Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas de la Semana Que Paso: “DE ESTO TAMBIÉN SE HABLA”

 

DEMANDAN AL ESTADO POR EXPROPIACION DE UNA ESTANCIA REQUISADA POR NARCOTRAFICO:
Los ex propietarios de una estancia de Salto que fuera requisada en agosto de 2007 por narcotráfico, reclaman cerca de US$ 3 millones al Estado, por la expropiación a favor del Instituto de Colonización que ahora tiene su custodia, autorizada por el MGAP. En la operación se requisaron cerca de 500 kilos de droga pura que tenía como destino Europa, más precisamente Holanda. Los narcos habían adquirido la estancia a fines del 2006, mediante una Sociedad Anónima la cual pago por dicho campo US$ 2 millones, restando abonar un millón de dólares por el campo que tiene 2.500 hectáreas. A fines de agosto del 2007, la Junta Nacional de Drogas (JND) solicitó al juez penal de Salto, Francisco Massitta que le entregue la custodia de la estancia al Instituto de Colonización para su cuidado. El magistrado recordó que falta integrar una parte del precio a los sucesores de los vendedores, estando pendiente de resolución aún el tema en sede civil.

En efecto, los vendedores de la estancia iniciaron en 2007 un juicio contra la S.A. adquirente por incumplimiento de contrato, reclamando una suma que supera los U$S 1,5 millones. La justicia falló a favor de los vendedores no habiendo apelado el fallo la S.A. compradora. En ocasión de solicitar la ejecución del bien (en vía de apremio) y actualmente el trámite corre paralelamente a la solicitud de expropiación realizada por el Instituto Nacional de Colonización.

En el ámbito penal aún no se ha dictado sentencia y el expediente se encuentra paralizado dado que los abogados defensores de los narcotraficantes presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, argumentando que fueron remitidos por una figura legal que no correspondía (tráfico de drogas). La Suprema Corte todavía no se expidió sobre el tema.

 

Archivan denuncia contra Gonzalo Fernández:
El fiscal especializado en crimen organizado, Ricardo Perciballe, pidió ayer al juez Jorge Díaz el archivo de la denuncia contra el canciller Gonzalo Fernández, quién como catedrático de Derecho Penal, elaboró un informe jurídico favorable al contratista Francisco Casal, en su litigio con la DGI. El organismo recaudador demandó a Casal por "defraudación tributaria" y el caso fue archivado el mes pasado por el juez penal Carlos García. La denuncia había sido presentada en febrero por el abogado Gustavo Salle, quien pidió que se investigara a Fernández por el delito de "conjunción del interés público con el privado" y "manejo de información privilegiada".

Sin embargo, el fiscal Perciballe consideró que el cargo de canciller no tiene incompatibilidad con el ejercicio liberal de su derecho a ejercer como abogado. En la consulta, Fernández sostuvo que Casal no solamente no evadió el pago de impuestos, sino que tampoco ocultó información contable de sus empresas, tal como sostuvo la DGI en la denuncia penal contra el empresario.

 

BRASIL AUTORIZO EXTRADITAR A MANUEL CORDERO A ARGENTINA: El Tribunal Supremo de Brasil hizo lugar a la extradición del Coronel (r) Manuel Cordero a Argentina, donde será juzgado por su participación en delitos de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor durante la década del 70. Cordero será investigado por la Justicia argentina por al menos diez casos de desapariciones durante la dictadura en el año 1976, así como también por el secuestro y usurpación de la identidad de Simón Riquelo, hijo de la militante del Partido por la Victoria del Pueblo Sara Méndez.

Nuestro país también había solicitado la extradición de Cordero, pero el Tribunal Supremo de Brasil consideró que correspondía hacer lugar al pedido formulado por Argentina ya que cursó primero la solicitud, y también porque los crímenes investigados ocurrieron en ese país.

 

RECURSO DE CASACIÓN POR SISTEMA CARCELARIO:
Ante el recurso de casación presentado por los Dres. Salle y Chimuris, la Suprema Corte deberá resolver si hará lugar al recurso de amparo solicitando se condena al Ministerio del Interior para que implemente medidas tendientes a terminar con el hacinamiento carcelario, a separar a los condenados de los procesados y cerrar los polémicos módulos metálicos del Penal de Libertad conocidos como "las latas". Como publicáramos en anteriores publicaciones del Resumen de Noticias, el recurso de casación había sido acogido en primera instancia por la jueza de lo Contencioso Administrativo Cristina Cabrera, y posteriormente desestimado por el Tribunal de Apelaciones Civil de 3er Turno.

