista, ex director de la Fiscalía Letrada de la Policía y de Asuntos Internos del Ministerio del Interior), bajo las directivas de los senadores Jorge Saravia (Espacio 609), Nin Novoa (Alianza Progresista), Mónica Xavier (Partido Socialista) y Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay).

Allí se afirma que el ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández, la abogada Cecilia Salom (su mujer) y el senador blanco Sergio Abreu no tuvieron interés particular en la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, que luego habilitó la clausura del expediente de los hermanos Peirano Basso. El objetivo de la ley fue "evitar duplicar figuras delictivas". El informe oficialista, que será votado por el Senado. El informe debe ser aprobado el lunes por la bancada de senadores de la coalición.

Todo indica que el texto tendrá diferencias con las conclusiones de la investigadora que funciona en el FA, donde está casi terminado el trabajo. Allí hubo visiones críticas de las bases, el Partido Comunista y el MPP. También habrá diferencias con el informe del Partido Nacional y del Partido Colorado en torno a la actuación de Fernández, ya que ese informe mencionará "contradicciones y omisiones" del ex funcionario de gobierno, aunque no juzga su actuación y marca como correcta la derogación del artículo 76 de la ley 2.230.

El informe del FA dice que el aporte del Dr. Gonzalo Fernández se debió a consultas de terceros; no habiendo tenido actuación impulsora o protagónica en el proceso y alertando cuando entendió que se estaría al borde de cometer un acto equivocado (en 2006 avisó al ex ministro Danilo Astori que no derogara el artículo 76 porque podía liberar a los Peirano).

Respecto a la labor de los senadores, el informe concluye que se "actuó con autonomía y fundamento" y que hay coincidencias "entre todos los legisladores" en que se intentó "evitar la multiplicación de normas en nuestro sistema jurídico".

Con respecto a la defensa del ex director del Banco de Montevideo Juan Domingo Ratti por parte del estudio de Fernández, y en particular de la abogada y pareja del Dr. Gonzalo Fernández (Dra. Cecilia Salom), el informe frenteamplista indica que "excede claramente el objeto de la investigación" del Senado. "No obstante, puede decirse que su accionar en esa área no tuvo nada que ver con el proceso de aprobación de la norma en cuestión, ni se puede sostener que ella o el doctor Fernández hayan intentado aprovechar la condición de este último para obtener un beneficio procesal particular.

El oficialismo aclara que el informe "no pretende invadir la investigación judicial" y "no pretende agotar el análisis más allá de las fronteras del proceso de aprobación de la ley".


 

COORDINADORES REGIONALES: El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, informó en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que el oficialismo modificará el artículo 88 del proyecto de Presupuesto para reflejar el acuerdo entre el presidente José Mujica y el senador blanco Jorge Larrañaga respecto a que habrá seis coordinadores regionales y no 18 departamentales.

Larrañaga le entregó a Breccia y al prosecretario Diego Cánepa una propuesta de redacción donde, además de establecer "hasta seis cargos de coordinador regional, de particular confianza", se plantea que quienes ocupen esos lugares tendrán inhibiciones para hacer política. La propuesta dice que el cargo "recaerá sobre personas de comprobada trayectoria e idoneidad técnica" y "no podrán haber desempeñado cargos públicos electivos durante los tres años anteriores a su designación ni podrán ser candidatos a cargos públicos electivos hasta transcurridos tres años de la fecha del cese".

Larrañaga condicionó el apoyo de su sector a la inclusión de esas prohibiciones, teniendo en cuenta el respaldo de los intendentes a la propuesta del gobierno. La UNA no apoya a los coordinadores regionales y tampoco el Partido Colorado.

Amorín, Larrañaga y Heber también pidieron al gobierno que "desglose" del proyecto los cambios relativos a la URSEC que, a juicio de la oposición, le quitan independencia al organismo y lo subordinan al Ejecutivo.