SENTENCIA DEL TCA ACOGIO RECLAMO DE FUNCIONARIA DE DGI: El TCA acogió el reclamo de una funcionaria de la DGI que solicitó la nulidad de un Decreto del Poder Ejecutivo, de enero de 2006, por el cual se excluyó de un aumento salarial a los trabajadores de la DGI que habían pasado a régimen de exclusividad. El Decreto fijando un aumento salarial de los funcionarios públicos, dejó por fuera de ese ajuste a los funcionarios de la DGI que desde mayo de 2005 habían pasado a un régimen de dedicación exclusiva, por lo que percibían una partida extraordinaria.
En su sentencia, el TCA expresa que el gobierno no podía exceptuar de la recuperación salarial establecida a nivel de los funcionarios públicos, a los trabajadores de la DGI porque la Ley de Presupuesto no los había excluido. Si bien es cierto que los funcionarios de la DGI incrementaron sus salarios en forma por demás importante cuando pasaron un régimen de exclusividad, no se puede por la vía de un decreto establecer una excepción sobre lo que dispone la ley, por ser contrario al principio interpretativo: lo que la ley no distingue no debe hacerlo el intérprete. Laa Ley de Presupuesto no excluyó del aumento a los trabajadores de la DGI que pasaron a ser exclusivos, lo que demuestra que a nivel parlamentario se entendió que a pesar de la reestructuración salarial, los funcionarios de Impositiva no quedaban excluidos, máxime cuando el propio artículo indica aquellos funcionarios que no estaban comprendidos en su ámbito de aplicación. Según la sentencia, la habilitación de las partidas por dedicación exclusiva establecidas hasta enero de 2006, fueron para cubrir las compensaciones correspondientes a 2005 y no para recuperar ningún salario o para las remuneraciones cuyo crédito presupuestal se habilitaría.
FISCAL DE CORTE DESESTIMO INCONSTITUCIONALIDAD DE LA "LEY DE ACOSO": El fiscal de Corte, Rafael Ubiría, se pronunció por desestimar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acoso Sexual, presentado ante la SCJ por un comisario del departamento de Flores que fue demandado por una funcionara administrativa de la Jefatura de Policía, quien le reclamó una indemnización de $ 800.000. En el recurso, la defensa del policía acusado por presunto acoso sexual, sostuvo que la ley al establecer el sistema del proceso abreviado de la acción de amparo para tramitar ese tipo de demandas, viola el principio de igualdad previsto en la Constitución, ya que el demandado tiene plazos muy exiguos para articular su estrategia de defensa.
Sin embargo, Ubiría opinó que el procedimiento previsto en la Ley de Acoso Sexual no implica una "violación del Debido Proceso, pues no se priva a la parte demandada de ser oída". Ubiría señala que en el recurso se compara el plazo que tiene el demandante para preparar la acción con el que tiene la contraparte para elaborar su defensa, pero no hay punto de comparación, ya que a la actora no le corre un plazo de carácter procesal. Ahora, el expediente pasará a estudio de los ministros de la SCJ, que deberán resolver al respecto, para que luego el caso vuelva al juzgado de Flores donde se tramita la demanda.
DESARCHIVAN CAUSA QUE INVESTIGA COLABORACION DE PRIVADOS EN ACTO DE ASUNCION PRESIDENCIAL: El fiscal especializado en crimen organizado Ricardo Perciballe, solicitó a la jueza Graciela Gatti el desarchivo de una denuncia que había presentado en febrero el abogado Gustavo Salle pidiendo que se investigaran los aportes económicos que realizó el dueño de la empresa procesadora de pescado FRIPUR S.A., Alberto Fernández, para los actos de asunción de José Mujica el pasado 1° de marzo. Salle reclamó que se reabriera el caso luego de que se conociera públicamente que la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) impuso a FRIPUR S.A. una multa de 100 Unidades Reajustables (UR), monto considerado llamativamente bajo atento a los perjuicios provocados en el mercado por FRIPUR.
El expediente administrativo, por el cuál se termino imponiendo una multa de 100 UR a FRIPUR S.A., fue iniciado luego de la constatación de una serie de irregularidades encontradas en el procesamiento de pescado en la empresa, lo que determino que la Unión Europea cerrara temporalmente el ingreso de productos pesqueros uruguayos, causando pérdidas estimadas en el entorno de los US$ 80 millones al mercado local.
Para el acto del 1º de marzo el dueño de FRIPUR S.A., Fernández, financió la confección de la banda presidencial de Mujica y colaboró con US$ 15.000 para la organización de los espectáculos artísticos. Además trascendió que el año pasado, Mujica y Astori usaron una avioneta del empresario para viajar a Brasil, donde se reunieron con Lula Da Silva.
CASO PEIRANO BASSO. SCJ INICIÓ TRAMITE POR LIBERTAD:
La SCJ dio trámite al pedido de libertad por gracia del ex banquero Juan Peirano Basso. Primero se requerirán informes a la Dirección Cárceles y al juez de la causa, para que luego recién los ministros de la Corporación adopten una resolución, por lo que el proceso llevarán aún varios días.
