Fuente: Diario El País.
RETIROS INCENTIVADOS ANTERIORES A 2007 NO ESTAN GRAVADOS POR IRPF: Una reciente sentencia del TCA estableció que la DGI no puede retener IRPF a las personas que se acogieron a retiros incentivados del Estado antes de julio de 2007, cuando entró en vigencia el nuevo sistema tributario. El TCA acogió la demanda de una persona que tras haberse desempeñado en la Administración Central, el 29 de noviembre de 2006 hizo uso del beneficio de retiro incentivado que estableció el anterior gobierno en el artículo 29 de su Ley de Presupuesto (N° 17.930). Esta norma habilitó el retiro incentivado de los funcionarios que tuvieran por lo menos 58 años de edad hasta el 31 de diciembre de 2005, percibiendo mensualmente el 65% de sus ganancias sujetas a montepío por el plazo de cinco años o hasta cumplir los 70 años de edad, según lo que se indica en la Ley de Presupuesto.
A partir de julio de 2007, la DGI comenzó a retener IRPF al ex funcionario, a través de una resolución interna del organismo del 29 de junio. El hombre pidió la anulación de ese acto administrativo ante el TCA, al considerar que el incentivo no tiene carácter retributivo ya que no puede ser considerado ni como una prestación de servicios personales ni como una jubilación. El TCA hizo lugar al reclamo, y anuló la decisión de la DGI, por lo que al ex funcionario no se le podrá continuar descontando el tributo. Si el reclamante quiere recuperar el dinero que ya le fue retenido, deberá iniciar un juicio civil reparatorio contra el MEF.
Según la sentencia solamente pueden ser gravados con IRPF los retiros incentivados aprobados luego de la entrada en vigencia del nuevo régimen impositivo. A los casos anteriores, el tributo no es aplicable. "El funcionario adquiere el derecho al retiro incentivado una vez que el Organismo Público acepta su renuncia al cargo, o sea que la renta derivada de tal incentivo se devenga en ese momento, sin perjuicio de que la misma sea abonada en forma mensual y sujeta a la eventualidad de que el ex funcionario fallezca o se incapacite".
INVESTIGAN A POLICIA ADUANERA POR COMPRAS CON TARJETA INCAUTADA A UN CONTRABAMDISTA: El juez especializado en crimen organizado, Jorge Díaz, investiga a policías aduaneros por la utilización de una tarjeta de crédito en Europa incautada en un allanamiento a inmuebles de un contrabandista efectuado a fines de 2009,. La compra, por 25.000 euros, se hizo cuando el delincuente estaba en prisión. Tras advertir que el acta de incautación realizada por el grupo Funcionarios Públicos Para Aduaneros (FUPPA) es "poco clara", Díaz afirmó que no tenía la certeza de si esa tarjeta fue realmente incautada. El banco emisor de la tarjeta canceló la cuenta y no le cobró al contrabandista el gasto de la compra realizada en España.
CRISIS EN LA ASOCIACION DE FISCALES: La renuncia de cuatro miembros de su Comisión Directiva en una semana, sumergió a la Asociación de Fiscales en una crisis interna, en la que se cruzan críticas entre pares y cuestionamientos hacia el juez Federico Álvarez Petraglia. La última renuncia a la Comisión Directiva de la gremial fue la del fiscal de Maldonado Luis Pacheco, quien comunicó su decisión en una carta que contiene duras críticas a sus pares de Montevideo Mirtha Guianze y Ricardo Perciballe, y al juez Álvarez Petraglia, y que tiene como telón de fondo la situación de la colaboradora de la Justicia en un caso de narcotráfico y lavado de activos.
En su carta de renuncia Pacheco afirma que los cuestionamientos realizados por Álvarez Petraglia a raíz del procesamiento en Maldonado de la mujer que actuó como colaboradora en la causa del abogado Carlos Curbelo Tammaro representa una actitud "violatoria de la independencia técnica del juez y del fiscal actuantes". Álvarez Petraglia había criticado públicamente e incluso hizo una denuncia por la filtración de la identidad de la colaboradora, situación que atribuyó a los operadores judiciales de Maldonado.
Ante esa situación, en marzo la Asociación de Fiscales emitió un comunicado respaldando a Pacheco, lo que motivó la reacción de la fiscal penal de Montevideo Mirtha Guianze y el fiscal de crimen organizado Ricardo Perciballe, quienes se manifestaron contrarios al apoyo brindado a su colega, al considerar que se trató de una decisión que no es representativa. Pacheco señala que "lo más grave" es que las autoridades de la Asociación de Fiscales no hayan rechazado las críticas formuladas por Guianze y Perciballe, en defensa de una decisión "soberana y legítimamente adoptada por la Comisión Directiva".
DECRETO LIMITA INGRESO A LA ADMINISTRACION PUBLICA: Un Decreto presidencial aprobado el pasado lunes establece que los Incisos del 2 al 15 del Presupuesto (que comprende a Presidencia de la República y los ministerios) "no podrán celebrar contratos de servicios personales cualquiera sea su naturaleza, cuyo plazo de vigencia sea posterior al 31 de marzo de 2011". Estos contratos no podrán incluir cláusula de prórroga, renovación o extensión del plazo de ningún tipo. Asimismo las renovaciones de los contratos vigentes tampoco "podrán extenderse más allá del 31 de marzo del 2011". Para los concursos iniciados antes del pasado 1° de marzo de 2010 y que aún estén en "proceso de realización, se evaluará caso a caso la necesidad de la contratación".
