Fuente: Diario El País.
MAS ACCIONES CONTRA LA LEY DE CADUCIDAD: La fiscal penal Ana María Tellechea, que interviene en los casos conocidos como los "fusilados de Soca" y el secuestro y apropiación de identidad de Amaral García, presento la acción de inconstitucionalidad contra la ley de caducidad a los efectos de que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie. En sus escritos Tellechea señala que la Ley de Caducidad "violenta el principio de Separación de Poderes" y también cuestiona el contexto político en el que fue aprobada.
El expediente referido al caso de los "fusilados de Soca" investiga la muerte de cinco opositores de la dictadura que, tras haber sido detenidos en Argentina, fueron asesinados el 19 de diciembre de 1974. Entre los fallecidos se encontraban los padres de Amaral García, a quien se le sustrajo su identidad durante más de diez años, caso que se indaga de forma conexa.
ELECCIONES DE ALCALDIAS. ALGUNOS APUNTES PARA ENTENDER QUE SE VOTA: Los cuatro partidos políticos acordaron fijar por ley los distritos electorales donde funcionarán 89 alcaldías. Las elecciones de alcaldes se celebrarán el 9 de mayo, junto con los comicios municipales. La cantidad de habitantes que una localidad requiere, según la ley, para habilitar la instalación de una alcaldía es de 5.000.
La Corte Electoral resolvió el pasado miércoles que no habilitará el voto cruzado entre candidatos a intendente y a alcalde: sólo se podrá votar dentro de un mismo partido. También se definió que cada lista tenga una hoja de votación distinta por municipio o alcaldía. No se anulará el voto a intendente cuando esté en un sobre con una hoja de una alcaldía equivocada y sólo podrán registrar candidaturas a alcalde los partidos políticos y agrupaciones.
LA SCJ INICIARÁ INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POR FILTRACION DE INFORMACION EN CASO VINCULADO A LA FIGURA DE "COLABORADOR": El juez penal de Maldonado Gabriel Ohanian solicitó a los ministros de la SCJ que inicien una investigación administrativa por la "filtración" de información sobre la situación procesal de una empresaria inmobiliaria enviada a prisión por su sede. La indagatoria administrativa, que será llevada a cabo por el ministro del Tribunal de Apelaciones Penal de 1° Turno, Ángel Cal. Si bien la polémica generada involucra a Álvarez Petraglia y Ohanian, la Corporación decidió que también se investigue administrativamente la actuación de Adriana Graziuso.
La empresaria procesada fue la "colaboradora" que aportó elementos sobre la operativa del grupo de narcotraficantes desbaratado en la "Operación Campanita" en 2006 y que en noviembre de 2009 derivó en el enjuiciamiento del abogado Carlos Curbelo Tammaro por el delito de "lavado de activos".
Ohanian procesó a la empresaria por el delito de apropiación indebida a raíz de la denuncia de los propietarios de dos chalets que fueron alquilados por la temporada de verano, aunque no percibieron el dinero producto del arrendamiento.
La empresaria, que está involucrada en la maniobra, acordó con Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez la posibilidad de brindar información a cambio de no ir a prisión, mecanismo previsto en la nueva ley antilavado vigente desde junio del año pasado. Álvarez Petraglia entendió que existió una campaña para "desacreditar" a la testigo que aportó varios de los elementos que permitieron procesar a Curbelo Tammaro.
El procesamiento con prisión de la "colaboradora", será uno de los elementos que utilizará la defensa de Curbelo Tammaro -a cargo de Miguel Langón- que sostiene que el testimonio en su contra no puede ser considerado válido. Además, se entiende que no hay elementos que permitan vincular al abogado con las maniobras de "lavado" ni que haya participado en inversiones.
SE ARCHIVO DENUNCIA POR APORTES CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO: El fiscal especializado en crimen organizado Ricardo Perciballe pidió a la jueza Graciela Gatti el archivo de una denuncia del abogado Gustavo Salle, quien solicitó que se investigaran los aportes de empresarios privados para el financiamiento de los actos de asunción del nuevo gobierno el pasado lunes 1°. Perciballe entendió que antes de que asumiera la nueva administración, el gobierno ya había aclarado que la ceremonia oficial correría por cuenta del Estado, mientras que los aportes de los empresarios se destinarían a la realización de los espectáculos artísticos. Afirmo asimismo que en caso de que existiera responsabilidad por estos hechos, debería ser analizada desde el punto de vista político y no desde la perspectiva de la Justicia Penal.
