EL COLEGIO DE ABOGADOS SOLICITA NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL: El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) pidió al Poder Judicial que adopte medidas ante "cualquier afectación en el normal funcionamiento" del sistema, en el marco del conflicto que mantienen los funcionarios con la SCJ, con motivo de la proximidad de la discusión del presupuesto para el Poder Judicial. El CAU destaca que "el adecuado funcionamiento de la Justicia es condición fundamental del Estado de Derecho y garantía básica de los derechos fundamentales de todos, por lo que es necesario dotar al Poder Judicial de recursos que le permitan contar con la infraestructura necesaria y retribuir adecuadamente a los magistrados y funcionarios judiciales".
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) mantiene desde hace más de un mes un conflicto con la SCJ a raíz del criterio de incremento salarial propuesto por la Corporación, que será de 23,5% para los funcionarios técnicos y administrativos durante el quinquenio. Los funcionarios entienden que ese modelo de aumentos perjudica a los trabajadores administrativos que tienen los salarios más bajos del escalafón. En contrapartida, la SCJ ha señalado que en el período anterior los funcionarios administrativos fueron privilegiados en la asignación de presupuesto.
CASO IRREGULARIDADES EN LA ARMADA: La semana pasada, el diputado nacionalista José Carlos Cardoso, entrego a la Juez Graciela Gatti, que está investigando las irregularidades con compras en la Armada, toda la documentación que posee sobre la compra de lanchas para desplegar en Haití por parte del contingente naval al servicio de la ONU. En la documentación se incluye una denuncia hecha en el Parlamento por el supuesto pago de "sobreprecios" en esa compra, que tuvo un precio total de US$ 6,2 millones que se pagaron con un préstamo del BROU.
Asimismo la Justicia procesó a un capitán de navío, responsable del área financiera del Ministerio de Defensa, y a un jerarca de Inteligencia policial, en el marco de tres casos que investiga en relación con el manejo irregular de fondos militares. El militar procesado con prisión por la maniobra relacionada con los vales de nafta por un monto cercano a los $ 7.500.000.
Con la ronda de careos realizados el pasado lunes, la Justicia terminó la indagatoria en torno a las "compras fantasmas" en la Armada. Trascendió que la fiscalía solicitará en su dictamen el procesamiento de los involucrados. Defensa tramita otras 14 denuncias por presuntas irregularidades.
Más allá de las actuaciones de la Justicia ordinaria, el Ministerio de Defensa envió a la Justicia Militar el manejo de fondos de ONU y el mal uso de los vales de combustible en la Armada.
TCA DESESTIMO DEMANDA DE TABACALERA POR PRESENTACIÓN ÚNICA DE MARCA: Por unanimidad, el TCA desestimó la solicitud de dejar sin efecto la decisión del gobierno de Tabaré Vázquez que dispuso que cada marca comercial de productos de tabaco tenga una única presentación y no varias. La demanda fue presentada por la tabacalera Monte Paz, argumentando que hay ilegalidad manifiesta en la ordenanza "que agrega una prohibición que no se encuentra prevista ni en la ley (Nº 18.256), ni en el Decreto Reglamentario (Nº 284/08), ni la Ley Orgánica del MSP (Nº 9.202), ni el art. 44 de la Constitución, ni el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco".
Según la Sentencia, la tabacalera "no puede invocar la ilegitimidad manifiesta del acto impugnado" y de que "deba suspenderse su aplicación". Menciona en su fundamentación la ley 18.256 y su decreto reglamentario 284/08. Dicha ley fue declarada "de orden público y su objeto es proteger a los habitantes del país de las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco". "A tal efecto, se disponen las medidas tendientes al control del tabaco, a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia de su consumo y la exposición al humo del mismo". La garantía de protección de la Salud está consagrada en el art. 44, inc. 2, de la Constitución y en infinidad de declaraciones y pactos de vocación universal que, por ser inherentes a la persona humana no precisan ratificación". "En suma, la ilegitimidad que se aduce, no aparece como manifiesta, absoluta o evidente `prima facie` de tal suerte que en atención a este extremo pueda disponerse la suspensión que se pretende".
La sentencia agrega que, "si bien la actora invoca un evidente y grave daño ocasionado a la industria, el balance debe efectuarse entre este daño y el bien jurídico tutelado, que en el caso lo constituye la salud humana". "Cuando están en juego, derechos fundamentales, como el referido a la salud de la población de la que el Estado es guardián, éstos sólo se podrían sortear cuando se demuestre que se pone en riesgo otros de mayor jerarquía". "Y no se ha probado que el derecho a la venta libre de tabaco en la presentación que se desee, en cuanto al empaquetado o etiquetado externo, centralizado en la pérdida anual que se alude en el informe presentado por la parte, causa un perjuicio mayor a aquel que propende proteger la salud de las personas".
