Fuente: Diario El País.
TCA ANULA CLAUSURA DE TIENDA INGLESA: En el último eslabón del trámite que inició la DGI para la clausura de 14 sucursales de Tienda Inglesa el TCA falló anulando el acto. El TCA aclara en su sentencia que la decisión "tiene más que nada carácter testimonial" ya que anteriormente se pronunció en contra de la clausura el Poder Judicial y la propia Administración demandada a través de una resolución. El TCA también aclara que otros elementos contenidos en la demanda no serán analizados en tanto el pedido de clausura fue anulado.
En su sentencia el TCA sostiene que "efectivamente" la DGI "privó" a Tienda Inglesa del derecho básico de tener un proceso legal cuando no le dio vista de su resolución de pedir por vía judicial la clausura de los locales de la empresa, fundada en la presunta defraudación tributaria que la cadena de supermercados habría incurrido. Luego de siete meses de inspección la DGI concluyó que Tienda Inglesa no había cometido defraudación.
El abogado de Tienda Inglesa en el caso, Alberto Varela informo que se está "viendo y considerando" la posibilidad de iniciar una demanda al Estado por daños y perjuicios. "Pienso que no lo van a hacer pero no lo puedo asegurar", señaló Varela. El propietario de Tienda Inglesa, Robin Henderson "es una persona que tiende a mirar hacia adelante y no hacia atrás", comentó.
DENUNCIA PENAL CONTRA CASAL Y ZAINDENSZTAT: La Justicia Penal tramita una causa por presuntas irregularidades en negocios realizados por el contratista Francisco Casal, que involucrarían eventuales omisiones del ex director de la DGI, Eduardo Zaidensztat. Los hechos fueron denunciados por el empresario inmobiliario de Maldonado Alejandro Passadore -que a su vez es presidente de la organización Transparencia Uruguaya- en base a la información contenida en el libro Pacomafia vs. DGI del periodista Ricardo Gabito Acevedo.
Según el libro, Zaidensztat no tramitó como debía el expediente administrativo por presunta evasión tributaria de parte del Grupo Casal, que finalmente derivó en un embargo genérico contra el empresario por un monto inicial del US$ 25 millones y también en la presentación de una denuncia penal por el delito de defraudación tributaria. Sin embargo, esa denuncia terminó siendo archivada debido a que no se constató la existencia de un delito penal sino, en todo caso, una falta tributaria que debe ser dirimida en el ámbito administrativo del organismo recaudador.
Según el libro Zaidensztat "fue cómplice con su omisión y silencio, de un intento de hurto del expediente". Además, hubo otras irregularidades, como por ejemplo la venta de un futbolista de Progreso a un equipo europeo por un total de US$ 7.325.000, de los cuales el club uruguayo solamente percibió US$ 165.000, según documentación de la DGI citada en el libro.
El miércoles, Passadore ratificó su denuncia ante el juzgado a cargo de Nelson Dos Santos. Previamente, el empresario hizo llegar su escrito a otros jueces penales de Montevideo y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero solamente Dos Santos lo convocó para iniciar el trámite del caso.
Cuando el juez penal Carlos García archivó en el pasado mes de junio la denuncia por defraudación tributaria contra Casal, a pedido de la fiscal Dora Domenech, derivó parte del expediente al juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, para que indague los motivos por los cuales la DGI demoró casi seis años en definir si existía o no defraudación. El perito contable que intervino en la denuncia contra Casal, Marcelo Arámbulo, cuestionó en su informe técnico que entre 1998 y 2001 la deuda de Casal ya ascendía a US$ 12.971.115, pero "sin motivo aparente" se interrumpió el trámite administrativo.
Por ese motivo, la fiscal Mónica Ferrero pidió información a la DGI respecto a los motivos de la demora en el trámite del expediente de Casal. Se estima que en el corto plazo el magistrado Díaz evaluará la posibilidad de citar a declarar a Zaindensztat por esos hechos.