Aclara a su vez que no se proveerán vacantes que supongan el ingreso de nuevos funcionarios a los incisos del 2 al 15 del Presupuesto, excepto las que se generen en los escalafones referentes a personal militar, policial y de Servicio Exterior. Se determina que los ascensos para proveer vacantes se realizarán por la vía del concurso.
El criterio provisorio fijado por el decreto contempla algunas excepciones. Los cargos de particular confianza y los asistentes que desempeñan "tareas de apoyo directo a los ministros" están exceptuados del criterio general. Lo mismo ocurre con los funcionarios con tareas de "alta prioridad" (directores técnicos e inspectores generales). El Decreto no alcanza en principio al Poder Legislativo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, TCA, ANEP, Universidad e INAU
En el gobierno entienden que el decreto firmado ayer da un margen de tiempo para que a través del Presupuesto y otras disposiciones del Poder Ejecutivo, OPP y Servicio Civil se instale el nuevo sistema.
Desde la óptica de COFE el decreto de Mujica es "un avance importante para dar respuesta a los contratos precarios durante 2010 (y hasta el 31 de marzo de 2011), lo que es parte de lo que fue discutido con el presidente", opinó el titular de la confederación sindical, Pablo Cabrera. El gremialista señaló que el decreto se enmarca en la necesidad de encontrar una salida alternativa previo a la ley de presupuesto, donde se dará una solución al sistema de ingresos al Estado.
CASINOS MUNICIPALES: La semana pasada, la jueza penal Fanny Canessa y el fiscal Diego Pérez interrogaron a varios integrantes de la cooperativa Mozlui, en la causa que indaga las irregularidades en las salas de juego de la IMM. Ruben Ferreira (ex integrante de la cooperativa que administra la cantina del Casino Parque Hotel) aseguró que el 28 de diciembre de 2001 la Intendencia prorrogó su contrato por un año más gracias a gestiones que realizó ante la comuna y la Junta Departamental el dirigente histórico del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) Julio Marenales.
Los miembros de la cooperativa fueron consultados sobre las supuestas presiones que existieron de parte de las personas procesadas (el ex director de los casinos municipales Bengoa y sus ex asesores Orestes González y José Luis Antúnez, el empresario Felipe Ruiz y el funcionario municipal Gustavo Dalmonte.) para que Mozlui aportara dinero para financiar las obras de remodelación de la sala del Parque Hotel, que se llevaron a cabo entre mayo y septiembre de 2002, con una "colecta" realizada entre empresarios que arrendaban slots a la IMM.
PROYECTO DE LEY PARA CREAR REGISTRO DE HUELLAS GENETICAS: Con el objetivo primordial de investigar los delitos sexuales, el Parlamento discute un proyecto de ley reclamado por la Policía Técnica, que crea un registro nacional de huellas genéticas. Hay un debate ético por la confidencialidad de esos datos. El banco de ADN es útil para delitos con alta tasa de reincidencia, como los sexuales.
¿Cómo funcionará? La Policía irá tomando huellas genéticas de los delincuentes procesados y muestras en escenas del crimen para identificar en el futuro a autores de delitos. Los perfiles genéticos de los procesados se registrarán en forma anónima. Cuando se investigue un caso y se encuentren coincidencia de huellas genéticas, el juez "permitirá la identificación de la huella, un dato probatorio muy certero". "Se aporta como prueba, pero es el juez quien determina, ya que la conformación del banco es una materia muy delicada", explicó a los miembros de la comisión la diputada Daisy Tourné, impulsora de la iniciativa.
PRESENTARON DIGITALIZACION DE ARCHIVOS MILITARES EN PROCESOS EFECTUADOS CONTRA CIVILES DURANTE LA DICTADURA: Con financiación de la Unión Europea, la Suprema Corte y la Universidad de la República (UDELAR) iniciarán un proceso de identificación, registro y digitalización de los archivos existentes en la Justicia Militar y que hagan referencia a civiles que fueron sometidos a esa jurisdicción en el período de facto (1973-1985). El proyecto apunta a la "preservación de documentos de gran importancia histórica para la consolidación de la democracia a través del conocimiento documental de la verdad". Hasta el momento, ha sido posible identificar documentos de la Justicia Militar que evidencian que unos 9.100 civiles fueron requeridos, procesados o fallecieron en predios castrenses, informó la SCJ, a través de un comunicado de prensa emitido por su División de Comunicación Institucional.
La información que ya fue recuperada así como la que pueda ser archivada y regularizada en el futuro, representará un elemento fundamental para corroborar reclamos realizados en el marco de las leyes reparatorias de personas afectadas por el régimen de facto. Además, todos los elementos que surjan de los archivos de la Justicia Militar "constituyen prueba fundamental en muchas de las acciones penales que se están tramitando por denuncias de violaciones a los derechos humanos", señala el comunicado.
El Presidente de la SCJ, Jorge Chediak indicó que una vez que el proceso esté culminado, la información será pública, en virtud de lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública.
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