En su escrito interponiendo el recurso los abogadas se agravian del fallo dictado por el TAC en cuanto abdica de toda jurisdicción respecto de la violación a gran escala o masiva de los derechos humanos de quienes están o vayan a estar privados de su libertad en las cárceles de nuestro país. Afirman que con la sentencia del Tribunal se niega a las personas privadas de libertad de sus derechos fundamentales, privándolos en definitiva de Justicia.

 

Desestiman demanda de militares CESADOS DURANTE LA DICTADURA: El Juez de lo Contencioso Administrativo, Dr. Pablo Eguren, desestimó una demanda presentada por un grupo de militares que reclamaron contra el Estado que fueron dados de baja o cesados durante la dictadura. La demanda se fundamentaba en una incorrecta aplicación de la ley aprobada en 2006 por la cual el gobierno reparó sus carreras otorgándoles los beneficios jubilatorios que les hubieran correspondido por sus ascensos, pero sin tener en cuenta la reconstrucción ficta de su carrera a partir de una etapa anterior a la de su pasaje a retiro. Alegaron los demandantes recibir un trato diferencial que los perjudico en relación a otros militares que no se acogieron a una reparación parcial impulsada en 1991. A raíz de ello, pidieron que se condenara al Ministerio de Defensa a resarcirlos con la diferencia que surja de esa situación en una sola cuota, que debería sumarse a la indemnización que podría ser abonada en cuotas.

El Juez Eguren desestimó la demanda, al considerar que "desde ningún punto de vista" se vio alterado el principio de igualdad consagrado en la Constitución, indicando que la reconstrucción del grado a la que aspiran los actores no es una reconstrucción real sino ficta, creada por la ley a los solos efectos de establecer una prestación de pasividad más justa, por efecto de habérseles impedido la legítima expectativa al ascenso, cumplidos los requisitos legales en régimen de normalidad.

 

LEY ANTILAVADO DE ACTIVOS Y COMBATE AL TERRORISMO: El Fiscal de Corte, Rafael Ubiría, advirtió que los nuevos procedimientos vigentes en relación a las medidas cautelares que se pueden adoptar sobre los bienes incautados a organizaciones delictivas, presentan contradicciones normativas evidentes. Hizo referencia a las modificaciones incluidas en cuanto a los procedimientos de incautación de bienes de grupos delictivos. Lo que llama la atención es la posibilidad de disponer estas medidas en la etapa presumarial de la investigación, cuando no existe ningún inculpado ni elementos de convicción suficientes sobre la responsabilidad de los sujetos investigados, pese a ser el criterio que se está aplicando a nivel internacional.

Doctrina y Jurisprudencia nacionales son constantes en cuanto a que para la adopción de medidas cautelares sobre bienes debe existir un auto de procesamiento. Por ello muchos actores judiciales pueden considerar, eventualmente, que la posibilidad de confiscar bienes antes de disponer los procesamientos de los indagados puede implicar una "violación" del principio de inocencia previsto en la Constitución y en el CPP.

Referido al lavado de activos el titular de la Secretaría Antilavado de Activos, Ricardo Gil, en un evento sobre la nueva ley organizado por el Estudio Ferrere, señalo que en nuestro país se "lava" bastante dinero proveniente del narcotráfico. Justificó por ello la inclusión de nuevos sectores obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado (entre ellos explotadores de zonas francas y personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y venta de piedras y metales preciosos, además de escribanos, rematadores y otros intermediarios del sector inmobiliario).

En el mismo evento, el abogado del Estudio Ferrere, Gabriel Adriasola, señaló que hay nuevas tipologías para lavar dinero. Uno de los ejemplos que mencionó fue el de empresas que en México adquirieron camiones de carga. Recorren grandes distancias vacíos y facturan a otra sociedad por transporte de mercancía inexistente. De esa manera, se lavaron US$ 200 millones.

 

CASO SOBREFACTURACION HOSPITAL MACIEL: La Dra. Graciela Gatti, titular del Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 1° turno, aguarda que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) le envíe la documentación relativa al proceso licitatorio y la presunta sobrefacturación de la empresa Clanider SA. Ante la información publicada en los medios de prensa, la jueza inició una investigación de oficio el viernes pasado, en el marco de la cual resolvió, como primera medida de la instrucción, intimar a ASSE a que le remitiera toda la información sobre el caso. El organismo tiene plazo hasta mediados de la próxima semana para cumplir con la orden judicial y, en base a ello, la jueza Gatti y la fiscal Mónica Ferrero resolverán cómo prosiguen la indagatoria.

