Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

PROYECTO DE LEY INTERPRETATIVA DE LA LEY DE CADUCIDAD: La Mesa Política del FA mandato a sus legisladores a votar el proyecto de ley interpretativa de la Ley de Caducidad, que declara la "ilegitimidad manifesta" de los artículos 1, 3 y 4 de la ley y que busca reabrir las causas contra violadores de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), fue aprobado el pasado lunes por la Comisión de Constitución de Diputados sólo con los votos del Frente Amplio.

El Senador Jorge Saravia (Patria Grande-Espacio 609) afirmo que cualquiera sea la resolución de la Mesa Política no podrá superar lo resuelto por la gente en dos plebiscitos. Ese proyecto de ley, impulsado por la Mesa Política del FA, va en contra de los principios históricos del Frente que siempre defendió la democracia participativa. El senador Nin Novoa también señaló que tampoco votará el proyecto afirmando que es un certificado de defunción para la democrática directa.

El diputado Gustavo Borsari (Unidad Nacional) opinó que el Poder Legislativo "no puede" anular una ley ratificada dos veces por la ciudadanía.

 

DENUNCIAN A JUEZ Y FISCAL POR PRESION EN INVESTIGACION: El Ministerio del Interior denunció, ante la Suprema Corte y el Ministerio de Educación y Cultura respectivamente, a la jueza (Fanny Canessa) y la fiscal (Beatriz Scapusio) que indagan la muerte de un recluso en el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) por presuntas presiones hacia la directora y funcionarios de esa unidad penitenciaria.

La directora del CNR, Diana Noy, y tres educadores de esa dependencia, pusieron en conocimiento del Ministerio del Interior la situación de acoso y malos tratos verbales a los que habrían sido sometidos en las oportunidades en las que declararon ante la juez y la fiscal. Ante ese planteo, el Ministerio del Interior hizo la denuncia.

El caso dice relación con el fallecimiento de un recluso del CNR cuyo cuerpo apareció ahorcado en su celda el 30 de agosto. Días antes de morir, el interno había sufrido golpizas tras denunciar una red de corrupción entre presos y policías. Un informe elaborado por peritos del ITF estableció que el interno no se suicidó, sino que fue asesinado.

La Fiscalía solicitó el procesamiento de la directora del CNR al concluir que está debidamente probado que la funcionaria no tomó medidas para preservar la vida de Bozzatta, aun sabiendo que días antes de morir había recibido golpizas de parte de otros internos.

 

DECRETO DE 6 HORAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL: El Ministerio de Trabajo convocó a COFE el pasado miércoles a fin de notificarle sobre el decreto que obliga en la Administración Central a trabajar entre 6 y 8 horas, según sea la modalidad por la que fueron contratados. El gobierno, a través del secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, anunció que el decreto se daría a conocer hace una semana en el Consejo Superior de públicos, lo que no se realizó. Luego se pospuso su presentación para realizarle algunas modificaciones en su redacción.

Según trascendidos, en COFE no ha caído bien este Decreto, hecho que comuncaron al Poder Ejecutivo en la reunión celebrada el pasado viernes.

Según especialistas en gestión pública, la medida afectará fundamentalmente a los profesionales y técnicos que se desempeñan en distintos organismos del Estado. Quienes incumplan esta disposición serán sancionados, al igual que sus jerarcas, encargados de controlar la asistencia y permanencia del personal en el lugar de trabajo.

 

PREVEN OLA DE JUICIOS CONTRA EL ESTADO POR ARTICULO SOBRE INCOMPATIBILIDAD EN LA LEY DE PRESUPUESTO: Más de un millar de personas que trabajan en el Estado y en organismos paraestatales se verán seriamente afectadas por un artículo del Presupuesto que les impedirá, a partir del 1° de enero, mantener ambos vínculos laborales. El art. 46, que originariamente era el art. 48 en el proyecto original del Poder Ejecutivo, extiende el régimen vigente de incompatibilidad en el Estado de forma tal que alcanza a los empleados de las paraestatales.

Entre las paraestatales a las que afectará esta norma están las Cajas de jubilaciones Bancarias y Profesionales, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el LATU, la Corporación Vial, el INAC, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el Fondo Nacional de Recursos y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

El Dr. Martín Risso, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, estimó que esa situación podría dar lugar a reclamos judiciales contra el Estado por el pago de indemnizaciones.

Daniel Parrilla, abogado de COFE se mostró sorprendido por la modificación del artículo. Afirmó que se trata de una limitación del derecho al trabajo y no sé a cuántas personas podrá afectar.

Poco antes de que el texto final del proyecto de Presupuesto fuera aprobado en la Comisión de la Cámara de Diputados, la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) presentó una serie de modificaciones relativas al capítulo sobre funcionarios públicos, cambiando el orden del articulado, suprimiendo partes del texto original y agregando otras disposiciones, en un arreglo de última hora que fue tildado de "desordenado" y "desprolijo" por diputados de la oposición. En ese marco se asentó la modificación del artículo en cuestión.

El ex director de la ONSC Ruben Correa Freitas afirmó que, a su juicio, la prohibición "no afecta los derechos adquiridos de los funcionarios". "Cuando entre en vigencia el nuevo Presupuesto, por ejemplo, un abogado que trabaja en la Presidencia y a su vez en la CND, deberá elegir entre uno u otro, ya que en ambos lugares no podrá seguir".

 

SINDICATO DE FISCALIAS PRESENTARA AUDITORIA ANTE CRIMEN ORGANIZADO: El sindicato de Fiscalías presentará ante el Juzgado del crimen organizado las auditorías de los últimos tres años sobre la Fiscalía de Corte, en la que se encuentran irregularidades que no fueron investigadas, según el abogado Gustavo Salle (abogado del Sindicato). Se trata de un procedimiento denominado "notitia criminis", que consiste en poner en conocimiento de los magistrados hechos de apariencia delictiva; no implica una denuncia pero puede provocar la actuación sobre el punto de los jueces y fiscales que se notifican.

Salle señaló que no se profundizó la investigación luego que durante varios años la Auditoría Interna de la Nación encontró irregularidades en el organismo. Esta situación implicó investigaciones y auditorías internas donde se relevan irregularidades e inconsistencias. Lejos de profundizar la investigación, se resolvió el cese de la intervención sin ningún tipo de sumario o de instrucción de sumarios para los eventuales responsables. El sindicato pretende que la Justicia investigue las irregularidades detectadas por la auditoría en el Departamento Financiero Contable en las formas de liquidación y en el manejo del stock de oficina.

El fiscal de Corte, Rafael Ubiría, dijo que la denuncia penal que prevé presentar el sindicato de funcionarios por presuntas irregularidades en el organismo es "descabellada" y además demuestra "mala fe" de parte del gremio de trabajadores administrativos de las fiscalías.