CASO NIN NOVOA: El vicepresidente de la República Rodolfo Nin Novoa solicitará tener acceso al expediente judicial que indaga si incurrió o no en delito al no incluir en su declaración jurada de 2007 su participación en un emprendimiento rural en el departamento de Cerro Largo, hecho que fue denunciado por el senador Julio Lara. El mes pasado, el TAC 2° resolvió que el trámite del expediente a cargo de la jueza Fanny Canessa debe continuar, y que el actual fiscal que entiende en el caso, Enrique Rodríguez, debe resolver si pide o no el procesamiento de Nin Novoa.
Luego de que la jueza Canessa le remita el expediente, el fiscal Rodríguez tendrá tres opciones: pedir el enjuiciamiento de Nin Novoa, solicitar nuevas pruebas o el archivo del caso.
CASO CASINOS MUNICIPALES: La jueza penal Fanny Canessa y el fiscal Diego Pérez retomarán ésta semana la investigación por las irregularidades en los casinos de la Intendencia de Montevideo (IMM), en el marco de la cual, en diciembre de 2007, fueron procesados con prisión el ex director municipal Juan Carlos Bengoa y otras cuatro personas.
Entre los citados, figuran la directora de Acondicionamiento Urbano de la IMM, Hyara Rodríguez; el ex intendente Adolfo Pérez Piera; el prosecretario de la comuna, Jorge Rodríguez; el director de Desarrollo Económico del municipio, Luis Polakof, el gerente de los casinos de la IMM Hugo Gandoglia y el contador y la ex contadora de la comuna, Enrique Rodríguez y Graciela Ottonello, así como el ex director de Desarrollo Económico y actual funcionario de la OPP, Alberto Rosselli, el cual deberá presentarse acompañado por un abogado defensor.
La situación de Rosselli es sumamente complicada. En un careo al que fue sometido a fines de 2008 con Bengoa, éste lo acusó de haber autorizado las obras de remodelación en el Casino Parque Hotel, las cuales se financiaron con una "colecta" irregular realizada por las empresas que arrendaban slots a la IMM. Sin embargo, Rosselli negó la versión de Bengoa y dijo no tener nada que ver con ese hecho.
CASO CLANIDER, HOSPITAL MACIEL: El BPS está investigando la eventual evasión de aportes por parte de la coordinadora de Clanider S.A., Alejandra de Mello, esposa del senador Eleuterio Fernández Huidobro, y del director de esa empresa, Gabriel Leindekar. Actualmente los equipos técnicos del BPS se encuentran "estudiando" ambos casos ya que, por ahora, y en función de la documentación analizada, esos cargos no estarían registrados ante el organismo.
En el caso de Leindekar, por su condición de profesional universitario, puede ocurrir que aporte por otra filiación, lo cual todavía está siendo analizado por el BPS. Aclararon, sin embargo, que todavía no existe un informe definitivo en torno a la situación de Leindekar y De Mello, el cual se espera que esté disponible en unos diez días.
A nivel judicial, la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti aguarda aún recibir toda la documentación en torno a las irregularidades en el Hospital Maciel para comenzar a citar a las partes involucradas. La magistrada recibió en los últimos días la auditoría del TCR, pero todavía aguarda que ASSE le remita la investigación administrativa, la cual no está terminada.
FALTANTES EN DEPOSITOS JUDICIALES: La Justicia Penal y Asuntos Internos investiga la desaparición de 6.000 prendas de vestir decomisadas en procedimientos policiales, que se encontraban en depósitos judiciales a cargo de la Dirección de Inteligencia. El faltante de las prendas incautadas por contrabando o falsificación marcaria fue detectado en el 2008.
Un oficio enviado por la Dirección de Inteligencia al entonces juez de 4° Turno, Jorge Díaz, el 24 de septiembre de 2008, se refiere al faltante y agrega actas de declaraciones a oficiales y personal subalterno que tuvieron alguna relación con el depósito judicial. El documento señala que una subcomisaria y una agente tenían las llaves de ese depósito, las cuales eran guardadas en una caja fuerte, cuya combinación sólo era conocida por ambas funcionarias. En noviembre del año pasado, un comisario de la Dirección de Inteligencia realizó un inventario del depósito y confirmó que faltaban 6.000 prendas. El oficio de la Dirección Nacional, que fue enviado al juez Díaz, incluye las declaraciones de una de las dos funcionarias a cargo del depósito, ya que la otra se encontraba gozando de una licencia maternal.