 

LICITACION CASINO CARRASCO. TREIBUNAL DE CUENTAS OBSERVARA LICITACION: Se prevé que en el correr de ésta semana el Tribunal de Cuentas observe la licitación del Hotel Casino Carrasco, luego de las observaciones que formularan los servicios de auditoría y jurídicos del Tribunal. El dictamen de los asesores del Tribunal señala que en la adjudicación al Grupo Codere se incumplieron leyes y los propios pliegos del llamado licitatorio. Se señala que incumplió con el artículo 1° del pliego de condiciones, al presentar una oferta condicionada sobre la gestión del hotel a si ganaba la licitación. Se observo asimismo que el balance presentado por el adjudicatario durante la licitación "no brinda el nivel de confiabilidad necesario" sobre la razonabilidad de la situación patrimonial de la sociedad, siendo ésta de reciente constitución; que el capital social de la sociedad no acredita suficiente solvencia financiera como lo establecen las normas del TOCAF; que no acreditaron sus capacidades para la gestión del hotel o del casino, recurriendo a la actuación de terceras personas (sin su expresa declaración de responsabilidad) violando así el artículo 4 del Pliego de Condiciones de la concesión.

En el caso de Grupo Codere se observó que a la apertura de las ofertas, su objeto social no incluía la gestión de un casino; no acreditó sus fuentes de financiamiento durante el llamado a licitación, incumpliendo con el artículo 16 del pliego y la interpretación de la comuna que exigían que dicha información estuviera disponible al momento de la apertura de ofertas.

Se observa asimismo que la Intendencia modifico las bases de la contratación en forma posterior a la apertura del llamado, al expresar que a la presentación de las ofertas correspondía "mencionar" y no "acreditar" la disponibilidad de las fuentes de financiamiento de las oferentes. Este extremo sería controlado como condición de la licitación, según el pliego de condiciones. De esta forma la IMM actuó "contraviniendo los principios de igualad y concurrencia" de las empresas oferentes. La adjudicataria presentó una oferta condicionada en cuanto a que la gestión del hotel quedará a cargo de una tercera persona ajena al proponente, con quien no asumió un compromiso directo y cuya concreción se posterga hacia el futuro, dependiendo de las condiciones en que se negocien en su oportunidad. De esta forma el Grupo Codere incumplió el artículo 1° del pliego, por lo que su oferta debió ser rechazada por la IMM.

Pese a todas las observaciones formuladas por la asesoría del Tribunal de Cuentas trascendió que la Intendencia continuará con la licitación del Hotel. En caso de que se adjudique al Grupo Codere, éste tendrá cuatro meses para presentar el proyecto definitivo.

 

AMPLIAN MEDIDAS DE PROTECCION PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIONES EN NARCOTRAFICO:
Representantes de la JND, Ministerio del Interior, de Vivienda, el BHU y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) firmaron la semana pasada un convenio mediante el cual se facilitará el acceso a 30 viviendas en condiciones reglamentarias especiales para policías, testigos, jueces y peritos involucrados en tareas de lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. El acuerdo permitirá que estas personas accedan a facilidades crediticias y beneficios hipotecarios, teniendo preferencia el personal más expuesto. Las medidas se adoptan para ayudar a las personas involucradas en éstas tareas dado que la experiencia a nivel mundial ha demostrado que es una situación de alto riesgo.

 

CASO BLANCA FILIPPINI: Esta semana trascendió que conforme a las investigaciones llevadas a cabo por ASSE, no existiría mala praxis médica por parte de los médicos salteños que la atendieron en primera instancia, sino que lo que determino el cuadro de infección generalizada fue la desnutrición que presentaba la niña así como la demora en llevarla a realizar la consulta médica. Para la realización del informe se solicitó el concurso de un especialista independiente designado por la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), así como de un médico legista tampoco vinculado a Salud Pública a los efectos de dar las necesarias garantías de independencia en la investigación para todos los involucrados.

La presunta existencia de mala praxis médica fue lo que determino a los padres de la niña a la presentación de la denuncia penal. El caso, a cargo del Dr. Francisco Massitta, continúa todavía su curso en una etapa de presumario, solicitándose informes al Hospital Regional sobre las personas que estaban en las guardias cuando ocurrieron los hechos para tratar de reunir la mayor cantidad de datos posibles sobre la situación que se generó. Mientras tanto, la pequeña continúa su recuperación en su casa natal en Salto, junto a sus padres.

 

INGRESOS DE FUNCIONARIOS A INTENDENCIAS:
La semana pasada se voto un aditivo al proyecto de Rendición de Cuentas, por el cual se establece la obligatoriedad del ingreso de funcionarios a las intendencias mediante el mecanismo de concurso de oposición y méritos o de méritos y prueba de aptitud. En el caso del personal de oficios o servicios auxiliares (peones), el ingreso podrá realizarse mediante sorteo. Solo quedan afuera de esta reglamentación los cargos de confianza y los contratos puntuales de asesorías.

Esta modificación al proyecto de Rendición de Cuentas causó molestia a diversos intendentes, algunos de los cuales consultaron a sus asesores y tienen pensado plantear la inconstitucionalidad del mismo por afectar la autonomía departamental en caso de que sea aprobado.

