Fuente: Diario El País.
OBJETIVOS DEL GOBIERNO PARA PROXIMA RONDA SALARIAL: El gobierno anunció que, en el transcurso de mayo, convocará a los Consejo de Salarios tanto a nivel público como privado. La intención es lograr acuerdos claros y flexibles que promuevan mejores condiciones laborales. Con el objetivo de "saber dónde estamos parados", en un plazo de diez días el gobierno realizará una convocatoria a empresarios y trabajadores para "presentar el marco global y jurídico" de la nueva negociación salarial indicó el Ministro de Trabajo, Eduardo Brenta.
Brenta dijo que se pondrán sobre la mesa la información y todos los elementos que sean necesarios para "lograr negociaciones de calidad". Eso implicará la incorporación de nuevos conceptos variables como la productividad en la discusión de los nuevos ajustes. El gobierno pretende que se logren acuerdos que brinden "estabilidad y previsibilidad a empresarios y trabajadores a través de acuerdos claros y flexibles".
Además del aspecto salarial, el gobierno entiende que es fundamental que los acuerdos "promuevan mejores condiciones de trabajo, salud y seguridad laboral, cláusulas que impulsen la inserción de la mujer en el mercado de trabajo y que excluyan cualquier clase de discriminación política, religiosa, racial o sexual. "Pero, particularmente, pretendemos que en esta negociación entre empresarios y trabajadores adquieran especial relevancia los acuerdos que promuevan la capacitación y formación de los trabajadores", añadió el ministro.
INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LEY DE ALCALDÍAS: El Partido Independiente presentó ante la Suprema Corte un recurso de inconstitucionalidad por las leyes que habilitaron la creación de los municipios y la figura de los alcaldes. Si bien la acción de inconstitucionalidad no produce efectos suspensivos sobre el acto electoral, "da inicio a un proceso de debate jurídico sobre su ajuste a derecho", expresó un comunicado del Partido Independiente. Uno de los argumentos del recurso afirma que las leyes impugnadas otorgan carácter electivo a las Juntas Locales pero no les confieren facultades ni competencias propias, ya que son dependientes de los Gobiernos Departamentales.
Si la Suprema Corte falla en el sentido de la inconstitucionalidad "se crea un grave problema institucional al existir autoridades electas en forma constitucionalmente inválida, cuyas resoluciones pueden ser recurridas por los ciudadanos y declaradas nulas por inconstitucionales".
ACUERDOS EN EL PROYECTO DE LEY DE EMERGENCIA CARCELARIA: El proyecto de ley de Emergencia Carcelaria, acordado por unanimidad en la Comisión de Emergencia Carcelaria del Parlamento, habilita al gobierno a utilizar instalaciones militares para alojar presos de escasa peligrosidad con carácter "extraordinario" y hasta el 31 de diciembre del año 2012. En caso de que el Ministerio del Interior cuente con suficientes centros penitenciarios para ubicar presos, deberá suspender la utilización de los cuarteles. La guardia interna de esas instalaciones militares la brindará la Policía y la externa será responsabilidad del Ministerio de Defensa. Mujica planteó que había que revisar el ordenamiento jurídico para permitir el traspaso de 1.600 a 2.000 soldados al Ministerio del Interior para realizar la custodia interna y externa de las cárceles.
Las construcciones, reciclajes y ampliaciones de las cárceles deberán hacerse mediante licitaciones y no en forma directa como inicialmente pretendía el oficialismo. El proyecto de ley habilita al Poder Ejecutivo a disponer de ampliaciones presupuestales, incluidas transposiciones de rubros, que se harán con cargo de Rentas Generales.
El proyecto autoriza al Ministerio del Interior a crear nuevos cargos en Penales y transformar vacantes existentes y asignarlas a la Dirección Nacional de Cárceles. El gobierno estima que deberá contratar a 1.500 nuevos guardia cárceles.
CASINOS MUNICIPALES: El ex director de casinos de la IMM, Juan Carlos Bengoa, volvió a insistir que el responsable de las licitaciones para adquirir slots para las salas de juego era el ex intendente Mariano Arana. Bengoa fue sometido a un careo con su ex asesor Orestes González y el ex jerarca administrativo de los casinos municipales Luis Casanova, a raíz de una serie de contradicciones en relación a la integración de la Comisión Asesora de Compras de la repartición comunal. Allí Bengoa explicó que era esa comisión la que manejaba todos los elementos respecto a los procesos licitatorios, "pero quien en última instancia adjudica a partir de dichos asesoramientos es el intendente Mariano Arana".
El próximo 15 de junio, la jueza Canessa y el fiscal Pérez realizarán un careo entre Bengoa, el ex intendente Arana y la ex secretaria general de la comuna, María Julia Muñoz.