DENUNCIA AL DIRECTORIO DEL INC: Una denuncia presentada ante el Juzgado Especializado en Crimen Organizado solicita que se investigue a los tres integrantes del Directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) por una presunta irregularidad al refinanciar una deuda que la esposa de uno de los jerarcas mantiene con el organismo. La acción judicial, deducida por Luis Córdoba (integrante del Movimiento por la Tierra) solicita se indague la responsabilidad del presidente del INC, Gonzalo Gaggero, y los directores Mario Vera y Miguel Vasallo por el delito de "conjunción del interés personal y público".
Según la denuncia el 30 de diciembre de 2008 el Directorio del INC aprobó una resolución mediante la cual habilitó el refinanciamiento de una deuda que mantenía la esposa de Vera con el Instituto, sin reunir las condiciones para acogerse al plan de refinanciación. Vera no participó en esa sesión porque se encontraba de licencia.
Otra irregularidad denunciada es que hasta el 5 de junio pasado en la página web del INC no estaba disponible la resolución del 30 de diciembre de 2008. A su vez, el 1° de julio de 2009 el Directorio del organismo modificó algunos aspectos de la refinanciación aprobada para la esposa de Vera.
CASO UMISSA: Una auditoría realizada por la Contaduría General de Venezuela constató diversas irregularidades en el convenio firmado entre el Ministerio de Vivienda venezolano y la empresa uruguaya Unión Metalúrgica S.A. (UMISSA) que se había comprometido a exportar 12.000 kits de viviendas prefabricadas. Según la auditoría la empresa "no ha entregado ni un kit de vivienda completo", sino que únicamente siete lograron ser instalados. Además, la auditoría constato una diferencia de US$ 26 millones entre los pagos que el Ministerio de Vivienda caribeño registró y los que efectivamente realizó a Umissa. Según el informe, el faltante ocurrió "en virtud de que no fue registrado el anticipo otorgado a la empresa" por un total de US$ 23.320.050 ni tampoco las 16 facturas equivalentes a US$ 2.771.981.
Por otro lado, el informe sostiene que el contrato firmado por el Ministerio de Vivienda y UMISSA por un total de US$ 156 millones difiere en US$ 10.634.000 con el monto establecido en el acuerdo comercial. Sumado a las "inconsistencias" relativas al dinero adelantado a UMISSA y la no instalación de los kits habitacionales, el informe señala la existencia de presuntas irregularidades en cuanto al traslado de las viviendas, lo que causó daños y deterioro de los materiales de las construcciones.
Como se recordará la Justicia penal de nuestro país también investigó los negocios entre UMISSA y el gobierno venezolano, por un presunto desvío de fondos del dinero adelantado a la empresa. El caso fue archivado a fines del pasado mes de mayo por la jueza Fanny Canessa, luego de que el denunciante retirara la acción, tras llegar a un acuerdo con la parte denunciada. Según la denuncia, el titular de UMISSA, Alejandro Lagrenade, desvió US$ 18.000.000 a una cuenta común con el empresario Guido Antonini Wilson, quien cobró notoriedad en 2007 cuando intentó ingresar a Argentina con un maletín con US$ 800.000.
CONSEJO DE SECUNDARIA DENUNCIARA PENALMENTE A FUNCIONARIOS: El Consejo de Educación Secundaria (CES) presentará una denuncia penal contra cuatro funcionarios del Departamento de Proveeduría del organismo que, según se constató, adulteraban las boletas de sus viajes a departamentos del interior. Por otro lado, el informe señala la existencia de irregularidades administrativas, ya que en muchos casos las rendiciones de cuentas no tienen la firma de la jefa de Tesorería.
A raíz de esa situación, los funcionarios fueron sumariados y separados de sus cargos en 2008 y, en un reciente informe, se recomendó suspender a dos de los involucrados por 180 días, mientras que a los dos restantes se aconsejó su destitución, ya que cuentan con sanciones administrativas previas. En esa misma resolución se dispone que la División Jurídica deberá presentar una denuncia penal contra los involucrados porque "se beneficiaron indebidamente a expensas de la buena fe del organismo". En principio, todos los funcionarios "estuvieron de acuerdo" en que las boletas habían sido adulteradas, pero solamente uno de ellos asumió responsabilidad por esa situación.