 

PROYECTO DE LEY SOBRE PUBLICIDAD ELECTORAL: El Senado aprobó un proyecto de ley que establece un mecanismo de acceso de los partidos políticos a espacios de publicidad electoral en televisión (abierta y para abonados) con vigencia a partir de las elecciones de 2014 y 2015. Por el proyecto aprobado, se declara de interés nacional la regulación de la publicidad electoral en la televisión y se prohíbe la contratación adicional de espacios publicitarios fuera de los regulados. Se aplicará a elecciones internas, nacionales y departamentales, debiendo emitirse un tercio de la publicidad gratuita en el horario que va entre las 18 y las 0 horas.

Los espacios gratuitos para cada partido políticos se calculará realizando un promedio del porcentaje de los votos obtenidos en la elección anterior, nacional o departamental, según correspondiere, y el porcentaje de votos obtenidos en la elección interna de ese período electoral.

 

PROYECTO DE LEY RELATIVO A TRANSPORTE DE ESCOLARES:
El Proyecto, que consta de un artículo único, plantea la exoneración de gravámenes (IMESI) a la importación de vehículos destinados al transporte escolar, las cuales deberán ser más grandes que las actuales (20 plazas) y cumplir con la normativa de Seguridad Vial (cinturones de seguridad de tres puntas). Se busca con ésta iniciativa reducir los costos de adquisición para la renovación de flotas.

Si bien la gran mayoría de las 380 camionetas escolares que circulan en Montevideo, cumplen con la reglamentación municipal, la incorporación del cinturón de tres puntas que exige la Ley de Tránsito implicará la incorporación de nuevos vehículos con el espacio necesario para colocarle el elemento de seguridad.

 

PROYECTO DE LEY PARA CREAR AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO: El Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley por el cual se crea la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) pasando la actual Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) al área de infraestructura, procurando la eficiencia de recursos. El nuevo organismo tendrá tres directores, cuyo mandato será de cinco años. La ANDE tendrá como cometido articular la oferta de servicios públicos en materia de promoción del desarrollo económico, actuando en el diseño, implementación y ejecución de programas de apoyo a las empresas así como asesorar al Ejecutivo en programas e instrumentos orientados al desarrollo Económico, promover, articular y coordinar las acciones de actores públicos y privados, administrar fondos por cuenta de terceros, constituir fondos de inversión y fideicomisos.

El patrimonio de ANDE estará constituido por la diferencia entre los activos y pasivos que le sean transferidos por otros organismos. A su vez, la CND transferirá a la agencia como mínimo 40% de su patrimonio al 31 de diciembre del año pasado. En caso de aprobarse el proyecto, se prevé que los actuales funcionarios de la CND serán absorbidos por la ANDE.

El proyecto de ley modifica los actuales cometidos de la CND que pasaría a actuar como "concesionario de proyectos de infraestructura pública", podrá "ejercer como administrador y/o fiduciario de proyectos vinculados al desarrollo y mantenimiento de infraestructura", y podrá "constituir sociedades comerciales con entes autónomos".

 

PROYECTO DE LEY SOBRE ADOPCIONES: El proyecto de ley de adopciones, que acelera los plazos y centraliza el trámite en el INAU (prohibiendo que otras organizaciones realicen adopciones) prevé que las parejas homosexuales que estén en concubinato puedan adoptar. El Diputado Álvaro Alonso del Partido Nacional expresó su rechazo a ésta última previsión alegando que la homosexualidad es una elección de pareja que implica a priori la imposibilidad de procrear, razón por la cual esa situación debe tener consecuencias también al momento de adoptar, de tener hijos, más allá de que no sean naturales.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Jorge Orrico (del FA) quien expresó que por argumentos filosóficos similares a los de Lorenzo rechaza la adopción de parte de parejas homosexuales, señalando que la naturaleza permite que dos personas del mismo sexo tengan el aplexo sexual y lo disfruten, pero no permite que tengan hijos.

El Presidente de la Comisión, Javier Salsamendi (del FA), junto a otros legisladores rechazó los fundamentos de Lorenzo y Orrico

La iniciativa se votó el miércoles pasado en comisión y probablemente ésta semana sea sancionada en Diputados. Luego debe volver al Senado, por algunos cambios realizados al texto.

Como ya fuera publicado en ediciones anteriores de El Jurista, el proyecto establece que la selección de adoptantes corresponde al INAU, pudiendo apartarse de la misma por motivos especialmente fundados, quedando facultado el INAU para apelar la sentencia que no contemple la sugerencia de su equipo técnico. Si se detectan problemas luego de designada la familia, el INAU debe advertirlo al juez.