En su denuncia Salle expreso que ignoraba la forma y métodos por los cuales se persuade a los empresarios para que aporten dinero, y solicitó a la jueza Gatti y al fiscal Perciballe que trabaran una medida cautelar que prohibiera la utilización de los aportes de los empresarios en los actos del 1° de marzo.
CASO CASINOS MUNICIPALES:
La investigación sobre las irregularidades en los casinos de la Intendencia de Montevideo en el período 2000 - 2005 no solo ha puesto en evidencia contradicciones entre las ex autoridades municipales. Ahora se suman versiones disímiles entre los empresarios que arrendaban slots a las salas de la comuna. El pasado martes, la Juez Fanny Canessa y el fiscal Diego Pérez, tomaron declaración a los empresarios Raúl Cohn y Roberto Kan, dos los principales proveedores de tragamonedas que tenía la comuna en ese período, y cuyos contratos cesaron en diciembre de 2009. Los testigos fueron interrogados respecto a una reunión que el empresario Carlos Mautone, afirmó tener con ellos en 2001, antes de que Bengoa cambiara el régimen de compra de slots a un sistema de arrendamientos. Ambos testigos negaron la existencia de ese encuentro.
Mautone había prestado declaración el pasado 22 de febrero y, entre otras cosas, sostuvo que fue el propio intendente Mariana Arana quien gestionó el contrato de arrendamiento de dos slots que se instalaron en el Hotel Oceanía a un 50% de rendimiento. En la investigación ya existen versiones contradictorias entre Arana, la ex secretaria general de la comuna, María Julia Muñoz, y Bengoa.
El pasado lunes la Juez Canessa otorgó la excarcelación al ex director de los casinos de la Intendencia de Montevideo Juan Carlos Bengoa. La magistrada entendió que Bengoa cumplió con una extensa prisión preventiva, ya que computando el tiempo real de reclusión más la redención de pena por trabajo en prisión lleva más de tres años recluido. Además, la jueza consideró que todavía faltan varios meses para que el proceso de primera instancia tenga su sentencia.
CONSENSO POLITICO PARA PROHIBIR HUELGA POLICIAL: El gobierno y la oposición acordaron prohibir expresamente a los policías realizar huelgas. En la reunión los delegados de ambas partes discutieron criterios básicos de una nueva Ley Orgánica Policial. Coincidieron en que la Policía "es una fuerza de naturaleza estatal, sometida al Poder Ejecutivo, y que tiene que funcionar permanentemente. Y no puede operar en estado de asamblea". los convenios que firmó Uruguay con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), excluyen a la huelga policial porque se considera que la Policía brinda un servicio esencial a la ciudadanía.
CONDENAN AL FNR A SUMINISTRAR COSTOS FARMACO A PACIENTES CON CANCER: La Justicia condenó al Fondo Nacional de Recursos (FNR) a financiar el tratamiento a dos pacientes con cáncer de hígado que necesitan un fármaco que cuesta $ 111.000 por mes. Los demandantes habían iniciado un recurso de amparo contra el FNR y el MSP alegando que dichos organismos están obligados a financiarles el tratamiento con el costoso medicamento. El MSP había autorizado la utilización del fármaco en octubre de 2007, pero el FNR lo incluyó en el Formulario Terapéutico Médico solamente para tratar casos de cáncer de riñón, por lo que ellos quedaron excluidos. En la acción presentada se planteó que se estaba lesionando "groseramente" sus derechos "a la vida, la salud y la igualdad", ya que no pueden pagar de su bolsillo el costo mensual del tratamiento, que ronda los $ 111.000.
En la sentencia, el juez de lo Contencioso Administrativo Fernández de la Vega, señala que la responsabilidad de entregar el medicamento corresponde al FNR a través de su Comisión Técnica Asesora. Por ese motivo, sobreseyó al MSP, ya que cumplió su deber de autorizar el fármaco. Tomando en cuenta que la comercialización del medicamento se autorizó en 2007, el magistrado entiende que "a esta altura" no resulta lógico que no haya sido incluido por el FNR en su cobertura farmacológica, "por más que se reconoce que es costoso". El FNR no logró demostrar razones válidas que "justificaran la no inclusión del medicamento para el tratamiento" contra el cáncer de hígado. Así, para el magistrado, es "evidente" que para los demandantes "el servicio no ha funcionado adecuadamente".
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