Fuente: Diario El País.
SENADO APROBO POSTERGAR LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY PROCESAL LABORAL: Por unanimidad, el Senado decidió suspender hasta el 31 de enero la vigencia de la ley que establece la abreviación de los juicios laborales. La Cámara de Representantes deberá ahora tratar la iniciativa, posiblemente en los próximos días. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo solicitando postergar la vigencia de esta iniciativa fue enviado al Parlamento a pedido de la Suprema Corte, explicando que el pedido de prórroga se hace por razones de orden financiero, así como para permitir la adecuación de la formación de magistrados y funcionarios para entender en el nuevo formato de los juicios laborales. Además, se desea contar con materiales que permitan aplicar las nuevas normas laborales.
DGI DEMANDO A CASAL POR VENTA DE BIENES: La DGI maneja indicios respecto a que el contratista Francisco Casal, quién fuera embargado el año pasado por US$ 25 millones, vendió algunos bienes inmuebles con el objetivo de insolventarse, ante la eventualidad de que se determine que efectivamente debe tributos al organismo. Por ese motivo, la DGI presentó una demanda ante la Justicia Civil para evitar que el empresario continúe vendiendo propiedades que, eventualmente, podrían ser consideradas como el patrimonio que se utilizaría para saldar la deuda, que entre multas y recargos, rondaría los US$ 100 millones.
Fuentes del entorno de Casal dijeron que el tema "ya fue solucionado", agregaron que se trató únicamente del caso de una casa que el empresario heredó tras la muerte de su madre, cuyos derechos sucesorios cedió a uno de sus hermanos. Sin embargo, desde la DGI se indicó que "el tema no está solucionado, porque todavía está en trámite el juicio". Según fuentes del organismo no se trata solamente de la propiedad que Casal heredó de su madre, sino que podrían estar involucrados "varios bienes" enajenados por el empresario.
CASO NIN NOVOA: El fiscal penal Enrique Rodríguez se excusó ante el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, de continuar interviniendo en la investigación que busca determinar si el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa incurrió en delito al no incluir en su declaración jurada de 2007 un emprendimiento rural que administra junto con sus hermanos. Según las fuentes, el motivo planteado por el fiscal Rodríguez para no continuar tramitando el expediente que indaga al vicepresidente tiene relación con una polémica generada en noviembre de 2006 con el senador nacionalista Julio Lara, quien presentó en 2008 la denuncia penal contra Nin Novoa.
Ante ello, Ubiría informó el viernes 23 al fiscal Luis Bajac que será el responsable de continuar tramitando el expediente en lugar de Rodríguez. Bajac aguardará que en los próximos días la jueza que tramita el caso, Fanny Canessa, le remita el expediente para comenzar a estudiarlo y decidir si pide el procesamiento de Nin Novoa, o solicita más prueba, o pide el archivo de la causa. De todos modos, el fiscal tiene varios expedientes a estudio, por lo que no tiene definido cuánto tardará en emitir su dictamen.
IMPO PERDIO JUICIO POR HORAS EXTRAS DE UN GRUPO DE TRABAJADORES: La Suprema Corte condenó a la Dirección de impresiones y publicaciones oficiales (IMPO) a abonarle a un grupo de 21 funcionarios la diferencia por horas extras que generaron a partir de 2003, cuando pasaron a trabajar seis horas y media en lugar de seis, por disposición el entonces director del organismo, Carlos Sánchez Bargas. La sentencia abarca a dos abogadas encargadas de sección y a 19 técnicos profesionales del banco de datos del organismo que reclamaron judicialmente el pago de la media hora extra diaria que trabajaron, pero que nunca cobraron. La sentencia establece una condena del 15% por concepto de los "daños y perjuicios".
Según estiman los demandantes, cada uno percibirá unos US$ 40.000 que se deberán ajustar en función de los intereses y los "daños y perjuicios". Por eso, el total que deberá pagar el IMPO a los 21 trabajadores se aproximará a US$ 1.000.000.
CASO CASINOS MUNICIPALES: La jueza Fanny Canessa y el fiscal Diego Pérez continuaron con la instrucción del juicio por las irregularidades registradas en los casinos de la IMM entre los años 2000 y 2005. En ese marco, declaró en calidad de testigo el prosecretario de la Intendencia, Jorge Rodríguez, quien fue interrogado básicamente en relación a una entrevista publicada en marzo pasado en una revista especializada en turf, en la que defendió la actuación de Bengoa al frente de las salas de juego de la comuna. El jerarca ratificó lo dicho en la publicación, y además aseguró que las pérdidas registradas en los casinos de la IMM no fueron el producto de una mala administración sino que fueron el resultado de un "mal endémico" del sistema de juegos de azar de Montevideo.