PATENTES, DERECHOS DE LOS CONDUCTORES: Según un estudio realizado por el abogado Alberto Varela del estudio Ferrere, especialista en derecho tributario, consideró que los conductores con autos matriculados en el interior pueden negarse "legítimamente" a presentar documentos a inspectores de Montevideo que se los soliciten. "Esa exigencia es inconstitucional y viola el derecho a la intimidad y a la libre circulación", dijo. Indicó que ese conductor con un auto matriculado en el interior paga patente en un departamento. "Si el inspector sospecha que el conductor del vehículo vive en Montevideo, el inspector tiene que accionar jurídicamente contra la intendencia del interior. Es un problema entre intendencias y no con el propietario del auto. Éste cumple al pagar sus tributos".
El abogado tributarista, Leonardo Costa también consideró que la ley de patentes es inconstitucional por violar el artículo 297 de la Constitución que establece las competencias municipales en materia de tributación. Al igual que Alberto Varela, considera que un conductor del interior que circule por Montevideo con su auto con la patente paga en su departamento de residencia, puede negarse a presentar documentos a un inspector capitalino. Sin embargo, el especialista señaló que es distinto el caso de un individuo de Artigas que circula en forma permanente por Montevideo. "Ahí hay un tema de prueba de residencia. Ello permitiría a la Intendencia de Montevideo recalcular los impuestos de ese vehículo".
El jueves 1°, el Congreso de Intendentes discutió por enésima vez sobre la patente de rodados. Los jefes comunales recibieron un informe del Grupo de Seguimiento -integrado por varias intendencias- y acordaron solicitar una entrevista con el Poder Ejecutivo para participar en la reglamentación de la ley de patentes. El objetivo de los intendentes es poder incidir en los criterios de residencia del conductor del vehículo.
Esta semana trascendió además que la Intendencia de Colonia presentó ante la Suprema Corte un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de patentes por entender que viola la autonomía municipal. Con respecto a los anuncios de inspecciones a autos matriculados en otros departamentos realizados en el seno del Congreso de Intendentes, Zimmer advirtió que Colonia ofrece sin costo los servicios de un bufete para asesorar a los contribuyentes.
PROYECTO DE LEY SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS: El secretario pro témpore del Consejo de Rectores de universidades privadas, Santiago Pérez del Castillo, informó acerca del proyecto de ley que el Ejecutivo remitió al parlamento por el cual se determina la formación de Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria (APACET). Según el mismo la Universidad de la República (UDELAR) y el Estado tendrán a su cargo el monitoreo del funcionamiento de las universidades privadas, institutos terciarios y el reconocimiento del nivel académico de las instituciones terciarias nacionales o extranjeras.
Si bien el Consejo de Rectores está de acuerdo en que exista un mecanismo de control de calidad de la educación superior, no comparte el que formuló el gobierno. El proyecto no asegura el control porque no abarca a todas las universidades, por cuanto deja al margen a la UDELAR, y en consecuencia hay un 80 % de estudiantes universitarios, que no tienen asegurado ese control. El proyecto impone una consulta preceptiva para el reconocimiento de las carreras de todas las instituciones privadas a la Universidad de la República, para que "no tiene mandato para tomar ese lugar" y advirtió que "se dará la paradoja que la UDELAR tenga que opinar sobre carreras que no dicta".
Al proyecto de ley le falta universalidad y por eso carece de equidad como lo que se genera una diferencia entre los estudiantes de la pública y los de las no estatales". Criticó también que el órgano que se crea carece de independencia ya que "dos de los cinco cargos son nombrados a propuesta de la UDELAR, en los hechos le concede a ésta el protagonismo en la supervisión y control de las otras. De esta manera la UDELAR sería de hecho reguladora pero no sería regulada". Además manifestó su preocupación por cuanto la UDELAR conocerá lo que se proponen hacer las demás instituciones antes que lo hagan, lo cual no corresponde, al estar en régimen de competencia, que se le dé esa información. Quien de hecho tendrá el predominio en el órgano regulador, no puede ser simultáneamente un actor del sistema.
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