POLEMICA EN TORNO A LA LISTA DE DEUDORES QUE PUBLICA EL BANCO CENTRAL: El presidente del BCU, Mario Bergara, defendió la publicación de la lista de 540.000 deudores del sistema bancario en la web de la institución porque ello "contribuye a que quienes tomen decisiones de créditos o de financiamiento puedan hacerlo con mayor caudal informativo" lo que mejora la eficiencia del sistema. Se trata de una "base de datos" y no de una "lista de morosos". Según Bergara la ley aprobada en 2006 faculta a la Central de Riesgo Crediticia (CRC) a divulgar la información incluso a través de Internet por lo que las dudas sobre la legalidad deben ser dejadas totalmente de lado.
POLEMICO PROYECTO DE LEY PARA FLEXIBILIZAR SECRETO BANCARIO Y AMPLIAR GRAVAMEN IRPF: El Poder Ejecutivo tiene planeado enviar un proyecto de ley al Parlamento por el cual el secreto bancario se flexibilizará y la DGI podrá pedir a la Justicia que se levante en procesos de fiscalización, sin necesidad que haya presunción de defraudación. En ese mismo proyecto se incluirá que los intereses generados por los depósitos que los residentes en Uruguay tengan en el exterior estén gravados con el IRPF a una tasa del 12%. Además las participaciones de residentes en Uruguay en el capital de entidades no residentes estarán gravadas por el IP.
El Presidente del BCU, Mario Bergara, dijo que lo que prevé el proyecto es flexibilizar las causales por las que la DGI puede pedir a la Justicia el levantamiento del secreto bancario. Con esto, la DGI "va a tener más herramientas (para fiscalizar), va a tener una amplitud mayor de casos para los cuales solicitarle a la Justicia el levantamiento del secreto bancario". Desde la entrada en vigencia de la ley de Reforma Tributaria (en 2007), la DGI puede pedir a la Justicia el levantamiento del secreto en casos que haya presunción de defraudación. La Justicia tiene un plazo de 30 días hábiles para expedirse. Si no lo hiciera, el secreto se levanta. Con el proyecto de ley que se presentará, si la DGI está fiscalizando a un contribuyente podrá pedir el levantamiento del secreto, aunque no presuma que exista una evasión de impuestos. Además podrá pedirlo para todo tipo de colocaciones y no solo cuentas corrientes y cajas de ahorro como hasta ahora. La solicitud de la DGI "deberá estar debidamente fundada y cumplir con la condición de necesidad en la verificación de la veracidad e integridad de las declaraciones juradas de los contribuyentes o la falta de ellas". El pedido deberá ser "a título expreso, con esto se descarta toda posibilidad que se pueda solicitar información con carácter general".
La otra causal por la cual la DGI podrá pedir a la Justicia el levantamiento del secreto "se asocia al cumplimiento de solicitudes en el marco de los convenios internacionales para intercambiar información o para evitar la doble tributación". Uruguay ha negociado (y ya firmado en algunos casos) 12 convenios de ese tipo, donde se establece que si un país pide información a Uruguay -y viceversa-, no se podrá negar por la existencia del secreto bancario. Si la información es solicitada por algunos de los países con que Uruguay firme o firmó convenios de intercambio de información tributaria o convenios para evitar la doble tributación también en ese caso la DGI va a poder pedirle a la Justicia el levantamiento del secreto bancario.
En cuanto al IRPF, el proyecto establece que "van a ser consideradas como de fuente uruguaya todas las rentas generadas de residentes en Uruguay por depósitos en el exterior o participaciones en el patrimonio de entidades no residentes". El fundamento es para tratar de manera igualitaria a quien hace un depósito en nuestro país y un depósito en el exterior. Ahora se podrá fiscalizarlo mediante los acuerdos de doble tributación. Si bien la medida opera exactamente sobre todos los países en los que se configuren los hechos, ello solo podrá ser fiscalizado con aquellos países con los que Uruguay firmó acuerdos. Los intereses que generen los depósitos que los residentes en Uruguay tienen en el exterior estarán gravados por el IRPF al 12%. A su vez, las participaciones que tienen los residentes locales en el patrimonio de entidades no residentes estará gravada por el IP con tasas de entre 0,7% y 2,25% (dependiendo del monto de la participación).
GOBIERNO DECRETO "EMERGENCIA HABITACIONAL": En el Consejo de Ministros de la semana pasada, los titulares del MVOTMA y del MIDES presentaron el proyecto de decreto que establece la declaración oficial de emergencia habitacional y crea un programa denominado "Juntos", que será llevado adelante por una comisión especial. Esta comisión estará integrada por un delegado de la propia Presidencia, uno del MVOTMA y otro del MIDES. Los integrantes de la comisión podrán convocar a representantes de organismos públicos, gobiernos departamentales, organizaciones no gubernamentales y demás actores con incidencia urbano habitacional para colaborar en el plan. La comisión, establece el decreto, "funcionará en la Presidencia de la República", que le brindará apoyo administrativo, y responderá directamente a José Mujica.
Por dicho proyecto se plantea vender propiedades estatales para destinar el dinero recaudado a la construcción y refacción de viviendas. Alberto Breccia, Secretario de Presidencia, explicó que la emergencia tiene como primer objetivo a 50.000 uruguayos que el gobierno entiende que están en peores condiciones, y agregó que para esto también se utilizarán los fondos de las cuentas del BROU y del Bandes, en las que el presidente deposita en forma de donación "una parte importante de su salario".
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