El ex intendente Adolfo Pérez Piera aseguró ante la Justicia que la cúpula municipal estaba al tanto de las obras realizadas en la sala del Casino Parque Hotel mediante una "colecta" con empresarios, contradiciendo así los testimonios de Mariano Arana y María Julia Muñoz, quienes en su momento señalaron desconocer esas tareas de remodelación. Afirmó asimismo que si bien no conocía los detalles de las obras, al ser éstas de "tal envergadura no podían pasar desapercibidas" a la cúpula de la IMM.
El ex intendente Arana y Muñoz (que en ese período se desempeñó como secretaria general del municipio) afirmaron meses atrás ante la Justicia que no tuvieron conocimiento sobre las reformas y que se enteraron poco tiempo antes de la reinauguración de la sala.
SE DICTO SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL CASO DE LA TRAGEDIA DE YOUNG: Con júbilo recibió la noticia el maquinista Héctor Ramón Parentini, el único que fuera procesado por la tragedia que sacudió a Young el 17 de marzo de 2006. La Fiscalía había pedido para Parentini una condena de cinco años y ocho meses de prisión. Sin embargo, el dictamen no fue compartido por el juez Mario Suárez Suñol, ahora radicado en Colonia, que dirigió la indagatoria y resolvió absolver al trabajador de AFE al entender que el Estado no obró como agente de seguridad y "por tal no tiene derecho a formular requerimiento penal pues consintió y autorizó un acto que aparejaba riesgos".
La tragedia de Young ocurrió en ocasión de una actividad organizada por Canal 10 a beneficio del hospital local. La prenda consistía en arrastrar unos 75 metros, uno por cada año que cumplía la institución, una locomotora de AFE. En la tarea participaron más de 300 voluntarios, pero la espontánea participación de muchas personas y las malas condiciones climáticas se conjugaron para derivar en una tragedia en la que murieron ocho personas.
La indagatoria que siguió a continuación del hecho condujo a la fiscal Silvia Blanc a la convicción de que sobre el maquinista había recaído toda la responsabilidad y por ello pidió pena de prisión. En mayo de este año el juez Suárez Suñol resolvió la absolución de Parentini y, en cambio, cargó contra la responsabilidad del Estado en la tragedia. El fallo no fue compartido por la fiscal Blanc, que presentó un recurso de apelación.
Finalmente el Tribunal de Apelaciones resolvió el archivo de la causa, en línea con la decisión del magistrado. Esta decisión zanjaría el caso "adquiriendo el expediente el carácter de cosa juzgada, de firme, y la sentencia absolutoria ya no es pasible de ningún recurso, ningún órgano jurisdiccional más va a poder revisar la actuación de Parentini".
CASO EDWARD YERN: El fiscal penal Enrique Rodríguez pidió al juez Eduardo Pereyra que el ex gerente de Tenfield, Edward Yern, sea condenado a cuatro años y medio de prisión. Recordemos que Yern fue procesado en 2008 al constatarse que aportó a una red de narcotraficantes desbaratada en Montevideo. Además, fue procesado el empresario José Luis Sumasi, para quien el fiscal pidió cuatro años de prisión. Para otros integrantes del grupo de narcos, la Fiscalía solicitó penas mayores.
DECEPCION EN EL RESULTADO DEL PLEBISCITO POR LA DEROGACION DE LA LEY DE CADUCIDAD: La organización estadounidense "Human Rights Watch" lamentó el resultado del plebiscito llevado a cabo en las pasadas elecciones para la anulación de la ley de Caducidad, y estimó que esta situación puede frustrar el enjuiciamiento de los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). En un comunicado manifestaron que "Aplaudimos las recientes sentencias judiciales, que constituyen enormes avances para la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante ese oscuro período de la historia uruguaya, e instamos al Poder Judicial a que continúe por este camino". "Los resultados del plebiscito son decepcionantes, pero no nos olvidemos que la rendición de cuentas no está sujeta a un concurso de popularidad que depende de la decisión de una mayoría"; "Uruguay tiene la obligación legal internacional de investigar, perseguir y juzgar a los responsables de crímenes atroces".
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