CASO BLANCA FILIPPINI. PRESENTARON DENUNCIA PENAL EN SALTO: El Dr. Pablo Perna, abogado de la familia Filippini, presento el pasado martes ante el Juzgado Penal de 4º Turno de Salto la anunciada denuncia contra los médicos que asistieron a la niña los días 27, 28 y 29 de marzo. La denuncia se efectuó a los efectos de determinar si existió culpa médica por los profesionales que intervinieron en la asistencia, para establecer si existió algún tipo de ilícito. Una pediatra y una practicante están comprometidas en la investigación. Al mismo tiempo se pudo saber que la investigación interna que está realizando el MSP insumirá al menos una semana más.
CASO NIN NOVOA. SIGUE ADELANTE LA INVESTIGACION La fiscal penal y especializada en crimen organizado Mónica Ferrero pidió a la Jueza Fanny Canessa que intime al Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, a designar formalmente abogado defensor en el marco de la denuncia que en su contra presento el senador de Alianza Nacional Julio Lara. La solicitud se funda en que hasta el momento Nin venía declarando en calidad de testigo y no de indagado. La denuncia efectuada por el Senador blanco afirma que el vicepresidente no incluyó en su declaración jurada de 2007 su participación accionaria en una sociedad rural (Tupambaé) que también integran sus hermanos. Lara efectuó otra denuncia acusando también a Nin de una presunta irregularidad en un préstamo que obtuvo en el BROU para saldar la deuda de un campo, habiendo sido beneficiado con importantes quitas en una deuda que mantenía con dicha institución. La abogada asesora del vicepresidente, Hebe Martínez Burlé, afirmo que la Jueza Canessa antes de procede a citar a Nin a la Sede Judicial, deberá tramitar su desafuero ante la Cámara de Senadores.
ARCHIVO DE LA CAUSA POR CHOQUE DE LA MINISTRA MUÑOZ: Según pericias realizadas por Policía Técnica y las declaraciones de los implicados se logró comprobar que la Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, circulaba a una velocidad no mayor a los 60 kilómetros por hora y que la moto con tráiler a la que embistió (conducida por Oscar Vidal) no contaba con los elementos de señalización. El accidente ocurrió el viernes 10 de abril en la Ruta Interbalnearia a la altura del kilómetro 72 (Cuchilla Alta). A criterio del fiscal penal de Ciudad de la Costa, Gilberto Rodríguez, no existen elementos que permitan atribuir responsabilidad penal a la secretaria de estado por el accidente, razón por la cual solicitará a la Jueza Adriana De Los Santos la clausura y archivo de las actuaciones.
DENUNCIA PENAL POR OMISION DE ASISTENCIA CONTRA LOS FUNCIONARIOS DEL CASMU: En pleno conflicto y a la espera del Decreto del Poder Ejecutivo que decrete la esencialidad del servicio, la Junta Directiva del Casmu presentó una denuncia penal ante el Juzgado Penal de 12º Turno, contra los enfermeros de la institución que hicieron abandono de los servicios elementales de la mutualista y pusieron en riesgo la vida de pacientes. Motivo la denuncia el abandono de los funcionarios de los lugares críticos: CTI, CTI Neonatal y puerta de emergencia. Existe el riesgo de diagnóstico tardío del deterioro de funciones vitales o que su tratamiento se retrase por la falta de personal. Se denunció una situación asistencial irregular ya que si hubiera habido alguna situación de emergencia que pudiera haber requerido asistencia no se cree que con la presencia del médico, que ignora donde están guardados los instrumentos necesarios para una reanimación, hubiera alcanzado. En las salas comunes en algunas ocasiones hubo una enfermera cada 27 pacientes. Se agrego como elemento de prueba de la denuncia, las actas de constatación realizadas por Escribano cada vez que se generó el abandono de los puestos de trabajo. Los hechos se ajustarían al tipo penal descrito en el art. 332 inciso 2º del Código Penal, sobre Omisión de Asistencia en su carácter culposo y a que dicha figura penal es considerada como un delito de peligro.
POR NO AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: La Juez de lo Contencioso Administrativo, Dra. Cristina Cabrera, dispuso el archivo de la causa deducida por el legislador del Foro Batllista Gustavo Espinosa contra el Poder Legislativo, por no haber agotado la instancia administrativa. El legislador había demandado al Poder Legislativo reclamando una indemnización por haberle exigido que renunciara al cargo de funcionario que desempeñaba en la Comuna Canaria (por incompatibilidad de funciones) antes de que asumiera su banca en el Legislativo en febrero de 2005.
DENUNCIA DE IRREGULARIDADES EN EL PROCESO LICITATORIO DEL CUDIM: La empresa CONATEL, representante en Uruguay de la afamada empresa SIEMENS, presento ayer un escrito ante la Sede de la Dra. Graciela Gatti, aportando información que evidenciaría irregularidades en el proceso licitatorio mediante el cual el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) resolvió adquirir el equipamiento a la empresa General Electric, pese a que la denunciante había ofrecido precios más convenientes para la instalación del primer tomógrafo de Emisión de Positrones (PET) que permite diagnosticar precozmente el cáncer. Las empresas Conatel y Tera Ingenieros-IBA presentaron recursos administrativos ante el MSP (responsable administrativo del CUDIM).
SCJ DESESTIMO INCONSTITUCIONALIDAD DEDUCIDA POR VECINOS CONTRA UN DECRETO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO: La SCJ desestimó la demanda de inconstitucionalidad deducida por una serie de vecinos contra un Decreto de la Intendencia Municipal de Montevideo de octubre de 2007 por el cual, en base al reaforo aprobado en el año 2006, aumento la contribución inmobiliaria de cientos de contribuyentes. El órgano supremo de nuestro sistema judicial ya dicto cinco sentencias en el mismo sentido. La sentencia desestima el argumento en cuanto a que el decreto viola los principios de igualdad jurídica y contributiva.
CASO CASINOS IMM: El fiscal penal Diego Pérez interpuso recurso de apelación contra la resolución de la jueza Fanny Canessa por el cual se otorgo la libertad provisional a Gustavo Dalmonte, quien había sido procesado con prisión en diciembre de 2007 junto con el ex director de esa repartición Juan Carlos Bengoa y otras tres personas. A criterio del fiscal continúa la “alarma pública” en torno al tema y queda aún pendiente prueba por diligenciar, razón por la cual interpondrá el recurso de apelación. El abogado de Dalmonte, el Dr. Carlos Curbelo Tammaro, afirmo que su cliente debía ser excarcelado en virtud de la “proporcionalidad” existente entre el delito imputado y la reclusión preventiva sufrida.
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