PROYECTO DE LEY INTERPRETATIVO DE LA LEY DE CADUCIDAD: Una comisión especial de la Mesa Política del Frente Amplio comenzó con la elaboración de un proyecto de ley interpretativo para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. La iniciativa señalará que Uruguay firmó acuerdos jurídicos internacionales y que si la Ley de Caducidad colisiona con los mismos, primarán dichos convenios.
Por su parte el gobierno elabora un proyecto de ley en una línea similar al redactado por una comisión especial de la Mesa Política del FA. El proyecto que prepara el gobierno dice que los artículos 1, 2, 3 y 4 de dicha ley colisionan la normativa internacional de la que Uruguay es parte. "Por lo tanto esos artículos dejan su lugar a la aplicación de las convenciones referidas. Se deja sin efecto la ley", advirtió.
PROYECTO DE LEY PRETENDE FIJAR CUPOS CARCELARIOS: El Ministerio del Interior quiere fijar "cupos" en las cárceles y crear una comisión que establecerá lo que debe hacer un juez penal antes de remitir con prisión a una persona. El proyecto fue sometido a la evaluación de los Ministros de la SCJ. El Ministro de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, afirmo que el proyecto que les enviaron tiene cuatro artículos; en esencia, plantea que para que haya un nuevo ingreso en el sistema penitenciario, tiene que existir una vacante. El proyecto define lo que es un "cupo" y señala que se instrumentará una comisión, en la órbita del Ministerio, que manejará la cifra de plazas penitenciarias y determinará "qué debe hacer un juez penal antes de remitir con prisión a una persona".
Consultado el magistrado acerca de qué ocurriría si no existen plazas en ningún presidio y un juez penal dictamina un procesamiento con prisión, respondió: "El sistema que plantea el proyecto es que habrá cupos. Para que ingrese un nuevo interno tiene que haber una plaza libre". Ruibal entiende que si se trata de un delito muy complicado se deberá generar una vacante, excarcelando un preso que esté en condiciones de salir anticipadamente. Si se tratara de un delito de menor entidad, entiende Ruibal, se procesaría sin prisión y se establecerían penas sustitutivas en el caso de que no hubiera plazas disponibles. "Los detalles concretos no están en el proyecto", dijo.
El presidente de la Corporación, Jorge Chediak, dijo que los magistrados, "en esencia", consideran que los jueces penales no pueden estar condicionados para procesar con prisión a una persona a que haya o no lugar en las cárceles. Chediak también hizo referencia a las "dificultades operativas" que presentaría el sistema propuesto por el Ministerio del Interior. "En Montevideo hay 21 jueces penales y otros 41 en el interior, por lo que estamos hablando de 62 jueces con competencia penal en todo el país a cuya disposición están diversos integrantes de la población carcelaria".
Los jueces penales sostienen que no será posible aplicar el método de consulta con la Comisión de Control y Seguimiento de Cupo Penitenciario durante los turnos semanales.
ESTADO NEGOCIA ACUERDO CON EX INVERSORES DEL BANCO COMERCIAL: Durante la presidencia de Tabaré Vázquez, Uruguay litigó en Estados Unidos contra JP Morgan, Credit Suisse y Dresdner Bank -instituciones que reclamaban US$ 100 millones (más intereses) por la recapitalización del antiguo Banco Comercial- y perdió. El gobierno está pronto a acordar el pago de unos US$ 120 millones a los tres bancos extranjeros, pero Ignacio de Posadas dice que ese dinero está embargado por un grupo de ex ahorristas.
El pasado jueves, el semanario Búsqueda informó que estaba por cerrarse un acuerdo entre el gobierno y los tres bancos extranjeros, y que incluye el pago de US$ 120 millones y algunas obligaciones para el Banco Central que redundará en beneficios para JP Morgan, Dresdner Bank y Credit Suisse, entre ellos la posibilidad de volver a operar en la plaza uruguaya.
El gobierno tiene otro tema que refiere a la crisis financiera de 2002 y es la demanda que ex ahorristas del quebrado Banco de Montevideo presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Se trata de 708 personas, que reclaman se les reconozca la calidad de ahorristas del ex Banco de Montevideo y se les reintegre hasta un máximo de US$ 100 mil, como ocurrió con otros ex ahorristas de esa institución.
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