CASO HOSPITAL MACIEL. HASTA EL MOMENTO DOS PROCESADOS: La Juez Graciela Gatti procesó con prisión al titular de la Sociedad Clanider S.A., Gabriel Leindekar, y a la ex administradora del Hospital Maciel, Lucía Zagía, por el delito de "fraude" a raíz de la sobrefacturación de horas de la empresa al hospital para ser viable. La resolución de la Juez no se pronuncia respecto al director del Hospital Maciel, Daniel Parada, ni en relación al ex subdirector Óscar Gianneo, ya que la Fiscalía no encontró elementos para responsabilizar penalmente a ninguno de ellos. Sin embargo, el fallo indica que la indagatoria continuará "respecto de la eventual responsabilidad penal" de la coordinadora de Clanider S.A., Alejandra De Mello. La fiscal pretende esclarecer los motivos por los cuales, según las planillas de la empresa, De Mello cobraba por 32 horas de trabajo diarias.
En el auto de procesamiento la Juez afirma que desde 2006, Clanider S.A., a través de Leindekar, se presentó a dos licitaciones para ocuparse de la limpieza del Hospital Maciel y "ofertó un precio que no era rentable". Por eso, "por fuera, al margen del contrato y evidentemente con la connivencia" de Zagía, que era la responsable de controlar la facturación, "logró un mecanismo por el cual se disimularon costos a cargo de la empresa como horas de limpieza, lográndose así trasladar los mismos al hospital cuando ello, claramente, no correspondía". Para Gatti, si Clanider S.A. "se equivocó en los cálculos, los estimó mal o cualquiera fue el motivo de la inviabilidad económica del proyecto, suyo es el problema, pero no podía como lo hizo, disimular esos costos como rubros sí previstos en el pliego como de cargo del hospital, para que este se los pagara". Así, la empresa facturó como horas de limpieza costos del programa socioeducativo de sus empleados que, según la licitación, debían correr por su cuenta. Eso motivó la firma de un convenio el 2 de abril de 2009, mediante el cual Clanider S.A. se comprometió a devolver al Hospital Maciel $ 3.131.489 en 21 cuotas. El día antes de que se firmara el convenio, Zagía resolvió que se le entregaran bolsas de basura a la empresa, lo que representó un gasto de $ 458.935 para el Hospital Maciel, el cual no estaba previsto en el contrato. Para la jueza, eso no obedece a una "mera casualidad" sino a una compensación.
Según la Juez, Zagía "no solo no controló (las horas facturadas por la empresa) sino que evidentemente con pleno conocimiento habilitó el engaño al hospital, permitiendo que se facturaran como horas de limpieza, costos que no correspondían". La ex administradora del Hospital Maciel "conocía esta situación. Surge en todo momento de las declaraciones de Leindekar que esto fue aceptado por el hospital y si Zagía era la que aprobaba las facturas, evidentemente era aprobado por ella, habiendo negado que Parada tuviera responsabilidad a este respecto, al punto que señaló que éste firmaba `de ojos cerrados`", razona la jueza. "Por ello, al proceder de esa manera, actuando coordinadamente (Leindekar y Zagía) dañaron a la administración, en beneficio de Clanider S.A.".
CASO GUARDERIA DE NIÑOS: La semana que pasó tuvo como uno de los casos mas sonados el de un video filmado en un jardín de infantes donde se veía a la encargada de la misma "forcejeando" con un niño de 16 meses. El caso estuvo en manos del Juez penal Daniel Tapié, quién dispuso el procesamiento con prisión de la responsable del jardín de infantes, imputándole el delito de "violencia privada", previsto en el artículo 288 del Código Penal, y que tiene una pena mínima de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. El juez consideró la "alarma pública" generada por el episodio, y por ello decretó la prisión preventiva de la dueña del jardín de infantes.
La maestra que filmó las presuntas agresiones en "La Casa de Beatriz", identificada como Natalia, había sido despedida por ineptitud. Por su parte el abogado de la dueña del jardín, Juan Antonio Rodríguez, aseguró que hay una grabación telefónica en la que se escucha al marido de la denunciante decir: "vieja de mierda, te vamos a sacar 10.000 dólares". Mencionó que su defendida no presentó una denuncia pero que el dato consta en el expediente. La defensa maneja que la denunciante filmó el episodio a sabiendas que era uno de sus últimos días de trabajo en el lugar.
COLECTOR DE PUNTA CARRETAS: El juez letrado en lo civil José Lobelcho intimó a la Intendencia de Montevideo (IMM) y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), a entregar información sobre el estado del colector de Punta Carretas, atendiendo así un reclamo planteado por el fiscal Enrique Viana. La IMM y el MVOTMA deberán informar a la Sede en el plazo de 10 días "si han comenzado las obras de reparación del emisario colector subacuático de Punta Carretas". Según Viana la IMM y el MVOTMA admitieron que el colector se encuentra seriamente dañado a unos 1.500 metros de la costa.
La Intendencia no ha reparado el colector, ni tiene previsto hacerlo por el momento porque eso demandaría una inversión de varias decenas de millones de dólares.
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